Se dice que hay un ambiente de gobernabilidad corporativa cuando los accionistas, la alta gerencia y la junta directiva, mantienen un equilibrio de roles de manera independiente y satisfaciendo sus propias expectativas, en un circuito de conflicto positivo de intereses.
El accionista espera un incremento en el valor de su inversión, y un retorno continuo acorde con el nivel de riesgo del negocio; la alta gerencia espera una retribución acorde con los resultados de la operación y el mantenimiento del valor de la inversión (del accionista); y la junta directiva espera no recibir presiones de parte de los otros dos, y actuar como bisagra entre ambos, manteniendo el balance entre el rumbo estratégico y los estatutos.
Cuando uno de estos tres roles invade el ámbito de los otros, se rompe el equilibrio, y se pierde la gobernabilidad, afectándose negativamente el resultado del negocio.
Quiero completar el cuadro de la gobernabilidad corporativa incorporando a otras partes interesadas (stakeholders) tales como banqueros, ONG, clientes, proveedores, organizaciones políticas, sociedad civil, medios de comunicación, medio académico, organizaciones de mercado, gobierno en sus diferentes roles (impuestos, regulaciones y supervisión, distintos al de accionista), sindicatos y consideración especial al papel de los auditores externos.
Cuando se trata de empresas poseídas por el Estado, el equilibrio entre los tres roles principales se altera por la excesiva intervención de factores diferentes al negocio. El gobierno ejerce a nombre del Estado el manejo del rol de accionista, y nombra a la junta directiva, perdiéndose la posibilidad de la diversidad, tanto a nivel del accionista, como de la conformación de la junta; luego en el caso de la alta gerencia, también nombra al presidente y a los altos directivos.
Claro que hay que mencionar que son pocas las empresas del Estado que realmente quiebran, pues por sus características de financiamiento, pueden convertirse en eternas sobrevivientes, arrastrando pérdidas e ineficiencias capaces de quebrar a cualquier otra empresa con recursos finitos de financiamiento.
Quiero enfatizar el efecto protectivo que tiene la diferenciación de roles en la salud corporativa a largo plazo, la cual también se evidencia en las empresas del Estado exitosas, que no son otras que aquellas en las cuales la alta gerencia tiene un alto nivel de independencia y competencia técnica y de negocios, y una estrategia de carrera que sirve de línea de defensa frente a la junta y al accionista.
Las tendencias en materia de democracia le asignan cada vez más participación a la gente en las materias de gobierno, especialmente en aquellas que impactan directamente a una comunidad en particular o a la sociedad como un todo.
El resultado económico financiero de las empresas del Estado repercute en la economía y en el bienestar general, y se refleja en el presupuesto nacional, ya sea por el lado de la tributación, si dan ganancias, o de la reposición del déficit si dan pérdidas.
Estamos acostumbrados a escuchar que todos los ciudadanos somos los dueños de las empresas del Estado; sentimos que es así y nos gustaría opinar directamente sobre su manejo.
La relación entre el ciudadano y el capital accionario de las empresas del Estado es aún un tema que requiere desarrollo. Debe buscarse una solución de forma tal que el capital se atomice y habilite a las asambleas de accionistas a contar con la variedad de criterios que tienen las corporaciones de capital abierto. No se puede jugar a ser accionista: se es o no se es.
Debe trabajarse sobre el marco regulatorio de las empresas del Estado, tanto para incorporar los elementos de participación que fortalezcan la gobernabilidad corporativa, como para darles un estatus jurídico especial que les permita agilidad operativa y gerencial, orientada a la competitividad.
La atomización del capital entre la población de un país es un objetivo que ayudaría a darle al accionista el rol de diversidad que debe caracterizarlo. Tal vez colocando a través del mercado de valores, un porcentaje de las acciones en la comunidad a la que sirve directamente a nivel municipal, colocando otro porcentaje en la comunidad nacional, una parte a los trabajadores y, teniendo en cuenta las limitaciones de las sanciones, abriendo al mercado internacional el resto.
En los países latinoamericanos en los cuales las corporaciones más grandes están en manos del Estado, hay que generar un capítulo especial para contar con juntas directivas independientes, una gerencia técnica de negocios, rol del gobierno en la generación de políticas públicas sectoriales y de responsabilidad social, una alta participación de la comunidad, y auditores externos sin conflictos de intereses; con una estrategia de focalización en los diferentes grupos de stakeholders asociados a cada empresa o corporación.
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Lo que no fue noticia (y debería serlo)
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- Ni que más allá de que sean o no “enchufados”, en nuestra distorsionada sociedad, sus gastos e inversiones se han convertido en un motor de actividad. Que si bien aún no mueve el amperímetro del PIB, sí absorbe algo de la gran pobreza que tenemos.
- Tampoco que tenemos que calibrar las verdaderas necesidades de financiamiento de la economía. Porque una inyección muy fuerte de recursos podría romper con los precarios equilibrios inestables que tenemos. Hay que cuidar los pequeños logros económicos, porque son la base de cualquier oportunidad de crecimiento futuro.
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