Cada vez más el gobierno debe administrar menos cosas que corresponden al sector privado. Y creo que la palabra clave es administrar, pues para aumentar la eficacia en la operación de los bienes y servicios, solo hace falta un doliente del bolsillo interesado en ganar dinero haciéndolo de la mejor manera posible; y para eso no necesita solamente hacer la inversión de capital, pues la experiencia demostrable debe ser en la operación y no en el manejo del capital.
Tanto los bancos de inversión en la primera etapa de ensamblado del negocio, como los entes reguladores, en la etapa de operación, deben asegurarse de la viabilidad de la recuperación de la inversión, pues de otra manera ni la colocación será exitosa, ni la operación efectiva. El análisis de la cartera de empresas susceptibles de pasar al sector privado debe ser exhaustivo para no crear falsas expectativas sobre la valoración de los activos, y por consiguiente fijar el precio posible; el cual no me cabe duda que en algunos casos deberá ser tan bajo que el solo hecho de que algún operador internacional lo tome ya sería un buen negocio.
No hay que olvidar que si se castigara al precio esperado con las pérdidas acumuladas (y no siempre registradas), posiblemente el resultante sería muy diferente a lo planteado. Cuando la tecnología es vieja o cuando la estructura es inviable, lo más práctico es liquidar y cerrar. Al menos se suprimen las pérdidas, y ese dinero (el de la pérdida) se puede destinar o bien a incentivar nuevas inversiones privadas que reabsorban los empleos perdidos, o a fondear seguros de desempleo focalizados.
Algunas de las oportunidades importantes están en las empresas eléctricas, el concesionamiento y construcción de carreteras y aeropuertos, así como los servicios públicos y canales de televisión en manos del Estado; además de todas las oportunidades de entregar a la operación privada actividades de recaudación, correos, aduanas y otros similares a nivel nacional, estadal y municipal.
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