El gobierno es 100% digitalizable ya que solo es información y servicios, y están en la potestad de incrementar dramáticamente su capacidad de respuesta, así como el número de transacciones procesadas con aumentos en la calidad y rebaja sustancial en los costos para operar, los cuales, a la larga, deberían reflejarse en reducciones de impuestos.
No se trata solamente de tener una página web para cada entidad de gobierno -que es un buen principio-, sino de incorporar Internet a la prestación de servicios para facilitar trámites, crear plataformas, mejorar los existentes y, sobre todo, reemplazar las colas por “clicks”. Y si la economía digital está cambiando los patrones de comportamiento en los negocios, sin duda, lo hará también para el gobierno… o al menos, debería.
Hay que producir un cambio en la visión y en el modelo de negocios; establecer y compartir un sentido de dirección que le permita a las distintas áreas del gobierno, central y descentralizado, y a los privados interesados, conocer el rumbo tecnológico del gobierno.
No hay que olvidar que las palabras que vienen a la mente de cualquier ciudadano cuando hay que hacer un trámite en una oficina pública son frustración e irritación. Son años de colas trámites, re visitas, tiempo perdido, falta de información y en general años de burocracia. Y todo eso puede cambiar de un momento a otro, gracias a la tecnología y a la posibilidad de que mentes avanzadas la identifiquen como una posibilidad en la Administración Pública.
Para el año 2022, en Venezuela, según un informe de acceso público de Tendencias Digitales se estimaba que 19.890.458 ciudadanos estaban usando la red, con una distribución socioeconómica por clases ABC 16%, D 48%, E 36%, que muestra que la mayoría de los internautas pertenecen a los estratos D y E; con un 50% de hombres y 50% mujeres, y 70% entre los 18 y 50 años de edad. Un cuarto de los venezolanos conectados a internet se encuentra en la región capital, y 53% entre Capital Zulia y zona central.
Los móviles se posicionan como los principales dispositivos de conexión, y, en general, los dispositivos que permiten conexión móvil (laptops y teléfonos móviles) representan más del 70% de los dispositivos usados. Y, también el mismo estudio, coloca a los trámites con el gobierno en el décimo lugar del top 10 de utilización, detrás de buscar información, enviar y recibir correos, realizar trámites bancarios, visitar redes sociales, leer noticias, descargar archivos y aplicaciones, ver videos o chatear, y buscar trabajo.
Claro que hay que aceptar que habrá al menos dos niveles: los que puedan transar con el gobierno desde sus casas o trabajos (las cifras mencionadas) y los que lo harán en forma presencial (todo el resto).
Gobierno electrónico o digital y ciudadano electrónico o digital. La relación entre ambos se dará cuando el Estado entre en ese ambiente y el ciudadano promedio (no la minoría), aumente los niveles de alfabetización digital.
A corto plazo pareciera que las inversiones tecnológicas solo beneficiarán a una minoría, sin embargo, servirán de piloto para llevar al gobierno a un nivel de servicio óptimo. Creando oportunidades de educación especializada y mejoras en el área laboral, mientras se prepara el camino para la masificación.
El ciudadano se está volviendo cada vez más exigente y se crea expectativas sobre lo que supuestamente debería hacer el Estado; y al no satisfacerlo, llega la frustración; cada vez es más difícil satisfacer las expectativas a la velocidad que estas se generan.
Si bien el proyecto debe encararse por pequeñas partes y ser manejadas con cierta responsabilidad, el modelo central de referencia debe servir para asegurar la conectividad, la integridad de información y la creación de indicadores y métricas que mantengan la alineación con la política de Estado; ya que hay entre 80 a 90 por ciento de datos que se encuentran superpuestos entre las agencias y oficinas del gobierno, comenzando por la identificación de los individuos y de las organizaciones.
Además, el Estado actúa como una caja negra llena de misterios e intriga, que los venezolanos no saben cómo y cuándo se tomarán las decisiones. Por lo tanto, hay que interconectar las diferentes áreas del gobierno bajo un modelo de negocios -conceptual- único.
El e-government, visto desde la perspectiva de la empresa privada proveedora de servicios digitales, promete ser un negocio más grande que el mismo comercio electrónico. No nos olvidemos que, al ser el gobierno 100% información y existir grandes carencias, hay grandes oportunidades para automatizar, digitalizar e interconectar estos datos, y esta es una actividad que para ser exitosa debe estar en manos privadas, pues el gobierno se ha caracterizado por responder más lento que el resto del mercado a las tendencias tecnológicas; y tomar riesgos más bajos por lo que siempre estará atrasado en la curva de obsolescencia tecnológica. Por eso, lo hace un negocio atractivo y con mucho potencial a través del tiempo.
Los ritmos de madurez y obsolescencia han cambiado, afectando los patrones de tiempo convencionales. La administración pública no debe esperar a que la tecnología esté madura, pues nunca permitirá que alcance su etapa adulta, ya que aparecerá otra nueva a relevarla. El proyecto de rediseñar el gobierno pasa por el desarrollo de un modelo de negocio del Estado, el cual será dinamizado por la tecnología. Sin embargo, no creo que deba invertirse tiempo en la reingeniería de procesos ni en la entrada a la Internet, porque, en este caso, los procesos estarán condicionados por su uso.
No confío en un proyecto de reestructuración de Estado que no tenga como línea de guía a la transformación digital (tecnología de información en general y al uso de Internet en particular). En el gobierno, la tecnología de información no es ni un apoyo, ni un habilitante, sino que ES el negocio.
Deben cambiar las reglas de juego y crear un marco jurídico acorde a las nuevas realidades, a partir de la legalización de la firma electrónica, hasta la formalización del tema de la privacidad y el uso entendido de la información suministrada.
Las reformas que requiere el Estado, impulsadas por la tecnología, tienen el carácter de ser conceptualmente radicales; independientemente de si se implantarán como Big Bang o en forma gradual.
Nuestro objetivo como país debe ser llegar, lo antes posible, con el gobierno totalmente en línea y digitalizado, y con una gran proporción de la población que actualmente no tiene acceso, con capacidades de utilizar sistemas. Para lograrlo hay que desarrollar un esfuerzo coordinado entre gobierno, sector privado y ONG’s nacionales e internacionales, con un objetivo común: evitar quedarnos fuera.
Una digresión. Institucionalizar el sistema de justicia
El sistema jurídico inglés toma como base la tradición y la costumbre del país, siendo un poder autónomo en su toma de decisiones y considerando la experiencia del pasado.
Para que el sistema judicial vuelva a ser confiable en su jurisprudencia, debe pasar por exámenes y pruebas rigurosas, a través de estándares internacionales que permitan un nuevo plan de gobierno. Sin embargo, se cuenta con dos elementos de vulnerabilidad: que los jueces que conforman el poder judicial no cuentan con los requisitos solicitados y que se mantienen en permanente provisionalidad, es decir, que se los puede sacar cuando el Ejecutivo quiere.
Cada juez que ingrese al ente público necesita cumplir con un perfil para el trabajo, el cual debe revisarse periódicamente para verificar si aún se mantiene. Con respecto al nombramiento de su cargo, se tiene que contar con un peso vitalicio y con autonomía en su elección, para evitar el chantaje político o profesional. No se quiere decir que se va a elegir a opositores, sino que tengan la garantía de que ningún gobierno los va a perseguir.
Otra forma de institucionalizar el poder judicial es crear un Consejo de Colegiatura, donde los jueces tengan que dar explicaciones por sus decisiones y que exista la posibilidad de sancionarlos si rompen con alguna ley del país, o si muestran falta de independencia.
También, las decisiones de los jueces pueden ser revisadas y enviadas a una cámara conformada por otros profesionales que no respondan a los esquemas políticos. Otro organismo que debe ser autónomo es la Fiscalía (porque es dependencia del poder ejecutivo y debe tener autonomía para poder llevar a cabo sus acciones).
Para la administración pública hay que contar con instituciones como la Sunai (Superintendencia Nacional de Auditoría Interna), como institución preventiva de instrumentación y apoyo a la Fiscalía.
Noticias destacadas
- Efecto Cocuyo: Maduro anunció “implícitamente” su candidatura y subió la apuesta en la negociación, opinan expertos (bueno… esta vez no la tiene tan fácil, porque internamente tiene más poder que apoyos).
- La Ceiba: “Maduro quiere que la candidata abandone la carrera y le facilite su propósito. El detalle es que ella es un hueso duro de roer. María Corina no le simplificará la tarea”.
- Gladys Gutiérrez entrega presidencia del TSJ a Caryslia Rodríguez. Quien, desde la juramentación del Poder Judicial por parte de la AN en 2022 hasta la actualidad, funge como presidenta de la Sala Electoral del máximo tribunal.
- La advertencia de Diosdado: «Imagínense que el CNE diga que las elecciones son en marzo…» (aunque el acuerdo era para el segundo semestre, bueno, todo es posible… “esto es lo que hay”).
- El Pitazo. Ministra de Educación: sexto año de bachillerato será validado como el primero de universidad (que horror… va a ser difícil contar con los profesionales universitarios que salgan de esa saga… si ya hoy es difícil, imagínense con un año menos…).
- El Economista. Milei se desata en el Foro de Davos: acusa a los gobiernos de empobrecer al mundo (bueno… el título es sesgado… mal para el titulador de El Economista).
- WSJ: La disminución de la población de China se acelera a medida que las mujeres resisten la presión para tener bebés (wow… eso pasa cuando los gobiernos se meten donde no deben…)
Lo que no fue noticia (y debería serlo)
- Que la confrontación en el Mar Rojo, en conjunto con la avanzada israelí sobre Gaza y El Líbano, para reducir a Hezbolá y Hamás, respectivamente, se constituyen en la simiente de una guerra que, para ser considerada tal requiere de la presencia formal de Irán, que hasta ahora juega desde atrás, haciendo daño, pero intentando ocultar las huellas.
- O que la opción que maneja el gobierno es: “para mantener la inflación y la tasa de cambio, con un ritmo bajo de deterioro, se le induce al país una contracción muy fuerte, con impacto negativo sobre la gran masa de trabajadores”. Hoy en día hasta los trabajadores también son pobres.
- Ni que la campaña electoral que dio por inaugurada el Presidente en su discurso en la AN, va a tener como foco (inicial, al menos) a la oposición interna de los chavistas que creen que él no debería ser el candidato. O sea que las agresiones a la oposición política deben leerse como un mensaje solapado a su propia gente. Bueno, el poder lo tiene él.
- Tampoco que las perspectivas de mejora para este año son limitadas, y se basan más que nada en la inercia del 2023. Si somos realistas, y ponemos los pies sobre la tierra, la primera conclusión es que hay que aplicar en cada empresa un refrescamiento de su estrategia de negocios, que incluya un plan de austeridad y optimización de gastos y costos, así como mejorar la logística y la cadena de suministros en la medida de lo que se pueda… Porque cada vez hay menos variables en manos de la empresa, y más que dependen de los servicios de infraestructura como electricidad, agua, combustible… y también el “costo” de desplazamiento. Y, del lado de la demanda, alinearse con las posibilidades de un mercado empobrecido que hoy toma decisiones por precio.
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