El gobierno es 100% digitalizable ya que solo es información y servicios, y están en la potestad de incrementar dramáticamente su capacidad de respuesta, así como el número de transacciones procesadas con aumentos en la calidad, y rebaja sustancial en los costos para operar, los cuales, a la larga, se reflejarán en reducciones de impuestos.
No se trata solamente de tener una página web para cada entidad de Gobierno -que es un buen principio-, sino de incorporar el Internet y la digitalización a la prestación de servicios para facilitar trámites, crear plataformas, mejorar los existentes y, sobre todo, reemplazar las colas por “clicks”. Y si la economía digital está cambiando los patrones de comportamiento en los negocios, sin duda, lo hará también para el gobierno.
Hay que producir un cambio en la visión y en el modelo de negocios; establecer y compartir un sentido de dirección que le permita a las distintas áreas del gobierno, central y descentralizado, y a los privados interesados, conocer el rumbo tecnológico del gobierno.
No hay que olvidar que las palabras y las sensaciones que vienen a la mente de cualquier ciudadano cuando hay que hacer un trámite en una oficina pública son frustración e irritación. Son años de colas trámites, revisitas, tiempo perdido, falta de información y en general años de burocracia. Y todo eso puede cambiar de un momento a otro, gracias a la tecnología y a la posibilidad de que mentes avanzadas la identifiquen como una posibilidad en la Administración Pública.
La penetración de Internet en Venezuela para 2023 se calcula en 61,6%, y solo crecerá si los actores involucrados –gobierno, sector privado, acompañado de la banca multilateral- logran expandir su alcance y extensión; no solo en términos de redes e infraestructura, sino también en la masificación de dispositivos de manejo de datos (teléfonos celulares) y en proyectos de transformación digital para hacer los servicios accesibles aun en países con niveles de pobreza altos y niveles de ingresos bajo, como es el nuestro.
Claro que hay que aceptar que habrá al menos dos niveles: los que puedan transar con el gobierno desde sus casas o trabajos (61,6% mencionado) y los que lo harán a través de los quioscos de desconcentración (todo el resto).
Gobierno electrónico o digital y ciudadano electrónico o digital. La relación entre ambos se dará cuando el Estado entre en ese ambiente y el ciudadano promedio (no la minoría), aumente los niveles de alfabetización digital.
A corto plazo pareciera que las inversiones tecnológicas solo beneficiarán a una minoría, sin embargo, servirán de piloto para llevar al Gobierno a un nivel de servicio óptimo. Creando oportunidades de educación especializada y mejoras en el área laboral, mientras se prepara el camino para la masificación.
El ciudadano se está volviendo cada vez más exigente y se crea expectativas sobre lo que supuestamente debería hacer el Estado; y al no satisfacerlo, llega la frustración; cada vez es más difícil satisfacer las expectativas a la velocidad que estas se generan.
Si bien el proyecto debe encararse por pequeñas partes y ser manejadas con cierta responsabilidad, el modelo central de referencia debe servir para asegurar la conectividad, la integridad de información y la creación de indicadores y métricas que mantengan la alineación con la política de Estado; ya que hay entre 80% y 90% de datos que se encuentran superpuestos entre las agencias y oficinas del Gobierno, comenzando por la identificación de los individuos y de las organizaciones.
Además, el Estado actúa como una caja negra llena de misterios e intriga, que los venezolanos no saben cómo y cuándo se tomarán las decisiones. Por lo tanto, hay que interconectar las diferentes áreas del Gobierno bajo un modelo de negocios -conceptual- único.
El e-government, visto desde la perspectiva de la empresa privada proveedora de servicios digitales, promete ser un negocio más grande que el mismo comercio electrónico. No nos olvidemos que, al ser el gobierno 100% información y existir grandes carencias, hay grandes oportunidades para automatizar, digitalizar e interconectar estos datos.
Y esta es una actividad que para ser exitosa debe estar en manos privadas, pues el gobierno se ha caracterizado por responder más lento que el resto del mercado a las tendencias tecnológicas, y tomar riesgos más bajos por lo que siempre estará atrasado en la curva de obsolescencia tecnológica. Por eso, lo hace un negocio atractivo y con mucho potencial a través del tiempo.
Los ritmos de madurez y obsolescencia han cambiado, afectando los patrones de tiempo convencionales. La administración pública no debe esperar a que la tecnología esté madura, pues nunca permitirá que alcance su etapa adulta, ya que aparecerá otra nueva a relevarla. El proyecto de rediseñar el Gobierno pasa por el desarrollo de un modelo de negocio del Estado, el cual será dinamizado por la tecnología.
No confío en un proyecto de reestructuración de Estado que no tenga como línea de guía a la tecnología de información en general y al uso de Internet en particular, pues ambos deben ir juntos. En el gobierno, la tecnología de información no es ni un apoyo, ni un habilitante, sino que “es el negocio”.
Deben cambiar las reglas de juego y crear un marco jurídico acorde a las nuevas realidades, a partir de la legalización de la firma electrónica, hasta la formalización del tema de la privacidad y el uso entendido de la información suministrada.
Las reformas que requiere el Estado, impulsadas por la tecnología, tienen el carácter de ser conceptualmente radicales; independientemente de si se implantarán como Big Bang o en forma gradual.
Nuestro objetivo como país debe ser que el Gobierno esté totalmente en línea y digitalizado, y con una gran proporción de la población que actualmente no tiene acceso, con capacidades de utilizar sistemas y aplicaciones. Para lograrlo hay que desarrollar un esfuerzo coordinado entre gobierno, sector privado y ONG’s nacionales e internacionales, con un objetivo común: evitar quedarnos fuera.
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Lo que no fue noticia (y debería serlo)
- Que las señales de cortes eléctricos y limitaciones en el suministro de combustibles que ya están en Caracas son un indicativo de que en el interior están peor y que hay que buscar soluciones de fondo, cuyo primer paso debe ser pasar al sector privado las empresas que se ocupan de esos y otros servicios. Y hay que considerar al mercado de valores como la vía más directa para el cambio de propiedad.
- O que, si bien el tema político partidista de elecciones, primarias y presidenciales, en este momento, no están influyendo directamente en la economía, todo indica que muy pronto, cuando crezca más la turbulencia política, necesariamente nos arrastrará a la turbulencia económica… que es la que nos puede retrotraer a los difíciles momentos del 2017.
- Ni que tal vez sea el momento de revisar en forma crítica la relación con Guyana, generando algún escenario con perfil más comercial bilateral, que geopolítico de bloques. Porque si esta relación se complica en este momento, podría afectarnos las posibilidades que pudieran abrirse con Trinidad. La creación y discusión de escenarios, en un ámbito estrictamente secreto y confidencial, no significa otra cosa que eso…un típico “what if analisys”.
- Tampoco que nuestra gran oportunidad de futuro económico no está en el petróleo (que, en forma limitada, es nuestro presente) sino en la empresa privada y las posibilidades de exportación. Las cámaras binacionales juegan un papel muy importante promoviendo nuestra oferta exportable, con perfil netamente privado. Eso para evitar que nos alcancen las sanciones y que nos afecte la reputación negativa del gobierno en los mercados objetivo, principalmente Estados Unidos, UE y Latinoamérica.
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