Visitar nuestro país solamente para evaluar las sanciones y no tomar en cuenta la situación grave de violación sistemática de los derechos humanos de la que son víctimas los ciudadanos por parte del Estado solo es posible considerarlo un saludo a la bandera.
No es posible que siendo una funcionaria perteneciente al mismo organismo que nombró la denominada Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre la Violación de los Derechos Humanos, que utilizó método científico para el estudio y concluyó con la identificación de los autores materiales de lo que llegó a calificar como crímenes de lesa humanidad, la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos no haya hecho hasta el momento una declaración sobre el expediente que cursa en la CPI y sobre la afirmación que hizo el año pasado la fiscal de la Corte Penal Internacional con respecto a que existen razones para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Los organismos internacionales para los derechos humanos como el sistema interamericano de la OEA y el de mayor nivel, como es el Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU, se han convertido en una fuente generadora de esperanzas para las víctimas de violación de los derechos humanos en los países donde “el Estado Soy Yo” y la autonomía e independencia de los poderes públicos brillan por su ausencia.
Venir a Venezuela y no ampliar la agenda para poder tener contacto con las víctimas de la crisis sanitaria, servicios básicos, libertad de expresión, cierre de medios de comunicación social, limitaciones al libre ejercicio del periodismo con detenciones arbitrarias, la situación grave de los presos políticos, la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado más represivos y violadores de los derechos humanos contra los ciudadanos, es simplemente venir a pasear, a hacer turismo y congraciarse con un Estado indolente que no acata resoluciones emanadas de los altos comisionados para los derechos humanos de la ONU. Y es que, aunque es parte de la organización, no le importa vulnerar los pactos internacionales establecidos en nuestra Constitución, suscritos y ratificados por el Estado venezolano en materia de los derechos humanos.
La recomendación a la relatora para los derechos humanos de la ONU es que la mejor contribución a las víctimas de violación de los derechos humanos por parte del Estado es impulsar el informe preliminar en la CPI sobre crímenes de lesa humanidad.