Nadie podía imaginar en Colombia el alcance que tendría la declaración del nacimiento de una “Nueva Marquetalia” cuando ello fue anunciado por exlíderes de las FARC en agosto del año 2019. Lo que estos tenían en mente al deslindarse del grupo guerrillero era darle un nuevo aire a sus actividades terroristas e impulsar la relación con el narcotráfico y la extracción ilegal de minerales. Para los antiguos alzados en armas, el Estado colombiano había traicionado al acuerdo de paz que estaba en marcha desde el año 2016.
Para ese momento, 13.000 efectivos de la vieja guerrilla formaban parte de ese proceso de pacificación nacional y más de 3.000, con sus respectivas familias, vivían ya en los 24 ETCR, campamentos que habían sido habilitados para facilitar su reinserción y capacitación. La vida dentro de muchos de estos enclaves regados por toda la geografía colombiana se ha vuelto insostenible para el momento actual, por el nivel de violencia al que son sometidos por parte no solo de los disidentes de las FARC, sino por la acción de guerra sin cuartel desatada en contra de ellos por el ELN y otros grupos criminales. Hasta julio de este año más de 220 excombatientes habían sido asesinados y las masacres están hoy a la orden del día. Colombia vuelve a estar en llamas.
En este punto es necesario poner de relieve que los proyectos gubernamentales de reinserción de los guerrilleros desmovilizados de las FARC a ser implementados desde los ETCR no han rendido los frutos de crear oportunidades en el campo para los excombatientes y sus familias, ni han podido desarrollar otras opciones económicas viables para ellos. Esto unido al ambiente de atroz violencia que se ha generado por fuera de sus límites geográficos ha estado provocando un éxodo de sus beneficiarios y el pánico constante de quienes allí aún permanecen.
Todo lo anterior ha estado creando un ambiente propicio para el agresivo montaje de todo un Plan Maestro para Reunir a los Disidentes de las FARC, a cargo del cual estaría el jefe guerrillero Gentil Duarte. Este apunta a debilitar la base de flotación del proceso de paz que lleva adelante el presidente Iván Duque, por la vía de motivar una deserción cada vez mayor de los 13.000 guerrilleros que se sumaron a su construcción. Duque, con el plato muy lleno en este año por la batalla en contra del COVID no le ha prestado al renacer de la insurgencia guerrillera la dedicación que amerita.
El apoyo del régimen venezolano al ELN y a los líderes guerrilleros de las FARC, ha sido clave en este renacer terrorista. La organización de investigación Insight Crime con sede en Washington, y quien dispone de la base de datos más completa sobre el crimen organizado en el continente, lo reseña de esta forma: “El grupo pudiera estar recibiendo ayuda del gobierno venezolano, luego de que el presidente Maduro le diera la bienvenida a su país a los comandantes Iván Márquez y Jesús Santrich en 2019. Así es como la Segunda Marquetalia estaría usando el territorio venezolano como una base operativa para a salvo de las Fuerzas Armadas Colombianas”.
Hilando fino, sería necesario preguntarse si todo este entramado de crimen, droga y terrorismo montado entre los disidentes de las FARC y los efectivos del ELN con otros Grupos Armados Organizados Residuales, los que cuentan, por demás, con el apoyo del régimen de Venezuela, puede ser visto con frialdad por quien ejercerá desde enero la presidencia de los Estados Unidos.
El fin último de toda la criminal componenda de esta mafia armada es dinamitar el proceso de paz de Colombia, un proceso en el que el gobierno de Barack Obama y Joe Biden fue un decidido impulsor. El temor que estos albergaban, en aquel entonces previo a 2016, era el del peligro que una Colombia narcotizada y en armas representaba para todo el Continente. Ello no ha cambiado. Por el contrario la paz de los vecinos, la recuperación de Venezuela, la estabilidad de la región, pasa por desactivar todos estos entuertos. Forman parte de una misma consideración estratégica. Jon Biden, para los que se lo preguntan, no le quitará el ojo de encima.