Hace unos días compartí ante las ministras de las mujeres de América Latina y el Caribe, sociedad civil y organizaciones internacionales mi preocupación constante desde hace casi un año. Detrás de la pandemia visible, hay una pandemia oculta: la de la violencia de género contra las mujeres.
Esta pandemia en la sombra, ya lo sabemos, ya estaba presente desde mucho antes de la aparición del SARS Cov-2 en nuestras vidas. Pero se ha visto tremendamente exacerbada por el impacto social, económico y de salud que tiene en todo el mundo el coronavirus y las medidas adoptadas para hacerle frente.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria vimos un aumento en las distintas formas de violencia contra las mujeres, con el incremento en las llamadas los números de atención a la violencia de género y, en algunos casos, más personas pidiendo acceso a refugios u otros servicios de apoyo.
La información más reciente de 33 países de América Latina y el Caribe da cuenta de que los femicidios/feminicidios superaban las 3.800 en 2019. Ya en 2020, los reportes parciales recopilados hasta ahora en varios países revelan que vamos camino a superar con creces ese saldo absolutamente inaceptable.
Al mismo tiempo las medidas de aislamiento social aumentaron otros factores de riesgo de violencia contra las mujeres, como la escasez de alimentos o recursos, la inestabilidad o incertidumbre económica, pérdidas de empleos y mayores tensiones en los hogares.
El desempleo, de hecho, se cebó de manera particular con las mujeres, que constituyen la mayor fuerza laboral en los sectores de comercio y servicios, muchas veces en la economía informal, y los primeros sectores que cerraron sus puertas por las medidas de confinamiento.
Todo esto conforma un cuadro de violencia y desigualdad que atenta contra la igualdad de género, y de hecho, nos hizo retroceder en los logros alcanzados hasta el 2020, y pone en peligro el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
El COVID-19 ha hecho todavía más evidentes las debilidades estructurales de nuestros sistemas para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, pero también es un poderoso llamado a la acción efectiva por parte de gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los organismos internacionales.
Para empezar, las mujeres deberíamos estar en el centro de todas las políticas, las acciones y las instancias de decisión orientas a la recuperación post-COVID, incorporando un enfoque interseccional e incluyendo organizaciones que representen a diferentes grupos de mujeres.
Tenemos que trabajar conjuntamente para eliminar los estereotipos tradicionales de género, la discriminación y la violencia contra las mujeres en su diversidad de todas las edades: rurales, afrodescendientes, indígenas, de la comunidad LGBTIQ+, migrantes o en situación de movilidad y las con discapacidad.
Hace 25 años, el mundo adoptó la Plataforma de Acción de Beijing, que establece la igualdad de derechos de las mujeres para participar en el gobierno a través de cargos públicos y espacios de decisión. Una sólida declaración de principios que, desafortunadamente, no ha sido suficiente para el avance sustantivo.
A principios del año pasado, en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Chile adoptamos el Compromiso de Santiago, “para acelerar la efectiva implementación de la Plataforma de Acción de Beijing”.
En esa oportunidad, volvimos a revisar qué mecanismos, qué leyes y hasta qué financiamiento tenemos que asegurar para garantizar que haya más mujeres en política, en el gobierno, en posiciones de liderazgo y toma de decisiones.
El foro regional del que les hablaba al principio fue la Consulta Regional preparatoria para el encuentro global de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el órgano independiente de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de los acuerdos de Beijing, que en nuestra región co-organizamos con la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Esta instancia fue también una oportunidad para que los países de América Latina y el Caribe compartieran sus respuestas a la crisis y se comprometieran con legislación, políticas públicas y fondos para promover la participación de las mujeres en la vida pública y la toma de decisiones, además de la eliminación de la violencia hacia mujeres y niñas.
Es un esfuerzo en el que queremos involucrar a hombres y mujeres para lograr un objetivo común: acabar con la pandemia en la sombra que ya ha durado mucho más que la otra. Tenemos mucho que hacer, es hora de ponernos a trabajar. No podemos seguir viviendo en sociedades que avalan la violencia contra las mujeres. Hemos visto que a pesar de todos los avances normativos de nuestra región, la Justicia y el Estado aún tienen que modernizarse y actualizar normas y prácticas para garantizar y proteger los derechos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
Es hora de construir una cultura de paz y de igualdad de género que nos permita superar las llamadas trampas del desarrollo en América Latina y el Caribe, porque sin igualdad sustantiva no lograremos los objetivos de desarrollo sostenible.
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