La Organización de Familiares de las Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales ―Orfavideh― lo reporta en estos términos: hasta el 6 de septiembre, durante un operativo que comenzó el fin de semana, habían sido asesinadas, al menos, 14 personas. Otras 129 habían sido detenidas. Operación Trueno III: este es el orgulloso nombre que lleva el establecimiento de un real estado de terror en la zona afectada, En este caso, en cuatro pequeños municipios del estado Guárico.
¿Qué cuentan los habitantes de la zona? Que se trata de una desproporcionada escenificación del terror. Más de 1.000 funcionarios ―una parte de ellos miembros del Sebin y de la DGCIM―, 90 vehículos de gran tamaño y 60 motos, han tomado la zona. Llegan ruidosos y amenazantes. No es cierto que su actividad de caza de delincuentes se limite a los miembros de la megabanda El Tren de los Llanos (que en algún momento fue aupada por el régimen). En el programa de tierra arrasada, que es la lógica de estos operativos, matan o detienen a personas inocentes, simples trabajadores, a menudo el sostén del hogar. Pero el amedrentamiento y la violación de los más elementales derechos de los ciudadanos no han terminado con las muertes. Revisan los teléfonos de los habitantes, se introducen en los hogares sin que haya una orden de registro, roban los modestos bienes de sus víctimas y, no podía omitirse: los amenazan. Sí denuncian que les han violado sus derechos, volverán. Volverán a matar. A matarles por abrir la boca.
Estas son las realidades a las que se enfrentan las familias de pequeños poblados en todas las regiones de Venezuela. Salvo el apoyo que les proveen las organizaciones no gubernamentales, dedicadas al ámbito de los derechos humanos, no hay ante quién denunciar. Para todo aquello que suponga poner en cuestionamiento o formular acusaciones al régimen y a sus órganos, no hay Fiscalía General de la República, no hay tribunales ni sistema judicial, no hay autoridades que escuchen a los ciudadanos. La experiencia señala que, cuando alguien se ha atrevido, se produce una reacción articulada y unánime de los poderes para silenciar, perseguir o castigar al denunciante.
Entre los muchos documentos disponibles, que ofrecen cifras y análisis de las tendencias, me detendré en el revelador Informe Anual de la Violencia 2021, producido por el Observatorio Venezolano de la Violencia y el Laboratorio de Ciencias Sociales. La mortandad del año pasado se reporta en 4 categorías. Del total de 11.081 personas “fallecidas por causas violentas”, 3.112 fueron asesinatos cometidos por delincuentes; 2.332 fueron cometidos por funcionarios, alegando resistencia a la autoridad; 4.003 muertes de “intencionalidad indeterminada”; y 1.634 personas que aparecen bajo la categoría de desaparecidas.
Que 2.332 personas hayan sido asesinadas por las autoridades, bajo el supuesto de haber resistido a la autoridad, es un dato salvaje y revelador de la profunda brutalidad que impera en todas las unidades militares y policiales del país. Se ha alcanzado un punto, que no admite dudas: los operativos se realizan para matar. Solo para matar. Son simplemente innumerables los testimonios de los sobrevivientes (porque eso es lo que son, sobrevivientes), que narran cómo un grupo de funcionarios, encapuchados, armados y feroces, detienen a un ciudadano en las madrugadas (por lo general, un hombre joven, menor de 30 años de edad), se lo llevan, lo desaparecen, hasta que a las horas o los días siguientes aparece asesinado en las inmediaciones.
Ahora bien, quiero exponer aquí mi presunción al razonable criterio del lector: ¿las 4.003 muertes de “intencionalidad indeterminada” y las 1.634 desapariciones, acaso no están relacionadas con las actuaciones criminales de los cuerpos policiales y militares? ¿Cómo se explica el auge de desapariciones en Venezuela? ¿Por qué tantos de los desaparecidos responden al perfil de hombre joven? ¿Y qué decir de las muertes de “intencionalidad Indeterminada”? ¿Cuántos de unos y otros han sido desaparecidos o asesinados por las fuerzas del régimen? ¿Dónde están esos desaparecidos? ¿En una fosa común? ¿Dispersos en el territorio nacional? ¿Y qué hace la Fiscalía General de la República? ¿Estos hechos la interrogan? ¿Le importan estas muertes, las vidas liquidadas de personas, la mayoría de las veces indefensas, en distintas zonas del país?
En un libro que debería ser lectura obligatoria para políticos y líderes sociales, Tanatopolítica en Venezuela. Sicariato de Estado y Derechos Humanos, Roberto Briceño-León hace un análisis, eminentemente científico, basados en datos y documentos de especialistas ―entre ellos, documentos producidos por entes multilaterales―, en el que demuestra que en Venezuela se puso en movimiento una política de Estado, planificada y articulada con la participación de distintos órganos, cuyo primer fundamento consiste en matar. Una política que favorece los actos violentos.
Para hacer posible esta política, para ponerla en funcionamiento, no solo han sido necesarios recursos e inversiones extraordinarios. También se ha debido dotar a miles de funcionarios de algún entrenamiento y, sobre todo, de garantías con respecto a la impunidad de esas acciones, que leyes y normas de procedimientos establecen, de forma inequívoca, como ilegales. Son centenares, quien sabe si miles, los funcionarios que, sabiendo que sus actuaciones están fuera de la ley, las han cometido, presionados por sus jefes, por estímulos económicos y de otra índole, por promesas y hasta empujados por el ánimo de sus respectivos colectivos, que hacen del asesinato el factor de culto y de cohesión entre los miembros de cada unidad.
Todo este recorrido desemboca en una cuestión, que cerraré copiando una frase del libro de Briceño-León: “La política de seguridad del Estado venezolano no ha estado orientada a proteger a la población ni tampoco a hacer cumplir la ley, sino a causar la muerte: ha sido una tanatopolítica”.