Poner en marcha un monólogo de más de cinco horas frente a un auditorio amarrado por ley y costumbre a los modales del poder, no es lo mismo que cumplir con una obligación constitucional. El pasado lunes 15 de enero fuimos testigos, como todos los años, de ese ejercicio de culto a la personalidad que los poderosos que nos gobiernan se atreven a llamar la “Memoria y Cuenta” de un presidente de la república.
Lo ocurrido durante la jornada está muy lejos de lo que debería ser una rendición de cuentas ante el país, por el contrario, quienes seguimos la transmisión, acudimos a un evento de un candidato en campaña que se niega a dar a conocer la situación real de la nación, un político dispuesto a arrojar un puñado de datos descontextualizados, sin sustentos metodológicos, que evidenciaban su empeño por ocultar la verdad y su desconexión con la realidad, una jornada donde el régimen ponía, como acostumbra, en otros la responsabilidad de su mala gestión de la administración pública. Los venezolanos fuimos testigos, nuevamente, de un mitin repetitivo, absurdo y aburrido cuyo único propósito fue marcar el inicio oficial de la campaña por la reelección.
Quizá una de las pocas certezas con la que nos quedamos ese día fue la comprobación de que el régimen sigue por la senda de una política económica que aspira a controlar la inflación conteniendo el gasto público a través del desconocimiento de los derechos de los trabajadores venezolanos. Aquel lunes el régimen anunció que los bonos a los empleados públicos llegarían hasta los 60 dólares y los cesta tickets alcanzarían los 40 dólares, un incremento que por ley no alcanza a los jubilados, no aplica para los trabajadores del sector privado y que no tiene efecto sobre las cotizaciones, un anuncio sin efecto sobre las tablas salariales atadas al llamado Instructivo Onapre, que estandariza por la cota más baja los beneficios de los trabajadores públicos y que desconoce décadas de luchas sindicales en nuestro país. Más allá de los aplausos revolucionarios arrojados por un público cautivo en la Asamblea Nacional, hoy podemos decir que en Venezuela, a pesar de la dramática inflación de los últimos años, no ha habido un aumento salarial desde 2022, evidencia de una política económica que ni los más comprometidos promotores del “neoliberalismo salvaje” se atreverían aplicar en un país sumergido en la Emergencia Humanitaria Compleja, como advirtió el informe HUM Venezuela.
Otro aspecto que nos quedó claro aquel lunes fue que Nicolás Maduro dio inicio a su campaña por la reelección movilizando a los cuerpos de seguridad del Estado. La denuncia de conspiraciones e intentos de golpe de Estado fraguados supuestamente por la extrema derecha y una “izquierda infiltrada” por los intereses norteamericanos es una excusa para justificar la persecución y acoso de sus rivales, una evidencia de que estamos frente a un régimen que aspira a ganar las elecciones a fuerza de detenciones y sentencias judiciales, el último recurso del que disponen los regímenes que han perdido su legitimidad.
Es por eso que en la mañana del miércoles 17 de enero los venezolanos pudimos ver, casi en tiempo real, las dramáticas imágenes de la detención del líder sindical Víctor Venegas. Sus más de 29 años de servicio en el magisterio venezolano y su compromiso por las luchas pacíficas a favor de los derechos sindicales del gremio docente en el estado Barinas parecen haber sido las razones suficientes para que el régimen ordenara su detención.
Al inicio de la campaña por la reelección, los poderosos que nos gobiernan decidieron activar la represión antes que a su militancia revolucionaria, una evidencia del escaso apoyo popular que tiene y un indicador de que el régimen apuesta por el miedo como principal recurso para su reelección. Los políticos, activistas de derechos humanos, ONG, partidos políticos, líderes sindicales, periodistas y cualquier forma de liderazgo y de organización popular que exista en Venezuela, están bajo amenaza por parte de un régimen que aspira a inhabilitar o detener a todos sus rivales. El régimen pretende ganar unas elecciones a fuerza de sentencias en los tribunales, porque saben que no cuentan con los votos en la calle.
2024 será un año complejo que pondrá a prueba nuestras convicciones democráticas y la capacidad que tengamos de organizarnos por la unidad que necesitamos para lograr el retorno de la democracia. Un proyecto complejo que cuenta con el apoyo de una ciudadanía dispuesta a activarse y resistir las amenazas. Las ganas de cambio y el valor de la libertad son más fuertes que cualquier sentencia judicial firmada por una dictadura.
Exigimos la liberación de Víctor Venegas y de todos los presos políticos que hay en Venezuela.