El pueblo venezolano es víctima de un régimen opresivo que ha minado no solo las economías familiares de 78% de la población en estado de pobreza extrema; sino que suprime sus libertades y derechos. Es por esos seres humanos cuya integridad está en constante peligro, que viven sin esperanza en el futuro, por los que la comunidad internacional debe luchar.
La crisis en Venezuela es el resultado de 25 años de la instauración de un modelo que comienza con “sospechosas” elecciones, continúa buscando controlar instituciones como el ejército y la policía, creando fuerzas paramilitares; copando luego al legislativo y aparato de justicia, impidiendo la separación de poderes. Para ello es necesaria la presencia de funcionarios corruptos que cedan a sus ambiciones, los que luego serán extorsionados. Toman el control de las empresas, medios de comunicación, educación e Iglesia, haciendo crecer el aparato del Estado, llevando el país a la ruina y al pueblo a la miseria.
Los males se van expandiendo por toda América exportando corrupción, redes de crimen organizado, narcotráfico, soporte a grupos terroristas y delincuencia, con la anuencia, dirección y complicidad de otros regímenes autoritarios. Pero las víctimas son siempre los ciudadanos que sufren la inseguridad, pobreza y violación de libertades.
La inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado lleva a Venezuela a nuevos niveles de tensión; pero es solo la consecuencia del temor de Nicolás Maduro ante el apoyo, aprobación y popularidad de la que goza la candidata, demostrados durante las primarias en las que resulta vencedora con 95% de respaldo popular.
El régimen de Maduro aplica las fórmulas represivas de siempre capturando presos políticos, detenciones arbitrarias de dirigentes y miembros de Vente Venezuela, partido de Machado. La desaparición forzada de jefes de campaña y amenazas contra opositores demuestra la persecución política y los temores de Maduro ante su amenazadora adversaria, usando estrategias de distracción como el frustrado referéndum y las amenazas contra la Guyana del Esequibo.
Con el acuerdo de Barbados firmado en octubre de 2023, Maduro se comprometía a llamar a elecciones en 2024, permitiendo participar a candidatos de oposición, liberando a presos políticos a cambio del levantamiento de sanciones. Pero la falta de cumplimiento parece demostrar que podría estar buscando otros beneficios como anular la orden de captura internacional con 15 millones de dólares de recompensa, que resultaría necesaria ante la eventualidad de perder las elecciones.
Las denuncias de la Corte Penal Internacional en La Haya contra el control autoritario venezolano, evidencian presuntos crímenes de lesa humanidad, incluyendo torturas y persecución política. La reactivación de la investigación ofrece esperanzas para lograr una justicia que no podrá ser alcanzada sin la censura y respaldo de la comunidad internacional reprobando al régimen de Maduro.
Ante la inhabilitación de Machado, Estados Unidos anuncia la reactivación de sanciones al sector petrolero y gas de Venezuela, exigiendo el respeto al acuerdo de Barbados y advierte sobre las consecuencias si se viola el espíritu del pacto.
La crisis política y social venezolana revela la fragilidad, manipulación del sistema electoral y ausencia de garantías democráticas. Las acciones del régimen, denuncias ante la CPI y sanciones internacionales plantean la urgencia por presionar para acabar con esta dictadura y lograr una transición pacífica y democrática. En medio de la incertidumbre, la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela debería convertirse en una acción ejemplar para otras dictaduras.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú