Se celebró la reunión convocada por Jorge Rodríguez para poner fecha a las elecciones presidenciales, evidentemente sin María Corina Machado a quién el TSJ en una clara decisión política y sin sustento jurídico ratificó la, supuesta, inhabilitación que no le permitiría participar en las venideras elecciones presidenciales.
Una reunión vergonzosa que solamente tiene razón de ser en el contexto que se vive en el país, en otro escenario, en cualquier otro país no podría existir legalmente. Vergonzosa como los politiqueros venezolanos que aceptaron el llamado que reitera la vocación dictatorial e inconstitucional de quiénes la convocaron y quiénes asumen las competencias que no les corresponden, porque ni Jorge o la Asamblea son el CNE y no les recae la responsabilidad de organizar el cronograma electoral del país y que reconfirma la carencia de Estado de Derecho y separación de poderes en Venezuela.
Vergonzosa como los individuos que asistieron, a sabiendas de que en dicha reunión se desconoce lo anteriormente mencionado y además el resultado de la pasada elección primaria, de la voluntad de las personas valientes que salieron a expresarse democráticamente, sin presiones, sin propaganda, sin arreo de votantes, sin campañas millonarias y no importa si fueron dos millones quinientos o un millón de votantes como suelen argumentar los detractores del proceso de primarias de octubre del 2023; millones de venezolanos se expresaron ese día y debieron ser respetados y los que se abstuvieron de hacerlo, en su derecho, son igual de respetables, pero el punto es que se convocó a un proceso interno y la gente se manifestó y esos votos son los que cuentan.
Ya el régimen anuló dos veces la voluntad popular, primero al invalidar el proceso de las primarias y ahora insistiendo en inhabilitar políticamente a la ganadora y buscando imponer un candidato que se ajuste a sus planes.
Reunión vergonzosa porque se confirma la infamia electoral de querer imponer elecciones en las que, además de no permitir la inscripción de la candidata elegida por quiénes votaron sea que nos guste o no, se quiere imponer arbitrariamente lapsos de tiempo que no permitirían la actualización del Registro Electoral el cual buscan a toda costa mantener con todas las anomalías que exhibe.
Si a esto agregamos que los tiempos no darían para construir un proceso electoral transparente y sin ventajismo para quienes ostentan el poder, dicha reunión no es más que un bodrio que explica el porqué, luego de 25 largos años, seguimos gobernados por el mismo régimen dictatorial.
Llamarse opositor y secundar, por citar algunas, las irregularidades anteriores es ser colaboracionista y demostrar que los intereses individuales, que las parcelitas de poder son más importantes que el interés común de la nación. ¡Un crimen total!
No hay argumento que justifique moralmente el hecho de apoyar cualquier iniciativa distinta a unas verdaderas elecciones democráticas. No hay excusa: o estamos y trabajamos por Venezuela o lo hacemos por intereses partidistas y económicos que condenen al país a años de más revolución, es decir de pobreza.