Venezolanos residentes en Perú protestan tras los resultados de las elecciones, en Lima, Perú / Foto EFE
A estas alturas, y especialmente después del extraordinario evento mundial del pasado 17 de agosto a favor de la democracia y en rechazo al fraude electoral, y la terrible decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) validando el irrito triunfo de Nicolás Maduro, ya todos saben lo que está ocurriendo en Venezuela.
Edmundo González Urrutia fue el presidente electo y Maduro optó por desconocer los resultados y aferrarse al poder a como dé lugar, dando un «golpe de Estado» con la complicidad de los poderes públicos que controla. Como consecuencia, el futuro inmediato de la transición democrática no parece ahora tan claro.
No obstante, está habiendo algunos movimientos, el nivel de incertidumbre es alto, y sería prematuro hacer predicciones; pero hay escenarios posibles que se están manejando, como consecuencia de los eventos nacionales e internacionales que han ocurrido y los que están por ocurrir.
En el plano interno, es evidente la indignación y el mayoritario rechazo político popular al Gobierno y a las acciones de retaliación represiva que sigue desatando, las cuales contabilizan, hasta ahora, 1.506 detenidos, de los cuales 200 son mujeres, 129 son adolescentes, 18 son discapacitados y 14 son indígenas, más 24 personas muertas.
La represión y la campaña de odio contra los que protestan, unidas a los despidos masivos de funcionarios públicos (más de 500 en dos días), la decisión de retirar las viviendas entregadas y las cajas CLAP –programa de distribución de alimentos básicos– a los que se manifiesten contra el Gobierno, y los bloqueos a las redes sociales y a medios de comunicación, solo han provocado más rechazo.
Agreguemos, también a lo interno, el bochornoso espectáculo montado con la inhabilitación de facto del Consejo Nacional Electoral (CNE), por parte del Gobierno, y la intervención ilícita del TSJ para dirimir la crisis político-electoral creada.
Al respecto, habíamos imaginado que el TSJ tenía algunas opciones, todas ilícitas y moral y éticamente tramposas: confirmar a Maduro como presidente electo, es decir, convalidar el desconocimiento de la voluntad popular y el «golpe de Estado», que era lo que todos esperaban que ocurriera, o declarar la nulidad del acto electoral con el argumento de que el «hackeo» contra el CNE hace imposible validar los resultados, por lo cual se debería convocar a nuevas elecciones.
La segunda posibilidad era algo menos arriesgada, pues coincidiría con la propuesta inicial de los «tres alegres compadres» (Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador), y quizás hubiese sido más digerible para la comunidad internacional, aunque no para el pueblo venezolano y su liderazgo actual.
Pero el TSJ, siguiendo instrucciones, escogió la peor opción. La respuesta interna ha sido clara y contundente. El candidato ganador, Edmundo González Urrutia, destacó que la decisión del TSJ «solo agravará la crisis y que los venezolanos no estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad ni a nuestro derecho a cambiar, en paz, para vivir mejor».
Por su parte, el líder opositor, César Pérez Vivas, señaló que «la sentencia no sorprende a nadie. Todos sabíamos que la activación de la sala electoral tenía como objetivo ratificar el anuncio del CNE. En el contenido de la sentencia no hay un solo elemento de convicción que la sustente. Es una narrativa vacía, un acto político sin contenido jurídico, impuesto porque tienen el poder, pero no porque tengan la verdad, la razón y el derecho. La historia así lo demostrará».
Y es que el Gobierno, en su delirio triunfalista, no pudo prever la fuerza de su opositor y la voluntad de cambio del pueblo venezolano.
En palabras de la líder María Corina Machado: «Nuestro movimiento ha evidenciado, efectivamente, como nunca antes en nuestra historia, el poder de la alianza social entre un sector social ilustrado, comprometido y sensible ante las necesidades y padecimientos del conjunto de la población, y la gran masa de mujeres y hombre trabajadores o excluidos ansiosos de cambio, de satisfacción de sus necesidades básicas y de defensa de sus derechos humanos, incluido el derecho político fundamental del voto».
Y continúa: «Hemos sorprendido a un régimen que alevosamente preparó y ejecutó su fraude electoral para burlar el ejercicio de la soberanía del pueblo, y no sólo no creyó que más de doce millones de venezolanos saldríamos a votar, pese a las innúmeras restricciones, con una aplastante mayoría en favor de la democracia y la libertad, expresada a través del voto por Edmundo González Urrutia, sino que nunca imaginó siquiera que seríamos capaces de demostrar pública, global y fehacientemente la validez de nuestros votos, poniendo al descubierto la trampa del tirano».
Asimismo, la reacción internacional no se hizo esperar y ha sido también extraordinaria. Las instituciones más conspicuas y prácticamente todos los países democráticos han puesto el grito en el cielo ante las dimensiones del delito; pero también sus propios «amigos» en la región (Brasil, México y Chile) han tomado distancia.
No sabemos, a ciencia cierta, cuáles serán las acciones internacionales, pero sí sabemos que muchas organizaciones trasnacionales, muchos gobiernos y la opinión pública extranjera están atentas y «monitoreando» lo que ocurre en Venezuela.
Por ejemplo, la sentencia del TSJ es motivo suficiente y podría aumentar las posibilidades de invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), que es un pacto de defensa mutua que firmaron 21 países de Iberoamérica y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y que permite la intervención en cualquier país.
Pero también, la magnitud y el descaro del fraude electoral y lo que significa en términos de la violación de la Constitución nacional, las leyes y de la voluntad manifestada del pueblo, podrían esperarse acciones, ahora sí, contra Maduro y su línea de mando, por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), basadas en el largo expediente que tiene años acumulando sobre delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos cometidos por el Gobierno.
Tampoco sería descartable que algunos países, vista la magnitud de los acontecimientos, decidieran tomar acciones (bloqueo y confiscación) sobre las cuentas y los bienes de personas particulares vinculadas con el lavado de dinero proveniente del asalto al erario público de nuestra nación, a lo largo de los últimos 20 años (unos 600.000 millones de dólares birlados).
De hecho, parece que ya está circulando en Estados Unidos y varios países de Europa una lista de más de 100 funcionarios de alto nivel, civiles y militares, perfectamente identificados, sobre los cuales podrían pesar estas acciones.
El resultado es entonces un aislamiento geopolítico sin precedentes; solo le quedan sus aliados del «Eje del Mal».
Así pues, las cosas no pintan bien para el Gobierno y su alianza Cívico-Militar-Policial. Rechazados dentro, sin pueblo, con su propio partido desmoralizado, y acorralados desde fuera, con cada vez menos amigos y con muchos enemigos entre sus propias filas.
Originalmente publicado en el diario El Debate de España