OPINIÓN

Venezuela: un llamado urgente ante la emergencia humanitaria

por Pedro Adolfo Morales Vera Pedro Adolfo Morales Vera

 

La crisis humanitaria en Venezuela se ha transformado en un clamor desgarrador que exige atención y acción inmediata. Más de 5 millones de personas sufren hambre, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este alarmante número refleja que 17% de la población se encuentra subalimentada, una situación que se agrava por la escasez de alimentos básicos y el aumento descontrolado de precios, que han despojado a millones de su capacidad adquisitiva, sumiéndolos en la pobreza extrema.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) revela que 53% de la población vive en condiciones de pobreza extrema, lo que implica que más de la mitad de las familias no pueden acceder a una alimentación básica, exacerbando así la crisis de desnutrición. Esta realidad empuja a miles de familias a emigrar en busca de un futuro mejor, huyendo del hambre y la malnutrición que marcan su día a día.

La subalimentación en Venezuela no es únicamente un problema de acceso a alimentos, sino también de autosuficiencia alimentaria. La falta de políticas efectivas que garanticen el derecho humano a la alimentación se ha vuelto evidente. La dependencia de las cajas CLAP, que contienen productos de bajo valor nutricional y alimentos ultraprocesados, es una solución temporal que no resuelve la crisis. Más del 8% de los niños que reciben asistencia de organizaciones humanitarias padecen desnutrición grave, y la situación de las mujeres embarazadas es igualmente preocupante, pues muchas enfrentan deficiencias nutricionales que comprometen su salud y la de sus bebés.

En las calles, la situación es aún más alarmante. Miles de personas viven en condiciones de indigencia, durmiendo en la acera y alimentándose de lo que pueden encontrar en la basura. Este sombrío retrato de la realidad venezolana revela la descomposición social y la falta de un Estado que proteja a sus ciudadanos. Para muchos, las sobras son la única fuente de sustento, una clara indicación de que la emergencia humanitaria ha alcanzado niveles inaceptables.

Los datos del Banco Mundial son alarmantes: 37% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están en retroceso y, a nivel global, 700 millones de personas viven con menos de 2 dólares al día. Estos números no son meras estadísticas; representan la lucha diaria de millones por su dignidad y su derecho a una vida digna.

El relator especial de la ONU ha enfatizado que el derecho a la alimentación no es caridad, sino un derecho humano fundamental. La comunidad internacional no puede seguir siendo espectadora de la crisis venezolana. Es imperativo escuchar el clamor de un pueblo que exige justicia y cambios reales. Las promesas vacías y la retórica sin acción son ecos en un vacío que amplifica el sufrimiento de millones.

El impacto de esta crisis es devastador, especialmente para los grupos más vulnerables: niños, mujeres embarazadas y ancianos. La desnutrición crónica entre los niños afecta su desarrollo físico y cognitivo, condenándolos a un futuro limitado. Las familias se ven obligadas a adoptar estrategias extremas de supervivencia: reducir el número de comidas, pedir alimentos prestados o, en el peor de los casos, saltarse las comidas.

La situación en Venezuela es un claro ejemplo de cómo un país puede descender de un relativo bienestar a la miseria en un corto periodo. La pobreza y el hambre son problemas que deben ser abordados con urgencia y eficacia. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar, no solo con palabras, sino con acciones concretas que restauren la dignidad y los derechos de los venezolanos.

Si la ONU y otros organismos internacionales realmente desean erradicar la pobreza y garantizar el derecho a la alimentación, deben actuar con rapidez y determinación. La inacción frente a esta crisis no es una opción; el futuro de millones de venezolanos está en juego. La lucha por el derecho a la alimentación y por un cambio significativo en las políticas que rigen el país no puede esperar más.


Pedro Adolfo Morales Vera es economista, jurista, criminólogo y politólogo.