Venezuela, territorio forajido

Factores constitutivos de lo que entendemos por nación –realidades que ratifican el principio de soberanía; un cuerpo de leyes vigentes que determinan las conductas de los habitantes; una arquitectura institucional reconocida, diferenciada y efectiva; unos órganos de gobierno con capacidad sistemática de actuación; en síntesis, un Estado que protege las vidas y los derechos humanos de la población– han desaparecido en Venezuela. Han sido liquidados. No hay soberanía, ni las leyes tienen existencia en los hechos, las instituciones no son más que capítulos ruinosos de la corrupción, y las violaciones de los derechos humanos son la más frecuente de las realidades imperantes en Venezuela.

Sea cual sea la materia que se someta a evaluación, el resultado será semejante: las cosas han dejado de funcionar, las infraestructuras y bienes públicos están cada día más desolados, los entes públicos no cumplen con sus funciones, los ciudadanos carecen de las formas más elementales de protección. No hay exageración en esto: las familias han sido despojadas de cualquier recurso de protección. Ya ni siquiera se disimula: el régimen ha instaurado el principio de sálvese quien pueda.

Detengámonos en lo más esencial: las personas. La desnutrición campea: a ello me he referido, una y otra vez, en este espacio. Lo señalan los expertos, incluida la ONU. No hay sistema de salud que atienda a los enfermos. No hay agua –salvo para un mínimo porcentaje de la población– que es el más elemental de los recursos para hacer posible una vida sana. Tampoco hay servicio eléctrico constante. Ahora no hay combustibles. Ni transporte público suficiente y confiable. Ya no hay ni siquiera un sistema de estadísticas de Estado, que es el recurso más elemental para poder planificar políticas públicas. A los jerarcas del régimen no les interesa la demografía, ni las tasas de las tendencias económicas y sociales. Viven ajenos al conocimiento que sería necesario para dar alguna respuesta a quienes la necesitan.

¿Y qué hay entonces en Venezuela? La respuesta a esta pregunta es, ahora mismo, fundamental. Hay bandas organizadas. Donde había una nación, ahora pululan estructuras criminales que se han repartido el devenir venezolano. Son centenares de bandas, casi todas armadas, que se han hecho con el control de pedazos del territorio o se han apropiado de las funciones y los deberes que deberían corresponder al Estado.

Estas bandas apenas atienden a las órdenes del régimen, salvo en un ámbito: asediar y reprimir a personas y comunidades que protestan. De hecho, los forajidos ahora van todavía más lejos: detienen, aprisionan y torturan a los que se quejan o simplemente comentan lo que está ocurriendo. Mientras en el mundo entero se debate a diario, sin límites, todo lo relativo a la pandemia del coronavirus, en Venezuela lo que el régimen pretende es que no se hable o se niegue su existencia.

Las bandas se han repartido las fronteras, las aduanas, el cobro de impuestos, las vías de circulación, el ingreso de insumos y mercancías al país, las operaciones petroleras, las exportaciones de crudo, la extracción de minerales, la distribución de combustibles y de gas para uso doméstico, la importación y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios, la operación de la telefonía fija, el acceso a los alimentos, los tribunales, las cárceles y los contratos de las obras públicas. Las que eran instituciones han devenido en mafias que se disputan los menguados ingresos de la producción petrolera, pero, sobre todo, los todavía más precarios bolsillos de las familias venezolanas.

En el territorio despedazado por las bandas, no hay un real control de las fronteras: se controlan solo las partes por donde circulan mercancías y personas que permitan el lucro de uniformados o de grupos de narcoguerrilleros. Centenares de comunidades están bajo el control de grupos paramilitares, al igual que hospitales, empresas expropiadas y en estado de ruina.

En los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas hay zonas enteras bajo el control del Ejército de Liberación Nacional –ELN–, de las ex FARC y de otros grupos de traficantes de droga. ¿Se puede hablar de soberanía cuando también en las operaciones mineras ilegales en Bolívar, así como en otros 12 estados, hay grupos armados que viven y realizan operaciones bajo la protección de bandas, pero en este caso uniformados pertenecientes a cuerpos policiales y militares?

Esta precarización del territorio venezolano; la expansión incesante de la arbitrariedad, la violencia y el robo de los bienes que eran patrimonio común –las riquezas minerales, vegetales y animales–; el fenómeno según el cual cada banda impone sus reglas y exigencias a los ciudadanos, sin que haya ninguna referencia a la Constitución y las leyes; esta ausencia de las instituciones y sus deberes; este estado de cosas en el que unas bandas esquilman y se apropian de las que solían ser funciones del Estado; la realidad de unas fuerzas armadas empobrecidas, ideologizadas, cuya única función consiste en reprimir a los ciudadanos; todo ello sustenta por qué sostengo que la nación se ha desfigurado y se ha convertido en no más que un territorio de forajidos.