Venezuela tiene más de 20 años sufriendo un cruel calvario a manos de una dictadura criminal que ha dejado centenares de fallecidos, exiliados, presos políticos, servicios públicos en terapia intensiva y con la emigración más grande que ha existido en la historia del continente, para escapar de un país sumergido en la pobreza, que alcanzó el 94%… Todas cifras que contradicen al grupo de economistas, empresarios y políticos, que le escribió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedirle que se quitaran las sanciones. Una petición con la que estos “notables” se convierten en los nuevos miembros del club de supuestos miembros de la oposición, que no son tal, porque quien le lance un salvavidas a la dictadura no se puede llamar oposición. ¿Cómo lo llamaríamos entonces? Se olvidan los firmantes de la carta de que la situación del país estaba muy mal antes de que comenzaran las sanciones al desgobierno que impera en Venezuela, lo que nos lleva a otra pregunta: ¿el país se arregló o este grupo de personas prefirió cohabitar con la dictadura, para arreglarse ellos?
Según un informe de Human Rights Watch, y otros observadores internacionales, entre 2016 y 2021, en Venezuela se aplicaron más de 23.448 ejecuciones extrajudiciales. Imagínense que según la dictadura estos asesinatos fueron de personas que se resistieron a la autoridad. Cabe preguntarse: ¿puede decir el régimen que la masacre de El Junquito que se cometió contra Oscar Pérez y sus seis acompañantes que ya se habían rendido, fue un caso de resistencia a la autoridad? Todos vimos en vivo por las redes sociales que este grupo de héroes fueron acribillados hasta con tiros de gracia, a pesar de que ya se habían rendido. Entonces, se le puede creer a la narcodictadura. La Corte Penal Internacional no puede obviar esta y otras muchas ejecuciones contra venezolanos que no han estado de acuerdo con el sistema autoritario que impera en el país. La buena noticia es que recientemente la CPI, desestimó la solicitud de la dictadura de aplazar la investigación; además, en principio la instancia penal permitirá que las víctimas o sus representantes legales presenten todas las pruebas de las que puedan disponer. Todo pareciera que de continuar la investigación, la dictadura tendrá que enfrentarse a la justicia internacional.
Entonces, les creemos a los representantes del gobierno y al club de todos aquellos que cohabitan con la dictadura que en Venezuela todo está mejorando. Por supuesto que no, y si existe alguna duda, hay más de 7 millones de testigos de la grave situación en el país, hablamos de los desplazados que han huido de la inseguridad, la persecución política, la escasez de alimentos y el deterioro de los servicios públicos más esenciales. ¿Y todo está bien? La realidad es que los venezolanos, al día de hoy, siguen saliendo por centenares todos los días. Esta situación crea un problema para los países que acogen a los migrantes venezolanos, porque estos llegan con pocos recursos o ninguno, para subsistir, por lo cual requieren de auxilio inmediato por parte de las autoridades, ya que muchos de estos emigrantes carecen de documentos, no pudiendo acceder a los servicios públicos, y por esta razón, a los gobiernos les toca proveerlos de documentación, un lugar seguro donde hospedarse, alimentos y medicinas.
Con relación a los presos políticos en la actualidad existen, según el último informe del Foro Penal, alrededor de 240, de los cuales un pequeño grupo ha sido procesado por los tribunales de la dictadura. En un informe anterior, el director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, precisó: “Del total de presos políticos, 210 se encuentran sin condena y muchos ni siquiera han pasado en muchas ocasiones a la audiencia preliminar, por lo que no han tenido la oportunidad de defenderse. Más grave aún, 91 llevan más de tres años bajo prisión preventiva”. El gobierno de Estados Unidos no es ajeno a esta situación y denunció hace pocos días que la tiranía mantiene centenares de presos por motivos políticos, aunque como es de esperar la dictadura lo negó, pues es su costumbre desvirtuar los hechos, propio de los regímenes que violan los derechos humanos.
Por su parte, el representante de la Casa Blanca, Juan González, después de la criticada visita a Miraflores, en el mes de marzo, un mes después cambia su posición y ahora dice que para aliviar las sanciones a Venezuela, será necesario que los representantes de la dictadura se sienten en la mesa de negociaciones en México, con la Plataforma Unitaria, y que solo reconocen a Juan Guaidó como presidente. El gobierno de Estados Unidos debe tener y mantener una sola postura seria con relación a Venezuela, y no estar cambiando de posición según soplen los vientos, porque el mundo libre no lo terminaría de entender. En Venezuela hay un Estado fallido y no se puede llegar a ningún arreglo por debajo de la mesa, con un gobierno forajido. Antes de cualquier alivio de las sanciones deben existir hechos concretos, como por ejemplo la liberación de todos los presos políticos, sin excepción y fijar definitivamente la transición a la democracia con la celebración de unas elecciones libres, transparentes y con un nuevo Consejo Nacional Electoral, que no represente los intereses de ningún factor político y obviamente sin la representación del usurpador, porque tiene un caso abierto ante la Corte Penal Internacional, además de los procesos pendientes en las fiscalías de Florida y Nueva York.
Esperemos que la otra carta, que refleja la verdad de lo que está pasando en el país, una iniciativa de Antonio Ledezma, apoyada por María Corina, Diego Arria y un grupo de venezolanos, contrarresten la carta de los 25, lamentablemente famosos por apoyar al régimen. Ledezma, al respecto, dice en esta última carta, también dirigida a la administración Biden: “Las desgracias que se viven en Venezuela son previas a las sanciones impuestas. Por lo que relajar la presión sobre la tiranía lo único que garantiza es la perpetuación de la misma junto con quienes, durante años, han fingido oponerse. Estos se conformarán con las migajas que los tiranos ofrezcan para su sobrevivencia política”. La idea de Ledezma y del grupo de firmantes es que se personalicen las sanciones sobre responsables de crímenes de lesa humanidad. Es sumamente importante sancionar de una vez por todas las conocidas cadenas de mando, desde el principio hasta el final, civiles y militares. Lo bueno de la carta de los 25 es que conocemos quiénes son los infiltrados y quiénes en verdad quieren la libertad de Venezuela. “Donde no hay más que una mañosa astucia, necesariamente hay mezquindad. Decir astutos es decir mediocres” Víctor Hugo.