No resulta nada fácil escribir sobre Venezuela, analizar con objetividad sobre el recorrido y retroceso que ha venido experimentando su democracia en los últimos años. Más aún, analizar la Venezuela regresiva del 2024 antes y después del 28J, sus realidades, circunstancias y consecuencias para los venezolanos y su democracia.
Muchos consideramos que nuestra democracia se ha venido desdibujando y vaciando de contenidos, institucionalidad y referentes fundamentalmente cuando no hay autonomía de los poderes públicos, cuando las elecciones no son periódicas, democráticas, confiables y transparentes, cuando las decisiones y ejecutorias de dichos poderes se supeditan al poder ejecutivo, cuando se criminaliza a quien piensa diferente y el ejercicio del poder se realiza de manera arbitraria entre otros aspectos.
Si las decisiones de nuestras instituciones y actores fuesen apegadas estrictamente a la letra y el espíritu de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 y demás normas, Venezuela no estaría sumergida en la crisis política actual. En algo más de una semana se han producido excesos, exabruptos, usurpación de funciones y competencias, extralimitación de funciones y pare usted de contar. Sin embargo, el gran trasfondo de nuestra crisis es la ausencia de autonomía e independencia de nuestros poderes públicos.
En la democracia existen reglas de juego básicas y elementales que es preciso respetar y hacer valer, y tienen que ver precisamente con las competencias, funciones y atribuciones de cada poder, con la veracidad, transparencia y legalidad de las elecciones, con la legalidad que los altos tribunales deben garantizar, con la responsabilidad que cumplen quienes ejercen como gobierno y como oposición respectivamente.
Los personalismos, mesianismos, el voluntarismo político, los autoritarismos del cuño que sean pertenecen a otrora época, y el mayor ejemplo es que los ciudadanos cuando las instituciones no funcionan, cuando esos liderazgos se rutinizan, cuando no hay respuestas a las expectativas ciudadanas, precisamente los ciudadanos sobre aspectos o variables de tipo político – partidista o ideológicas terminan alzando su voz, y en lo que en Venezuela ha ocurrido, los ciudadanos se colocaron y expresaron sobre unos liderazgos, unos partidos y unas lógicas tradicionales y de allí los resultados de las elecciones 28J.
Los venezolanos han ratificado su vocación democrática, ciudadana y electoral entendiendo que acudimos a unas elecciones con muchos déficits o con unas garantías electorales que no eran las más ecuánimes o favorables, pero lo cierto del caso es que las elecciones se dieron en un clima de encuentro, mesura, orden, entusiasmo y arrojaron unos resultados que no pueden ser jamás desconocidos porque sería literalmente desconocer la “soberanía popular”.
La prisa y la desesperación no es buena consejera y fue lo que privo en las primeras horas para forzar un boletín, más aún, adelantar y forzar una proclamación sin las debidas actas, sin la verificación y auditoría previa y sin la obligatoria «totalización». Estimados lectores miren cual transcendental es la autonomía o independencia de los poderes públicos para explicar la crisis política venezolana, precisamente cuando el propio poder electoral no es autónomo y su presidente decidió a motu proprio un anunció en cadena nacional con un primer boletín sin las respectivas actas, y más aún, con una diferencia porcentual muy significativa, a escasas horas, el mismo presidente del poder electoral adelanta una proclamación sin haberse producido repetimos la auditoría establecida, y la respectiva totalización de actas y votos, con lo cual se produce una proclamación viciada y con inconsistencias, y por ende, hablar de un fraude histórico, acción que deslegitima al gobierno y empaña por supuesto no sólo al poder electoral sino al rol de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas por su silencio.
Nuestra historia electoral contemporánea está salpicada de dudas, sobresaltos y opacidad al no permitir “votar” a cerca de los casi 4,5 millones de venezolanos con derecho a voto de los 8 millones del éxodo y diáspora nacional fuera de Venezuela, en nuestras embajadas y consulados en el mundo a lo sumo sólo 68.000 venezolanos tuvieron derecho al voto.
Las instituciones y los poderes públicos están para proteger, para resguardar a los ciudadanos, y los venezolanos registramos un cumulo de decisiones que no se apegan a la legalidad, al proceder democrático o al principio de buena fe cuando observamos de un plumazo la ilegalización de varios partidos, la inhabilitación de candidatos, medidas dictadas con la anuencia de la Sala Constitucional del TSJ, al que le compete ser garante de la legalidad y la constitucionalidad.
Estas elecciones tuvieron un alto nivel de participación, además sirvieron para medir el deterioro en las bases de apoyo popular de la revolución y gobierno, al mermar este último en importantes sectores populares y segmentos tradicionales anteriormente bastiones de la llamada revolución. Asimismo, no registrábamos los venezolanos una elección con tanta efusividad y entusiasmo al extremo de que muchos venezolanos se fueron a hacer su cola desde la noche del sábado 27J, unido a la movilización y participación de dos sectores muy visibles, muchos ancianos y juventud, dos sectores que fueron determinantes en los resultados.
Los resultados de las urnas, expresados y consolidados en las actas donde se evidencia la derrota electoral del gobierno, aspecto y cifras que concuerdan lógica y estadísticamente con todos los estudios, muestreos, exit polls y cifras antes de la elección, en la elección y posterior a la elección. Lo más importante en este momento es respetar los resultados y preservar la democracia. La violencia y cualquier acto que se desprenda o conlleve violencia debe ser rechazado y no puede ser una frase o slogan de ningún sector, sino debe ser una premisa y mandato de todos. Sin embargo, posterior a los resultados, actas exhibidas y registradas en un sitio web y de dominio público, se han producido diversas convocatorias, protestas y demás.
Las acciones vandálicas deben de ser rechazadas. Sin embargo, lo visto en la última semana y media han sido excesos y represión, detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, frente a una ciudadanía que protesta y espera responsabilidad de la dirigencia nacional, y sobre todo, se espera respeto a las pruebas y resultados y no ejecutorias que conduzcan a represión y detenciones o a un clima de violencia.
El Informe del Centro Carter es certero, técnico, estadístico y consistente sobre las carencias y déficits de parámetros mínimos para considerar que no fueron unas elecciones con garantías mínimas y por ende democráticas. Consideramos un desacierto y poco compromiso con la Carta Democrática Interamericana, fueron los discursos tibios, la actitud y votación de parte de algunos cancilleres en la Reunión Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) con ocasión de la crisis política venezolana al no comprender la magnitud de la crisis venezolana que consideramos es ya “hemisférica”.
La crisis política en Venezuela por sus dimensiones reiteramos es una crisis hemisférica, la misma trastoca a toda la región por sus efectos, y que obligatoriamente países que no han asumido la gravedad del momento actual y que en la OEA se inhibieron, entre ellos Colombia o Brasil (países vecinos) son los primeros afectados entre otras cosas por el éxodo y diáspora venezolana, y tendrán que involucrase en la mediación y solución quieran o no.
En América Latina y Venezuela respectivamente, después de diversos gobiernos de derecha e izquierda y largos ensayos y reformas, la demanda de un Estado más comprometido con los ciudadanos, gestiones más transparentes y eficientes, fortalecer el Estado de derecho, una mejora substancial de la calidad de funcionamiento de los sistemas políticos a partir de más y mejores democracias siguen estando presentes en los ciudadanos como principales demandas.
Finalmente, la dimensión de nuestra crisis política requiere sin lugar a dudas de una gran responsabilidad del liderazgo político, tanto en el gobierno como en la oposición, los venezolanos estamos urgidos de mediación e intermediación no sólo a lo interno sino por parte de la comunidad internacional, juntos a otros aspectos en la búsqueda de un acuerdo con garantías, una negociación que conduzcan a un proceso de transición, proceso que es inevitable dados los resultados y las condiciones de Venezuela actual en beneficio de salvaguardar la paz, la justicia y la democracia. Que Dios bendiga a Venezuela.
El autor es profesor de la Universidad de los Andes
E-mail: [email protected]
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