Foto Presidencia de Colombia
No hay un día en que el tema de Venezuela escape de los pensamientos del presidente de Colombia, Iván Duque. La prioridad que le ha asignado por haberse constituido en factor perturbador de la seguridad, tanto de su país como del entorno regional, ha sido una constante desde los tiempos de la campaña electoral de 2018, que lo llevó a la presidencia. Y así consta de manera patente en sus dos años y medio de gestión. El presidente Duque jamás se ha escudado en eufemismos cuando se refiere al régimen de Nicolás Maduro, con el que rompió relaciones diplomáticas y políticas, a principios de enero de 2019, luego de la irrupción de Juan Guaidó como presidente interino.
El tubazo de la semana
En la edición, fechada 7 de febrero, de la prestigiosa revista colombiana Semana, aparece un riguroso trabajo de investigación sobre la presencia, en territorio venezolano, de los llamados disidentes de las FARC: Iván Márquez, Jesús Santrich, Hernán Darío Velásquez (el Paisa) y Henry Castellanos (alias Romaña), quienes, como es sabido, abandonaron en agosto de 2019 el Acuerdo de Paz de La Habana de 2016, para iniciar la nueva rebelión llamada “Segunda Marquetalia”. Lo grave de esta publicación -a la que se le atribuye gran veracidad por la cantidad de pruebas irrefutables, entre otras, claras imágenes de los campamentos, de armamento usado, vehículos bien equipados, y hasta una aeronave con placa venezolana-, es la libertad de circulación con la que cuentan estos prófugos en ciertas zonas urbanas y rurales de Venezuela, “desde donde operan rutas del narcotráfico y planean acciones terroristas contra Colombia”.
Entre los propósitos perseguidos por la cúpula desertora desde el aliviadero venezolano, estarían: la pretensión de fortalecer su presencia en las ciudades y otras localidades de Colombia; tener “en la mira las elecciones de 2022”; y “configurarse como el principal aparato político y armado ilegal del país, tratando de infiltrar organizaciones legales de izquierda”. Así mismo, la investigación refiere que los organismos oficiales de inteligencia tienen claro que para estos grupos “es clave generar conatos de insurrección, camuflados en huelgas generales y movilizaciones espontáneas”, pero también “priorizar alianzas estratégicas con otros grupos armados organizados, a través de pactos de no agresión, para aumentar su capacidad financiera y poder de ataque contra la fuerza pública”.
En lo que es difícil observar como simple coincidencia, el presidente Duque anunció el día siguiente de la publicación de la revista Semana, la creación de una fuerza élite para hacer frente a los disidentes de las FARC, rebeldes del ELN y narcotraficantes que, según las autoridades colombianas, han encontrado protección en Venezuela. El llamado Comando Especializado contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales sería anunciado oficialmente el 26 de febrero, y tendrá, como “meta de este año, golpear a los cabecillas del narcoterrorismo (…) para que sean capturados o dados de baja”. En la lista del comando especializado están, por supuesto, Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y Romaña. Pero, nuevamente, lo más grave de estas declaraciones es la insistencia de Duque sobre el papel protector ejercido por Maduro y su socio, el Cartel de los Soles.
Uno de los fragmentos de la declaración del presidente Duque: “Aquí no hay refugio, donde quiera que estén los criminales tiene que llegar la justicia”, llama a la reflexión y nos retrotrae a la experiencia de marzo de 2008, cuando, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, componentes de las fuerzas armadas de Colombia -en lo que se conoció como la Operación Fénix-, incursionaron en la zona selvática de Angostura, en Ecuador, causando la muerte de varios guerrilleros colombianos, entre ellos, el segundo comandante de las FARC, alias Raúl Reyes. Es difícil imaginar una incursión militar colombiana de ese tipo en territorio venezolano, por las obvias y graves repercusiones que ello traería consigo. Sin embargo, nos preguntamos si el presidente Duque estaría haciendo uso de aquella sentencia de la sabiduría popular de que “guerra avisada no mata soldado”.
Por otra parte, la notable sincronía entre la publicación de la revista Semana y el anuncio hecho por el presidente Duque sobre la fuerza élite, genera interrogantes obvias; por ejemplo: ¿por qué ciertas fuentes gubernamentales sugeridas en el trabajo de investigación habrían revelado información privilegiada relativa a la localización y actividades de los disidentes de las FARC y otros factores del narcotráfico en territorio venezolano? Una aproximación posible convendría en que las revelaciones de la revista Semana servirían de alguna manera al gobierno colombiano para espantar el muerto; es decir, enviar un mensaje con la intención de lograr desmontar, ante la evidencia, cualquier operación en ciernes dirigida a comprometer la paz y estabilidad colombiana y regional. Esto último sería otro signo más de la debilidad e impotencia que ha acompañado a las administraciones colombianas durante la era chavista de cobijo a los grupos subversivos y delincuenciales.
¡Cuba, siempre Cuba!
Otro hecho que atrajo mucho la atención, y que tal vez se vincule con lo anterior, fue el anuncio de las autoridades colombianas, el mismo lunes 8 de febrero, sobre un memorando de la Embajada de Cuba en el que se advierte “un supuesto ataque del Frente Oriental de Guerra (…) para los próximos días en Bogotá”. Este aviso deslizado por el gobierno cubano -conjuntamente con un equipo del ELN estacionado en La Habana, que niega cualquier vinculación con los planes militares de esa organización- genera razonables suspicacias, más aún teniendo en cuenta el legado del expresidente Donald Trump, quien, a través de una orden ejecutiva de última hora, volvió a incluir a Cuba en la impopular lista de países que patrocinan el terrorismo; una decisión que, tanto castristas como elenos, saben será sometida a revisión por parte de la nueva administración de Joe Biden.
Mientras tanto, es seguro que el presidente Duque tampoco haya olvidado el atentado perpetrado por el ELN, a principios de enero de 2019, contra una escuela de policías en Bogotá, que ocasionó la muerte a 22 cadetes, llevándolo a tomar la decisión de dar por terminados los diálogos de paz con esta organización subversiva, iniciados por su antecesor, Juan Manuel Santos, y que explica también su reiterada solicitud de extradición de los rebeldes del ELN bajo protección del régimen de La Habana.
Una alianza necesaria
En su continua y decidida política de enfrentamiento y contención al régimen de Maduro, el presidente Duque está consciente de lo imprescindible que resulta la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos. En un foro virtual sobre seguridad, del pasado 2 de febrero, patrocinado por el Instituto Aspen, y denominado: “una visión desde Bogotá”, el mandatario colombiano encomió la continuidad mostrada por el nuevo Secretario de Estado, Antony Blinken, al referirse a Maduro como un dictador, y la intención de la administración Biden de dedicar “su energía a lograr un cambio” que permita el renacimiento de la democracia en Venezuela.
En la parte conclusiva de su intervención, que pareciera concordar perfectamente con la visión del gobierno estadounidense sobre la crisis de Venezuela, el presidente Duque se refirió a la importancia de “cerrar un acuerdo de coordinación multilateral para que la dictadura llegue a su fin y se convoquen elecciones libres y eso vaya de la mano con un programa de recuperación social y económica de Venezuela”. A este planteamiento se suma otra de las medidas dada a conocer por el presidente Duque – que ha causado gran sorpresa en la opinión pública – y que acerca aún más las posiciones de Bogotá y Washington. Nos referimos a la creación, por parte del gobierno de Colombia, de un estatuto de protección temporal que permitirá llevar a cabo un proceso de regularización de los inmigrantes venezolanos.
Más allá del obvio y encomiable carácter humanitario de la decisión del presidente Duque, no escapa a la atención de los analistas las connotaciones políticas de una medida de tal envergadura. Lo primero es que el anuncio lleva consigo una carga de alto simbolismo, al haberse hecho en presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, Filippo Grandi. Una medida que envía un mensaje de ejemplo incuestionable a toda la comunidad internacional, proyectando la mejor imagen del mandatario colombiano, y que sirve, asimismo, como vacuna inmunizadora contra la crítica de la oposición interna, al mostrar coherencia entre ejecutorias como esa y su discurso reivindicador de la causa por la libertad y democracia en Venezuela.
Finalmente, esta medida representa un guiño y pudiera interpretarse en tanto que muestra palpable de su afinidad con la administración Biden, que, dicho sea de paso, se apresta también a la aprobación definitiva del Estatuto de Protección Temporal a los venezolanos (TPS, por sus siglas en inglés), introducida en el Senado de los Estados Unidos a finales del mes de enero de este año. Estas primeras aproximaciones contribuyen a seguir considerando a Colombia uno de los principales aliados estratégicos de los Estados Unidos en la región. ¿Quien sabe? A lo mejor nos enteramos pronto de alguna invitación de la Casa Blanca al presidente Iván Duque, una vez, por supuesto, que el problema de la pandemia sea superado.
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