Durante más de dos décadas, Venezuela ha estado sometida al yugo de gobiernos autoritarios y dictatoriales que han desmantelado sus instituciones democráticas, coartado las libertades individuales y sumido al país en una crisis humanitaria sin precedentes. Este régimen, inicialmente encabezado por Hugo Chávez y en la actualidad por Nicolás Maduro, ha hecho uso de la represión, la censura y la manipulación electoral para perpetuarse en el poder, dejando al pueblo venezolano en una situación de vulnerabilidad extrema, siendo este, uno de los mayores retos humanitarios y democráticos de la actualidad en América Latina.
Las elecciones presidenciales de 2013, 2018 y 2024 ilustran un patrón de abuso, fraude y ausencia de legitimidad de las instituciones «democráticas». En 2013, tras la muerte de Chávez, Nicolás Maduro asumió la presidencia en un proceso electoral ampliamente cuestionado por su falta de transparencia. Ante estos comicios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que, en Venezuela se había vulnerado el derecho de Henrique Capriles –candidato de la oposición– de participar en condiciones de igualdad. Para 2018, la historia no fue distinta, las elecciones fueron un claro espejismo democrático, donde el régimen aplicó nuevas medidas para garantizar una victoria a como diera lugar, debilitando a la oposición, a través de la inhabilitación, encarcelamiento y expulsión de candidatos opositores, además de la limitación de medios y las tradicionales irregularidades aplicadas por Maduro y el Consejo Nacional Electoral.
En 2024, Venezuela vivió un nuevo episodio de atropello democrático. A pesar de la contundente victoria del candidato opositor Edmundo González y la inhabilitada candidata, María Corina Machado, quienes consiguieron un ejército de valerosos testigos electorales que consiguieron las actas que certifican la contundencia de la resistencia democrática, Nicolás Maduro se negó a aceptar los resultados.
El proceso electoral estuvo marcado por la ausencia de actas de votación completas, un hecho que dejó al descubierto las maniobras del oficialismo para deslegitimar la voluntad popular. Sin embargo, más de 17 países, junto con la Unión Europea, reconocieron a González y Machado como los legítimos vencedores de las elecciones. Aun así, desafiando esta presión internacional, Maduro tomó posesión del poder el pasado 10 de enero, consolidando aún más su control sobre las instituciones estatales y sumiendo al país en una crisis política sin precedentes.
Ante este panorama, la comunidad internacional ha implementado estrategias para presionar al régimen como sanciones económicas, aislamiento diplomático y mecanismos de observación electoral que hagan seguimiento de la violación de derechos humanos en el país. Aunque estas acciones han tenido impactos significativos, han demostrado ser insuficientes para restaurar la democracia y garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos.
La situación actual exige una respuesta más contundente y coordinada bajo la cual se priorice la protección de los derechos humanos y establezca las bases para una transición democrática efectiva.
Es por esto que se debe evaluar el desarrollo de un plan de intervención humanitaria en Venezuela que se sustente bajo principios fundamentales que legitimen su implementación. El principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P) obliga a la comunidad internacional a intervenir frente a Estados que no están en la capacidad o no tienen la voluntad de salvaguardar los derechos humanos de su población frente a crisis humanitarias graves. Venezuela es el claro ejemplo de un Estado que no vela por el cumplimiento de los derechos humanos, sino que, por el contrario, ha empleado la violencia y el terrorismo de Estado como herramientas de represión, cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
La Carta de las Naciones Unidas, en su Capítulo VII, proporciona un marco jurídico para intervenir en situaciones que amenacen la paz y la seguridad internacional. Según el Artículo 39, el Consejo de Seguridad tiene la autoridad para determinar la existencia de dichas amenazas y recomendar o decidir las medidas necesarias para mantener o restablecer la paz. No obstante, las dinámicas políticas globales dificultan este camino, ya que al menos dos miembros permanentes del Consejo –China y Rusia– probablemente ejerzan su poder de veto debido a su estrecha relación con el régimen, bloqueando así cualquier posibilidad de intervención en el marco de las Naciones Unidas.
Ante este escenario, resulta conveniente establecer alianzas en el ámbito regional y convocar al sistema interamericano, así como a los Estados firmemente comprometidos con los principios democráticos a unir fuerzas para liderar una intervención humanitaria basada en el consenso y en el respeto por el derecho internacional. Esta acción debe enfocarse en garantizar la protección de la población civil y en abrir espacios para que el pueblo venezolano recupere su autodeterminación, bajo un enfoque coordinado.
Además, cualquier intervención debe ir acompañada de acciones que incrementen su eficacia y legitimidad, como acelerar las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad, aumentar las recompensas internacionales por su captura, e instar a las fuerzas militares venezolanas a unirse a los esfuerzos de protección
La crisis humanitaria en Venezuela exige una respuesta decidida y basada en principios de justicia y protección. Si bien las dinámicas políticas internacionales complican la acción multilateral, la comunidad internacional tiene el deber moral y legal de actuar en defensa de los derechos humanos y la dignidad del pueblo venezolano, promoviendo su capacidad de autodeterminación y bienestar. Asimismo, es necesario establecer indicadores claros para medir el progreso de la intervención y definir un plan de salida progresivo que evite una prolongación innecesaria o la dependencia de actores externos. El compromiso de proteger a las poblaciones vulnerables debe prevalecer sobre los intereses políticos o las consideraciones de soberanía estatal, buscando siempre soluciones que prioricen la vida y el bienestar de quienes más lo necesitan.
No hacer esta intervención humanitaria de manera rápida y efectiva puede desatar una tragedia de migración masiva nunca antes vista y que superará a los más de cinco millones de migrantes venezolanos que hoy estar regados por el mundo. Es el momento de actuar o lo vamos a lamentar.
Artículo publicado en el diario El Debate de España