Una vez más un órgano internacional constata el incumplimiento por Venezuela de sus obligaciones internacionales. Esta vez, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) deploró que Venezuela rechazara el Informe y las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización que con base en el artículo 26 de la Constitución de la Organización y en la Queja presentada por el Grupo de Empleadores en 2019 examinó y determino las violaciones por Venezuela de los Convenios sobre libertad sindical y protección de los derechos de sindicación (Número 87), Consulta tripartita (144) y sobre el Método para fijación de salarios mínimos (26), lo que refleja la enorme conflictividad social en el país denunciada y el rechazo al tripartismo y a las libertades fundamentales.
El régimen venezolano rechaza el Informe al considerar que la Comisión se excedió en sus funciones, tergiversó la realidad, se inmiscuyó en los asuntos internos del país y violó la soberanía nacional, la misma posición asumida en 1955 por el dictador Pérez Jiménez cuando rechazó los señalamientos hechos por el neerlandés A. Vermeulen, representante de los trabajadores del Consejo de Administración en la V Reunión de la Comisión de Petróleo que se celebraba entonces en Caracas. El líder sindical denunció en esa ocasión la violación de las normas fundamentales del trabajo y la persecución y encarcelamiento de los líderes sindicales, entre ellos, Pérez Salinas, Ramón Quijada, Luis Hurtado, Malavé Villalba, Ismael Ordaz, lo que provocó la ira del régimen y el anuncio del retiro de Venezuela de la Organización, decisión que se hizo efectiva en 1957, pocos meses antes de la caída de la dictadura.
Al igual que en 1955, el régimen de Maduro ignora los derechos fundamentales de los trabajadores y desconoce las condiciones del trabajo y la libertad sindical, lo que ha sido rechazado por la mayoría de los gobiernos, empleadores y trabajadores reunidos en el Consejo de Administración de la Organización que en su decisión del pasado 27 de marzo “deplora la respuesta de (…) Venezuela del 10 de agosto de 2020 en la que indica que no acepta las recomendaciones de la Comisión de Encuesta” la que en su Informe (par. 497) le solicita además a Venezuela que “establezca y convoque, para mayo de 2021, un foro de diálogo social” a la vez que se le ofrece “asistencia técnica” para dar “aplicación efectiva en la legislación y en la práctica de los Convenios” pasos que evidentemente, de acuerdo con el debate en el Consejo en esta oportunidad, Venezuela no acatará.
El incumplimiento de los Convenios de la OIT refleja la conflictividad social que caracteriza hoy al país y confirma el dominio que intenta el gobierno sobre los grupos de trabajadores y empleadores que conforman el tripartismo, un logro fundamental en la lucha por la justicia social que impulsa la Organización desde su creación por el Tratado de Versalles de 1919 y que se confirma en la Declaración de Filadelfia del 10 de mayo de 1944.
El incumplimiento de las normas internacionales del trabajo, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de la violación general y sistemática de todos los derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales que universales, inderogables e interdependientes los Estados deben preeminentemente cumplir, teniendo además la comunidad internacional la responsabilidad de exigirle al Estado que las viola, rectificar y dar cumplimiento a tales obligaciones superiores de Derecho Internacional, lo que hace ahora la OIT y otros órganos de control de normas relativas a la protección de las personas.
El respeto por el tripartismo y por las libertades y derechos de los trabajadores fue siempre parte de la política exterior de Venezuela, como lo recordó el presidente Rafael Caldera en su discurso en 1998 en la 86ª Conferencia General, uno quizás de los más ovacionados por la comunidad internacional reunida en Ginebra. Reiteró entonces Caldera su fe en la “justicia social internacional como un factor esencial para que la comunidad internacional pueda vivir en paz y desarrollarse dignamente”. Recordó Caldera entonces y vale subrayarlo para mostrar el cambio que se ha producido en relación con el respeto por las normas del trabajo que la OIT estaba allí “para reafirmar su actitud de permanente defensa de los derechos de los trabajadores y para que las relaciones de producción sean conformes a la justicia social” a la vez que reiteraba su fe en la Organización y en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la lucha para mejorar las condiciones sociales en el mundo entero.”
Paradójicamente, un gobierno autoproclamado socialista y obrero, desprecia los principios fundamentales que guían la OIT recogidas expresamente en la Declaración de Filadelfia de 1944 y que vale recordar ahora: El trabajo no es una mercancía; la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante; la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos; la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover el bienestar común. (Principio I).
El régimen venezolano insiste en abandonar definitivamente el espacio de legalidad dentro y fuera del país lo que conduce a los órganos internacionales a adoptar decisiones y recomendaciones que quiéranlo o no, tendrán un efecto importante en la vida nacional y en las relaciones internacionales de Venezuela que la colocan en una situación de aislamiento nunca antes vista.