Rawls J. fijó el término de Estado forajido (Outlaw state) al referirse a los Estados con regímenes autoritarios que violan los derechos humanos, incumplen leyes y convenios internacionales, así como las decisiones de los organismos internacionales que tienen como finalidad preservar el orden y la paz mundial, fomentan el terrorismo y amenazan la paz, tratando de expandir su poder e influencia en el exterior.
Chávez inició este desvío estatal financiando grupos izquierdistas, corrompiendo gobiernos con chequera en mano para ganar apoyos, interviniendo en la política interior de los Estados promoviendo la “robolución”, se apartó del Pacto Interamericano sobre Derechos Humanos y denunció la Carta de la OEA para salirse. Maduro y sus secuaces continuaron la misma política, claro, con menos recursos.
Desde esta visión, podemos afirmar que la pandilla gobernante ha convertido a Venezuela en un Estado forajido, irrespetuoso e incumpliendo el orden jurídico, las normas, principios y obligaciones de las relaciones internacionales. Incluso permitiendo que en sus fronteras grupos guerrilleros (FARC, ELN) de otros países operen y tomen territorio venezolano como zona de descanso y refugio, lo que constituye una violación del derecho internacional.
Ahora bien, ¿es sustentable jurídicamente la existencia de un Estado forajido? El diccionario nos dice que forajido es “Delincuente que anda fuera de poblado, huyendo de la justicia” o “Que vive desterrado o extrañado de su patria o casa”. En lo político, se define como Estado forajido a cualquier nación o Estado que infringe el derecho internacional y representa una amenaza para la seguridad de otras naciones, regímenes que emplean el terrorismo como política para someter a su población y a sus vecinos.
Vemos incoherencia entre estas definiciones. Se nos hace incorrecta la definición política, pues, el Estado carece de voluntad propia, son los detentadores del poder público quienes ejercen su representación y realizan las acciones concretas, es más apropiado hablar de gobierno forajido, es este el que acciona en nombre del Estado, es su representante y quien aplica las políticas públicas en su nombre (art. 156, 1 “La política y la actuación internacional de la República” y art. 236 atribuciones del presidente: 1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes. 2. Dirigir la acción del gobierno. (…) 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. 5. Dirigir las Fuerza Armada Nacional en su carácter de comandante en jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ellas. CRBV).
En Venezuela, además de ser gobierno forajido, es un gobierno fracasado o fallido. Es Estado fallido porque no puede garantizar su propio funcionamiento y los servicios básicos a la población. No obtiene o dedica las capacidades y recursos para satisfacer las necesidades esenciales de los ciudadanos. No controla la integridad del territorio por haberlo cedido a grupos extranjeros violentos y bandas dedicadas a actividades ilícitas.
Las políticas de la pandilla gobernante cívico-militar ha llevado al país a la mayor crisis de su historia. El Estado luce en quiebra, destruido, arruinado (su principal industria Pdvsa desfalcada), con una inmensa deuda pública, sumido en una emergencia humanitaria ardua y múltiple.
La pandilla gobernante se dedica a preservar sus intereses particulares mediante el pillaje, el saqueo impositivo, inflacionario y devaluación monetaria, la devastación de las instituciones y la carencia de una sana división de poderes, aplican su poder absoluto con las bayonetas y la obediencia del poder judicial. Han impuesto un régimen totalitario limitador y violador de los derechos y libertades fundamentales. En el proceso de descomposición y aniquilamiento del Estado y sus instituciones, en función de sus intereses, han permitido que buena parte del territorio, al sur del Orinoco, esté bajo control de las mafias del oro y del coltán, narcotráfico y del ELN. También, zonas de ciudades o la frontera con Colombia, estén, fundamentalmente, controladas por la criminalidad organizada. Se afirma que el Estado está penetrado por el narcotráfico.
La pandilla gobernante cívico-militar, tratando de evitar su responsabilidad y buscando impunidad, ha negociado acuerdos, pero, cínicamente, los interpreta a su conveniencia, con maniobras y celadas los viola, siendo condenado por la comunidad internacional. Lo más reciente ha sido gigantesco robo electoral propinando un golpe de Estado contra la soberanía popular. En la comunidad jurídica internacional y nacional (decente) no hay duda de la designación fraudulenta de Maduro. Tampoco, hay duda, que la pandilla que ha conformado la oligarquía cívico-militar gobernante están incursos en delitos graves, nacional e internacionalmente, que los hacen merecedores de juzgamiento en la Corte Penal Internacional. Así pues, la pandilla gobernante cívico-militar es el forajido.
Rodrigo Rivera Morales es doctor en Derecho Procesal y constitucional. Bloque Constitucional Capitulo España.
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