La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un nuevo informe en el que se detallan graves denuncias que dan cuenta de la reiteración de las violaciones de los más elementales derechos humanos en Venezuela. Bachelet destacó en este último reporte que “su oficina siguió documentando casos de torturas y detenciones arbitrarias en el país”. La expresidente chilena asegura en su pesquisa que “continúan los asesinatos de civiles por parte de los organismos policiales de la administración de Maduro”.
En los expedientes correspondientes a seis casos específicos se determina la responsabilidad de miembros de las fuerzas de seguridad del régimen madurista, describiendo en las cuartillas de dichos expedientes “el modus operandi de los funcionarios en barrios marginados, incluso en Caracas y El Tocuyo (estado de Lara) que resultaron en la privación de la vida”. Según consta en esos informes que se pudieron escribir, una vez verificadas las denuncias y consumadas las investigaciones de rigor, “en al menos tres casos, el fallecido habría sufrido presuntamente tortura o malos tratos antes de su muerte». En esta otra etapa de las investigaciones de la ONU se reitera la condena a los procedimientos del Servicio Bolivariano de Inteligencia y de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional.
A esta reciente declaración debería agregarse la manera como se continúan manipulando los tribunales para sentenciar caprichosamente y acatando, no lo que establecen las leyes vigentes de la República, sino las vilezas de la dictadura a la que responden los jueces que por ejemplo, sentenciaron a los guardias nacionales presos en la cárcel militar de Ramo Verde.
No menos significativa es la denuncia según la cual el régimen venezolano presionó a empresas telefónicas para espiar a centenares de ciudadanos del país, lo cual implica otro despreciable mecanismo de persecución política contra los que disienten de las ignominias cometidas por la dictadura imperante.