«En Venezuela, hay elementos claros para hablar de resistencia activa. Es la resistencia de las ideas y de las palabras, librada en los espacios de conocimiento y saber que se oponen a la política de la barbarie» Jo-Ann Peña Angulo.
Una crisis multidimensional, prolongada y profunda, como la que ahora vivimos en el país, es visualizada a partir de ópticas distintas y contrapuestas. En las respuestas a la pregunta de qué ocurre en Venezuela cuando comienza a transcurrir el año 2019, dos posiciones destacan al respecto. Por un lado, tenemos el punto de vista que se repite una y otra vez en el discurso gubernamental. La cantaleta de las supuestas guerras contra el gobierno. La “guerra económica” que se le atribuye a la derecha venezolana y a sus aliados imperiales. La inventada guerra de uno u otro factor terrorista con propósitos desestabilizadores y golpistas. Son las guerras de ficción fabricadas por quienes detentan el poder para intentar evadir su responsabilidad en la tragedia nacional que en las circunstancias actuales tiende a agravarse aún más. Son pretextos para desconocer y descalificar las graves acusaciones y sanciones en contra de personeros del régimen por parte del gobierno de otros países. También para justificar la represión, acusación y encarcelamiento de ciudadanos y adversarios políticos tildados de enemigos. En fin, es una respuesta típicamente orwelliana del régimen para tratar de ocultar las verdaderas raíces de una crisis de grandes proporciones.
Por otro lado, está el planteamiento de que el estado de gravedad por el cual atraviesa Venezuela responde de modo esencial a lo que la ONU ha denominado, desde finales de la década de los ochenta del siglo pasado, una emergencia humanitaria compleja. Este término, de carácter fundamentalmente político, designa una situación provocada por la interrelación de una multiplicidad de factores –políticos, económicos y socioculturales– que impacta de modo grave en todos los órdenes de vida y requiere de una respuesta internacional con base en un mandato múltiple para actuar en varios frentes.
Algunos signos de esa emergencia humanitaria compleja que hoy agobia al país y amenaza con recrudecerse e impactar con mayor fuerza más allá de nuestras fronteras nacionales, son los siguientes: desmantelamiento de la institucionalidad democrática, con un Estado incapaz de asegurar la gobernabilidad; destrucción del aparato productivo nacional y empobrecimiento masivo de la población hasta niveles propios de la supervivencia, al ritmo de un demoledor proceso hiperinflacionario sin precedentes; precarización de las condiciones que se juzgan indispensables para garantizar el derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo, a la educación; tendencia creciente al colapso total de los servicios públicos (agua, electricidad, gas, teléfono, transporte, etc.); descomunal corrupción; alarmantes cifras de criminalidad; huida migratoria de millones de connacionales a diversos países; brutal represión y criminalización de la protesta; fuerte censura comunicacional y asfixia progresiva de la libertad de prensa.
Esa crisis de extrema gravedad es el resultado del accionar de un Estado que ha devenido tanto en un Estado Forajido como en un Estado Fallido, con un régimen de facto y de vocación totalitaria, con un usurpador del cargo de presidente de la República, carente de legitimidad tanto de desempeño como de origen, claramente evidenciado esto último el 10 de enero de este año, al juramentarse Nicolás Maduro ante un ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia después de obtener la victoria en los comicios presidenciales fraudulentos del 20 de mayo de 2018.