Lamentablemente Venezuela hoy se encuentra en el peor de los dos mundos: por un lado, Maduro sigue en el poder y tomando decisiones en materia económica, política y social; por el otro, somos víctimas de una batería de sanciones que amenaza con exacerbar una crisis económica sin precedentes en la región.
Una cosa son las sanciones directas a miembros de la élite gobernante, que buscarían generar quiebres e investigaciones sobre el origen de fortunas de empleados públicos, pero otra muy diferente es cuando se toman medidas que afectan a la población completa de un país. Las primeras son sanciones individuales, con efectos focalizados en el sancionado, su familia y socios, mientras que las segundas van directamente en contra de poblaciones enteras con efectos muy negativos.
Sobre casos de países sancionados se ha escrito mucho y las conclusiones son claras: lejos de promover democracias liberales, las sanciones tienden a convertir a los países que las sufren en más autoritarios, a elevar la represión interna, además de empeorar el escenario económico-social y generar emigraciones entre la clase profesional (Peter Beinart, How sanctions feed authoritarianism). Por otra parte, en 2009 Dursen Peksen de la Universidad de Memphis encontró que entre 1981 y 2000, las sanciones contribuyeron a una significativa erosión de los derechos humanos en los países donde fueron impuestas. Estudios posteriores concluyen que las sanciones aumentaron el poder del régimen (que se buscaba fracturar) en los países sancionados y disminuía el de la oposición (a la que se buscaba empoderar).
Afganistán, Irán, Irak, Cuba, Corea del Norte, Sudán, Birmania, Zimbabue, Siria, Congo, Somalia, Costa de Marfil y ahora Venezuela, son algunos de los países que han sido víctimas de sanciones económicas en el pasado, sin embargo, en ninguno de ellos se generó algún cambio político. Cuba es tal vez el caso más emblemático y cercano que tenemos los venezolanos. La isla ha tenido sanciones por casi 60 años, no obstante, los Castro han gobernado con tranquilidad desde 1959, mientras su población ha sufrido cualquier cantidad de limitaciones (incluyendo el terrible “período especial”), además de constantes violaciones de los derechos humanos. Irán es otro país que ha pasado mucho tiempo sancionado (si bien es cierto, estas iniciaron en 1979, fue en 2010, ante acusaciones de estar desarrollando un programa de armas nucleares, que se ejecutaron en su contra un conjunto de fuertes sanciones al comercio que limitaron de manera importante sus exportaciones). Para 2014 la población iraní en situación de pobreza se había duplicado (vs como estaban antes de la radicalización de las sanciones) y el país tenía indicadores muy negativos en términos de escasez de comida y medicinas (el consumo de carne roja y pan había disminuido en 2016 a la mitad, comparado con el año 1996).
Es importante tener en cuenta que en ningún momento estamos diciendo que la tragedia económica venezolana inicia con las sanciones. Es irresponsable sostener eso, hay suficiente evidencia para probar que cuando las sanciones llegaron, ya esta economía sufría una enorme crisis. El propio Banco Central de Venezuela lo dice en la data que recientemente publicó. Lo que sí está claro es que las sanciones son una espada de Damocles que genera innumerables problemas para los venezolanos y muy pocos (o ninguno) para el grupo que está en el poder. Desde cierres de cuentas en bancos norteamericanos, problemas de visado, dificultades para viajar a Estados Unidos, hasta caída en la producción de petróleo, gasolina, diésel y colocación de exportaciones por parte de Pdvsa. Mientras más tiempo Venezuela tenga sanciones económicas y petroleras, a pesar de que se tomen medidas de liberalización en lo interno, más pequeño se nos hará el mundo, más difícil se volverá la situación económica y las probabilidades de más problemas serán mayores.