El régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino está intentando simular que en Venezuela hay separación de poderes. La presión que ejercen las sanciones de varios países y los procesos judiciales en curso, en particular, las investigaciones que adelanta la Corte Penal Internacional, lo obligan a ello.
Estos ejercicios de simulación explican las detenciones que se han producido en los días recientes: unos pocos peones del gran tablero del contrabando de gasolina, que tiene más de cinco años operando en todo el país, han sido capturados y llevados a prisión. Entre esos peones hay militares, autoridades civiles y empresarios, sacrificados para cumplir con los requisitos de la escenificación. Pero el caso de la gasolina, uno entre muchos otros, es un ejemplo de lo que me propongo argumentar.
La crisis causada por la escasez de combustibles viene produciéndose, aproximadamente, desde hace seis años. Las colas, desde la madrugada y hasta desde la noche anterior, comenzaron en 2016. Desde el primer momento, mafias de las unidades de distribución de Pdvsa, transportistas, militares, autoridades del PSUV y propietarios de las estaciones de servicio, armaron sus redes. No se trató nunca de una operación encubierta. Caravanas de enormes camiones con gasolina salían rumbo a las fronteras protegidas por escoltas uniformados.También contrabando de pequeños bidones, reventa de combustible, a 3 y 4 dólares por litro, en estacionamientos de institutos gubernamentales.
En los portales informativos, en las redes sociales, en la web de El Nacional se publicaron las imágenes de los camiones en las proximidades de la frontera. ¿Actuaron las autoridades militares, los tribunales, el fiscal, el Alto Mando Militar, Maduro o sus ministros, para impedir este evidente desangramiento de la economía venezolana, mientras las colas crecían en extensión, número de horas y tensión para los usuarios? ¿Impidieron el ejercicio de arbitrariedad, la violencia de milicianos y uniformados contra los usuarios? ¿Intentaron evitar el cobro de coimas en dólares y euros para acceder a unos litros de gasolina, durante semanas, meses y años?
Venezuela se llenó de casos, denuncias de los abusos, testimonios de quienes fueron extorsionados. La sociedad entera, testigo y víctima de estos hechos, hablaba de ello, dentro y fuera de sus hogares. ¿Hizo algo el poder por evitar estos padecimientos, entre los que cuentan, la muerte de personas en las colas, impactados por la descompensación física y anímica, la falta de sueño, la sed, el hambre y la incertidumbre de la espera? ¿Es que alguien puede negar que una irregularidad tan extendida, recurrente, visible, descarada, de enormes consecuencias para la población, se produjo como resultado de la acción de un poder único, tentacular, coordinado y dispuesto a actuar en contra de los intereses del país y de la sociedad, sin escrúpulo alguno?
Esta estructura de sometimiento, extorsión, arbitrariedad, uso de la fuerza, erradicación total de los derechos de los ciudadanos, ausencia total de instituciones, y un extendido estatuto donde no hay otra ley que la del poder único y aplastante que no cesa de actuar en contra de los ciudadanos, que ha asaltado los recursos públicos, que se ha apropiado de las riquezas y actúa con total impunidad, es la más contundente ratificación de que en Venezuela el régimen controla todos los poderes sin excepción. Y que los ejerce, minuto a minuto, en contra de los ciudadanos.
Esta estructura es un modelo presente en la burla de los programas sociales, en las cajas con alimentos podridos que distribuyen los CLAP, en el funcionamiento de puertos y aeropuertos, en el acecho y extorsión que se ejercen sobre las empresas, en la destrucción de los servicios públicos, en las medidas que impiden que los venezolanos que viven fuera de Venezuela puedan obtener una cédula de identidad o un pasaporte a tiempo, con lo cual se viola uno de los más elementales derechos de cualquier ser humano del mundo: el derecho a la ciudadanía.
El rasgo esencial del modelo único e indisociable de dominación ─por encima de las facciones que puedan existir, como el clan Maduro & Flores, el clan Cabello, el clan Rodríguez, el clan Padrino & Putin, el clan ELN, el clan ex FARC, el clan Saab 1, el clan Saab 2, el clan Amoroso, el clan Moreno, el clan Russian, etcétera─ es la impunidad. Los clanes pueden disputarse controles, cargos, contratos y botines, darse codazos y empujones, pero siempre bajo la premisa de que la impunidad de todos esté garantizada. Ese es el factor determinante, la condición irreducible del régimen de poder único que hay en Venezuela: que sus cabezas visibles tienen licencia para hacer lo que quieran, seguros de que nada detendrá sus apetitos.
Esto es exactamente lo que ha ocurrido en contra de la C. A. Editora El Nacional. El sistema judicial, las fuerzas armadas y el alto poder del régimen le han permitido a uno de sus miembros violar el Estado de Derecho para apropiarse de la sede y de sus bienes, y le han prestado sus herramientas y recursos para llevar a cabo una operación de atropellos y robos de la propiedad, por delitos inventados que nunca se cometieron. Para que Cabello haya logrado apropiarse de El Nacional ha contado con avales y apoyos concretísimos. Es todo un régimen el que se ha abalanzado en contra de una empresa periodística de casi 78 años. Repito: ha sido obra de un poder único, indivisible, voraz y criminal.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional