Venezolanos sancionados

Selva del Darién. Archivo. Foto: AFP/ Raúl Arboleda

Resulta no menos que una burla para los venezolanos que padecen diariamente la catástrofe que caracteriza actualmente a Venezuela, que mientras esa crisis se acrecienta, sus responsables directos, encabezados por el dictador Nicolás Maduro, pretendan que se les levanten las sanciones que sobre ellos pesan.

Diariamente centenares de ciudadanos venezolanos, de todas las edades y diferentes géneros, tienen que arriesgar sus vidas cruzando el peligrosísimo punto de Darién, ese espacio selvático entre Panamá y Colombia considerado actualmente como la ruta migratoria más letal del continente americano. O las familias que se exponen a morir ahogadas mientras cruzan las corrientes del río Bravo que baña las fronteras naturales entre México y Estados Unidos. Esas calamidades las continúan padeciendo los ciudadanos venezolanos que buscan liberarse de los rigores que se derivan de la feroz dictadura que lidera Nicolás Maduro, quien se presenta como «el inocente que no ha matado ni una mosca», cuando bien se sabe que sobre él y sus compinches pesan fajos de expedientes, en los que constan sus fechorías, que van desde sus alianzas con el narcotráfico, hasta los asesinatos por los que se les investiga en la Corte penal Internacional.

Resulta, por lo antes dicho, reprochable desde todo punto de vista que, con todo ese oscuro historial que los envuelve, ahora esos perpetradores de crímenes de lesa humanidad tramiten levantamiento de sanciones que, como tantas veces se ha explicado, no son contra los venezolanos, sino contra los personajes que han cometido infinidad de delitos de toda índole, por cuyas andanzas nuestro país y su pueblo acusa la tragedia que aspiramos a superar, una vez que hayan sido desalojados de los poderes que usurpan.

No es menos que una paradoja inaceptable que mientras el costo de la vida acorrala como una gran sanción a los pensionados y jubilados que reciben una miseria después de haberle dado su vida entera a Venezuela, los que acabaron con sus fideicomisos y los que desmantelaron el sistema de pólizas de seguros HCM que servía para amparar la salud de sus familiares, ahora se muestren «muy tranquilos», clamando que les levanten las sanciones, nada más y nada menos que a los culpables de ese descomunal desastre que tiene a Venezuela trasformada en la base de operaciones del narcotráfico internacional.

Mientras que a las familias venezolanas las castigan o sancionan con la crisis de servicios públicos más severa que se haya dado en este continente, a los que se robaron los dineros destinados a mejorar el sistema eléctrico, o los acueductos para distribuir agua potable o construir las nuevas líneas del Metro de Caracas, los quieren premiar sacándolos de las listas de sancionados por haber sido calificados como parte de ese entramado de corruptelas que se devoró más de 600.000 millones de dólares relacionados con la renta petrolera venezolana.

Ante tal desproporción, debemos seguir alzando nuestras voces para que tales transgresiones no queden impunes. Como tantas veces lo hemos aclarado, no se trata de abrigar sentimientos vengativos, sino de entender que hay que castigar a quienes se siguen burlando de los venezolanos y aspiran a enrostrarle cínicamente a la gente que sufre por tales faltas, que ellos pueden comprarlo todo. Pues bien no debe ser así, por lo tanto hay que persistir en el reclamo de que se castigue a los que tienen esa cuenta pendiente con la justicia.