Hagamos memoria: una vez que se aprobó el Pacto para la Paz de Colombia negociado en La Habana en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la cúpula de las FARC, el país tuvo la ocasión de manifestarse sobre dicho convenio en un referéndum. Los colombianos decidieron con 50,2% de los votos rechazar los acuerdos de paz.
Hoy es posible decir que fue este rechazo uno de los principales componentes de la victoria en las urnas del presidente Iván Duque. Se pensaba, en aquel entonces, que un nuevo gobierno podría modificar la Justicia Especial para la Paz, esa especie de engendro legal que colocaba del lado de los criminales todas las facilidades para que sus destrozos fueran puestos de lado primero y olvidados después.
Un único y tímido intento de hacer ajustes a este esquema legal, de parte del recién electo Iván Duque dio al traste con los deseos de al menos la mitad del país. El presidente, muy debilitado por ese fallido esfuerzo, no encontró otra vía sino la de seguir adelante, conseguir los recursos y sancionar la ley, con lo cual se abrió entre él y su partido una importante grieta.
Hoy el Centro Democrático con Álvaro Uribe a la cabeza vuelve por los fueros y reaviva la diatriba con respecto a la inconveniencia de los beneficios que la justicia transicional les otorga a los insurgentes de las FARC, solo que ahora la vía parece ser otra.
El ex presidente Uribe y la senadora Paloma Valencia anunciaron hace días un proyecto de reforma constitucional que llevaría como fin la creación de una sala especial dentro de las JEP cuyo único propósito sea hacerse cargo de los juicios a los miembros de la fuerza pública y al estudio de los delitos cometidos por ellos dentro del marco del conflicto.
El esquema que proponen luce bastante alambicado y las posibilidades de éxito son precarias porque la paz de La Habana y la JEP como su instrumento tienen sus defensores y el gobierno es débil en apoyos parlamentarios. Conociendo a Uribe como uno de esos batalladores que no dan su brazo a torcer con facilidad, es necesario imaginar cuál otra intención estaría animando al tesonero ex mandatario.
Algunos avanzan la tesis de que Uribe pudiera hacer de este tema del rechazo a la JEP un elemento clave de la campaña de las elecciones regionales. Y es que allí se decidirán los ciudadanos que ocuparán 1.101 alcaldías, 1.102 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y 6.000 juntas administradoras locales. En la contienda electoral de octubre se juega la consolidación de una base territorial necesaria para acceder al gobierno en 2022, con actores e intereses distintos a los de las elecciones nacionales.
Este es, sin duda, terreno fértil para desempolvar nuevamente el tema de la equivocada Justicia para la Paz porque es en cada región del interior del país donde más se viven las distorsiones del retorno del país a la paz prometida y las tropelías cometidas por los efectivos de las FARC, por su disidencia, por el paramilitarismo. En las regiones las dinámicas ilegales y del conflicto armado tienen un impacto muy superior a las ciudades, así como el protagonismo de la criminalidad, que es la frecuente resulta de la instrumentación de la justicia transicional.
Especulación o certeza, lo que es claro es que el tesonero Álvaro Uribe no da puntada sin dedal y que con un Duque débil en el poder alguien tiene que sostener el timón con fuerza.