La dictadura del farcsantismo está avanzado a pasos agigantados en su tarea de consolidar el proceso de implantación del socialismo del siglo XXI en Colombia.
Esta dictadura se instauró con el desconocimiento de la voluntad popular expresada en el plebiscito de octubre de 2016, siguiendo con la ilegal introducción del acuerdo Santos- Timo en la Constitución y el ejercicio de cogobierno de los narcoterroristas a través de las cortes dominadas totalmente por el farcsantismo y la JEP, justicia especial para la impunidad de los narcoterroristas y persecución de los defensores de la democracia, amén de que casi toda decisión gubernamental está sometida al veto de las FARC a través de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, verdadero supragobierno; en fin, toda legislación, fallo judicial o decisión del Ejecutivo está sometido a la voluntad del Secretariado de las FARC, la cual por gracia de ese acuerdo protege sus negocios ilegales y continúa con las acciones criminales, a través de las denominadas disidencias, o sea, en su implementación de las formas de lucha, la cual ha sido la base de su acción desde sus inicios.
Pero esto no se limita allí, el narcoterrorismo, siguiendo los lineamientos del marxismo cultural, postulado por Gramsci, ha cooptado las instituciones que irresponsablemente se han plegado a sus dictados, véase cómo la mayoría de los partidos, los medios, los gremios, la jerarquía de la Iglesia Católica, la academia, los sindicatos y un largo etcétera de asociaciones de la sociedad civil se plegaron a la farsa de la paz de Santos, sin reparar en que ese discurso obedecía a una estrategia de las FARC para intentar tomar el poder, como de hecho lo ha realizado (https://www.youtube.com/watch?v=2QD38xS6LYo ).
Lo que comenzó como una simple estrategia de confabulación para limpiar su terrorífica imagen y obtener de su asociado Juan hampa las prerrogativas de impunidad, elegibilidad y continuación de sus negociaos ilícitos, se ha afianzado y ya está en los niveles de una implantación de un régimen de terror que busca amilanar a los colombianos en su persistente rechazo de los criminales de lesa humanidad del narcoterrorismo, a través de diferentes acosamientos que van desde los militares (intimidación a través de la prensa sorista internacional y fallos judiciales de los carteles de la toga y la coca en contra de oficiales inocentes) hasta los niños ( incitándolos a la drogadicción). ¡Nadie se salva del hostigamiento de los narcoterroristas!
La equivocada conducta del liderazgo nacional de dejar que se implantara la dictadura del farcsantismo, desde el mismo momento que se resignó al desconocimiento del plebiscito, hasta la política de implementación del acuerdo por el gobierno de Duque y el acatamiento de abominables fallos de los carteles de la toga y de la coca favoreciendo al narcoterrorismo, ha permitido la consolidación de la dictadura del farcsantismo y posibilitado que nos acerquemos fatídicamente al socialismo del siglo XXI venezolano. La misma actitud que tuvo el liderazgo venezolano de señalar que Venezuela no era Cuba, lo está haciendo el liderazgo colombiano al reiterar que Colombia no es Venezuela, cuidado, esa falsa creencia es lo que quieren las FARC para implantarse definitivamente en el poder. El CD está cometiendo el mismo error que la MUD, pensar que por medios electorales e institucionales se puede combatir una tiranía comunista y narcoterrorista, esforzándose en el Congreso en modificar el acuerdo de entrega del país a las FARC. Craso error, repito, el Parlamento está cooptado por el narcoterrorismo y nada saldrá de allí en contra de la implantación del socialismo del siglo XXI en Colombia.
El culmen de la acción terrorista del farcsantismo está en la utilización de la justicia para la persecución de los enemigos del narcoterrorismo comunista. Está desde hace una década demostrada la villanía de la Corte Suprema de Justicia, o sea, el cartel de la toga, contra el presidente Uribe. Ese cartel junto con la corrupta y dictatorial Corte Constitucional y el pusilánime Consejo de Estado, además del adefesio de la JEP deben ser derogados, pues no son más que carteles judiciales a la orden de los criminales de lesa humanidad de las FARC. Es estúpido buscar la reforma de la justicia en consenso con esos mismos magistrados criminales y los comunistas y sus compañeros de ruta en el Congreso, es menester derogarlos llamando al Constituyente primario, sea por referéndum revocatorio (no aprobatorio) o por una Constituyente.
Soy de la opinión de que los carteles de la toga y la coca no descansarán hasta cumplir la orden del farcsantismo de poner preso al presidente Uribe. Cuando lo logren, si los dejamos, será el fin no solo de la democracia sino de la república, hay que hacer hasta lo imposible para evitar un narcoestado como en Venezuela, pues ¡Uribe preso, válgame Dios!