Venezuela está a las puertas de recuperar su democracia y su libertad. Se confirma que los esfuerzos y sacrificios ofrendados por los ciudadanos venezolanos, aunados con la solidaridad manifiesta de la comunidad internacional, no han sido estériles.
Hoy, mientras millones de venezolanos, tanto los que están dentro del país como los que estamos desterrados, son atormentados por las penurias que aplica un régimen feroz, drama al que se suma esta terrible pandemia (covid-19) que amenaza la salud y vidas de seres humanos en todo el mundo, se recibe la alentadora información de que Nicolás Maduro (quien pasó de ex jefe del Estado a ser jefe de un cártel de drogas) y otros individuos más, han sido imputados por diligencias suficientemente fundamentadas, que no dan lugar a dudas, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con base en investigaciones realizadas desde hace más de 10 años y ventiladas en Tribunales Federales de ese país.
La tormenta que azota al país se agrava cada minuto, lo último es que la petrolera rusa canceló sus operaciones insinuándole a Maduro que es hora de “apagar la luz y cerrar la puerta”.
Se confirma lo que tantas veces se ha denunciado ante la ciudadanía venezolana y en escenarios internacionales: en Venezuela opera una banda delincuencial que usurpa las instituciones públicas, de las cuales deben ser desalojados cuanto antes. En ese sentido, Alianza Bravo Pueblo, respalda:
Hacer las diligencias indispensables para conformar e instalar, urgentemente, un gobierno de salvación nacional, por lo que estimamos que tiene razón el presidente Juan Guaidó de proceder, cuanto antes y con carácter de emergencia, a instalar los pilares, con una base sólida de carácter unitario, sin exclusiones de naturaleza sectaria, que esté en capacidad de asumir la tarea de encarar esta catástrofe que conmueve a los venezolanos y preocupa a la comunidad internacional. Desde luego que es obvio que ese gobierno de emergencia no admite a los responsables de la catástrofe humanitaria que padece Venezuela, a los señalados como responsables de actos de narcotráfico, terrorismo, corrupción y violación de derechos humanos.
Insistir en conminar a los miembros de la Fuerza Armada Nacional, que nada tengan que ver con narcotráfico y terrorismo, a que procedan cuanto antes a cumplir con sus obligaciones constitucionales y en consecuencia detengan a los integrantes de la banda delincuencial en referencia.
Que el presidente interino Juan Guaidó, proceda a restablecer relaciones con la DEA a los efectos de que este organismo se aboque, en combinación con fuerzas de seguridad legítimas venezolanas, a realizar las labores que le son inherentes.
Que la Asamblea Nacional debata respecto a la garantía de amnistía que se le debe ofrecer a los militares y funcionarios policiales que cooperen en lograr el cese de la usurpación y reducción a los imputados de los delitos antes señalados.
Hacer los esfuerzos para que se produzca cuanto antes la libertad de los presos políticos en Venezuela, el retorno de los perseguidos y restablecimiento de derechos plenos a los editores Miguel Enrique Otero, Alberto Federico Ravell, David Morán, Beatriz de Majo, Leopoldo López Gil, Teodoro Petkoff (+) y demás personalidades que fueron víctimas de un linchamiento judicial patrocinado por Diosdado Cabello.
Respaldamos la conformación de un fondo de salvación nacional, que permita a un gobierno de esa naturaleza asistir a los millones de venezolanos acorralados en la pobreza, la hambruna y la crisis compleja, de salud y servicios, en la que sobreviven en la actualidad. Este fondo debe estipular también un capítulo conforme al cual se atienda por igual a los más de 5 millones de venezolanos refugiados en muchas partes del mundo. La administración de dichos recursos debe hacerse con absoluta decencia, moralidad y transparencia.