La crisis hiperinflacionaria generada por la emisión indiscriminada y acelerada de dinero inorgánico –aunque una economista muy dada en medios oficiales diga lo contrario-, y en esta parte de la historia que el transaccional electrónico ha sustituido por completo la impresión de billetes o monedas, no solo influye con mayor rapidez sobre la aceleración inmisericorde de los precios como efecto de la devaluación permanente y sistemática del bolívar en relación con las divisas o sus similares extranjeras, sino que tal descontrol y anarquía sobre la economía ha terminado por destruir los salarios y pensiones, a tal punto que en el caso venezolano, el ingreso mínimo de los trabajadores y pensionados, ni siquiera llega a los 2 dólares mensuales, convirtiéndolo no solo en el más bajo del mundo, sino en prácticamente inexistente en el contexto de las relaciones laborales, en especial aquellos dependientes del sector público.
En efecto, la hiperinflación y la destrucción salarial fue lo que generó una emigración estimada de 5 millones de connacionales hacia diversos espacios geográficos, fundamentalmente de América Latina, Europa y Estados Unidos, quienes de uno u otro modo ahora son los corresponsables en la manutención de no menos de 2,5 millones de familias –aproximadamente 10 millones de venezolanos– que dependen de manera directa del aporte de sus familiares o amigos del exterior para la adquisición de alimentos y pago de servicios básicos, lo cual si multiplicamos ese número de familias en promedio por 100 dólares, nos generaría como resultado 250 millones de esa moneda de manera mensual, y por ende, 3.000 millones de dólares anuales que estarían ingresando a nuestro país, y que en esencia, me atrevería a asegurar, ha sido ese caudal de dinero que ha permitido disminuir las tensiones sociales y evitar que la crisis aún no haya desembocado en espacios no deseados por la mayoría de venezolanos.
No obstante, si asumimos que nuestra actual población está cercana o supera los 30 millones de personas, y de ellos 15 millones componen en un tercio su reciente población emigrante y los otros dos tercios son beneficiarios directos de ese 33,33% que se marchó del país, quiere decir que más o menos una misma cantidad de venezolanos, representada aproximadamente en la otra mitad de ciudadanos no reciben ningún tipo de ingreso en moneda extranjera, y por ende, se encuentran en una compleja, difícil y muy empobrecida situación tanto en lo económico como en lo social.
En consecuencia, si también asumimos que de esos 15 millones de personas sin ingresos por intermedio de remesas o divisas, una tercera parte de ellos se encuentra formando parte de la población estudiantil en cualquiera de sus distintos niveles, no exageramos al decir que alrededor de unos 10 millones de venezolanos entre trabajadores y pensionados están condenados a sobrevivir con los “ingresos” que perciben en bolívares, o sea, simplemente a formar parte de 50’% de compatriotas que estaría conformando los espacios de la pobreza crítica o miserable.
Ante semejante realidad, se hace urgente la recomposición del salario en Venezuela, y ello durante los tres primeros años, sólo es posible con endeudamiento externo, mientras el país con un plan económico serio y creíble no solo nivele las finanzas públicas, promueva una clara inversión extranjera en todos los estamentos de la economía, restablezca condiciones impositivas favorables para los municipios y estados, y por supuesto, se pueda recuperar la industria petrolera como elemento fundamental en las actividades productivas y de desarrollo integral de la nación.
En tal sentido, si asumimos que el país cuenta con unos tres millones de pensionados y unos cuatro millones de empleados públicos, la cifra se eleva en siete millones de personas dependientes directamente del Estado, e independientemente que dentro de ese grupo, parte de la población sea beneficiaria de ingresos desde el exterior, es claro que si se establece un ingreso mínimo gradual de 50, 75 y 100 dólares para los próximos tres años, Venezuela necesitaría en ese orden de 5.600.000.000, 8.400.000.000 y 11.200.000.000 de dólares, respectivamente, para cubrir ingresos mínimos que vayan generando tanto en trabajadores como pensionados condiciones parciales de digna alimentación, entendiendo que en esos montos estarían incluidos además de los 12 meses de salarios o pensiones, 30 días de vacaciones y 90 días por conceptos de aguinaldos.
O sea, si asumimos que la mitad de esos montos debe generarlos por ingresos propios de sus actividades en la recaudación de impuestos, como de concesiones y recuperación parcial de la industria petrolera, el Estado tendría que recurrir a 12.600.000.000 en préstamos, lo que equivaldría a 4.200.000.000 de dólares en préstamos internacionales durante 3 años consecutivos, solo para fortalecer la economía desde el punto de vista estrictamente de ingresos monetarios mínimos que permitan beneficiar a 50% de los venezolanos.
Crear y generar condiciones reales que permitan recomponer de manera inmediata los ingresos de los trabajadores y pensionados resulta esencial, fundamental e impostergable, y únicamente será posible cuando se cierre la llave del dinero inorgánico, se acepte oficialmente la dolarización de la economía, se fortalezca la inversión extranjera con máxima de respeto por la institucionalidad jurídica, y que cada sector de fuerza productiva o jubilados tengan la autonomía en la administración de sus recursos para evitar la corrupción y el desvío de fondos públicos.
No podemos seguir improvisando y menos seguir achacando a otros la destrucción salarial de los trabajadores y pensionados. Urgente la recomposición del salario en Venezuela ¿Cómo hacerlo? Muchos venezolanos tienen la solución ¿Serán escuchadas sus propuestas en un marco amplio y sincero de diálogo por resolver nuestros problemas? Quienes gobiernan el país están obligados a solucionar este problema sin ambigüedades ni mezquindades. Venezuela nos necesita a todos.