“La pretendida horizontalización de las universidades no solo anuncia su definitiva ruina en manos de la quincalla populista, sino que, como su consecuencia directa, el país entero quedará sumergido en la peor mediocridad borreguil, tan grata a los gánsteres que administran el narcoterrorismo en Venezuela y que ponen en riesgo la propia civilización occidental”. José Rafael Herrera. «La lección de Unamuno». El Nacional, 10/10/2019.
I) El régimen chavista ha dado un paso adelante y de mayor profundidad en el proceso de intervención que desde hace tiempo lleva a cabo por distintas vías contra la universidad autónoma venezolana. Al asfixiante acoso presupuestario que mantiene hoy en las universidades y a las desestabilizadoras intromisiones judiciales ocurridas en ellas en años anteriores, se le suma en fecha reciente una sentencia inconstitucional del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, la cual distorsiona el concepto de comunidad académica establecido en la Constitución, viola la autonomía como principio y jerarquía y además persigue la conversión de nuestras casas de estudio en sumisas agencias gubernamentales al servicio del oscurantismo de ese adefesio llamado socialismo bolivariano. Subyace en tal arremetida el propósito de alinear la enseñanza y la investigación universitaria con el Plan de la Patria y el socialismo del siglo XXI –con toda su carga ideológica y totalitaria– como bien lo expresaron los integrantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela en una rueda de prensa efectuada el 23 de septiembre del año en curso.
II) La sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena la celebración de elecciones de autoridades en la Universidad Central de Venezuela y en otros centros de estudio mediante un régimen transitorio que viola el artículo 109 de la Constitución y suspende los artículos 31, 32 y 65 de la vigente Ley de Universidades, incentiva una mayor desestabilización precisamente en aquellas universidades públicas que aún no han sido secuestradas por el régimen. Dicha sentencia contraviene el derecho de la universidad autónoma a darse sus normas de gobierno con apego a lo estipulado en nuestra carta magna. Asimismo, exacerba peligrosamente lo político al pretender utilizar en esas instituciones de naturaleza académica los criterios que privan, entre otros casos, en las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados y presidente de la República, con consecuencias perversas inimaginables en la dinámica de las diversas prácticas académicas y en la misión que están llamadas a cumplir nuestras universidades.
III) La decisión del Consejo Nacional de Universidades, en sesión del 03/10/2019, de designar con mayoría oficialista una “Alta Comisión de Defensa de la Autonomía Democrática de las Universidades Venezolanas”, revela con claridad la intención gubernamental de dar los pasos necesarios para acatar e implementar la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia; una decisión enmarcada seguramente en lo que pretende el régimen con el denominado Plan Nacional de Cambio, Renovación y Rectificación para la Educación Universitaria. La pregunta es inevitable, ¿cómo congeniar la defensa de la autonomía universitaria con el acatamiento de una sentencia inconstitucional del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia? Aquí nos encontramos con esa curiosa “capacidad de sostener dos creencias contradictorias de manera simultánea y aceptar ambas a la vez” (Doblepiensa, a la cual se refiere Orwell en su novela 1984), propia de un régimen autoritario y de vocación totalitaria que apunta en nuestro caso al aniquilamiento definitivo de la autonomía universitaria y a la intervención de las universidades.
IV) ¿Estamos condenados a resignarnos y a aceptar la arbitraria e inconstitucional reforma del reglamento electoral universitario que quiere imponernos el régimen para realizar dentro de pocos meses las elecciones de autoridades universitarias que tengan el período vencido? No, por supuesto. La letargia no es lo aconsejable en estas difíciles circunstancias. Tampoco sucumbir a la tentación de participar en dichas elecciones con esos términos inconstitucionales, con la creencia de que podemos salir victoriosos a pesar de todo. La respuesta necesitamos darla con el aliento y la fuerza de los diferentes sectores de la vida universitaria debidamente cohesionados, organizados y movilizados, en función de acuerdos mínimos que puedan alcanzarse mediante el diálogo. Sin duda, esto no es algo fácil, pero hay que insistir en ello. Además, es preciso potenciarla con la articulación de acciones con otras instituciones y organizaciones que tanto en el plano nacional como internacional luchan hoy por la libertad y la democracia en Venezuela. Lo que procede y conviene es que las autoridades de todas nuestras universidades autónomas,ceñidas a la Ley de Universidades y al artículo 109 de la Constitución, con el apoyo de la comunidad académica y de todos los gremios, sin exclusiones, convoquen a elecciones en un plazo y en un día estratégico.
¡No solo hay que defender la autonomía, es preciso procurar ejercerla por encima de las dificultades!