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Lo anunciado por el Estado el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajador, fue una estocada mortal al salario y el entierro de las prestaciones sociales de toda la clase trabajadora.
Aquí la única guerra es la generada por el mismo Estado en contra del bienestar social y calidad de vida de los venezolanos, pues la hiperinflación y la trama de la corrupción sepultaron el poder adquisitivo haciendo imposible alcanzar artículos de la canasta básica.
El Estado profundiza la desigualdad social y asoma políticas de discriminación al conceder buenos salarios y seguridad social a altos funcionarios de los poderes públicos y al sector militar, mientras que pensionados, jubilados, docentes y trabajadores de la administración pública en general, que se coman un cable.
Quiero aprovechar estas líneas para condenar la reaparición de lo que se conoce como el Murciélago y el lanzamiento de los cuerpos de seguridad del Estado en contra de los trabajadores que salieron a las calles a expresar su descontento, un reclamo que de por sí es legítimo. Rechazo que nuevamente se haya hecho presente la PNB para reprimir e intentar ejecutar detenciones arbitrarias en la autopista Francisco Fajardo. Manifestar pacíficamente es un derecho constitucional establecido en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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