Durante la IX Cumbre de las Américas, la administración Biden asumió varios compromisos con los países de la región en temas que van desde la creación de empleos y el fortalecimiento de los sistemas de salud hasta la mitigación del cambio climático y el abordaje regional de la migración.Como organización que está involucrada en todas estas áreas de intervención, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés) acoge estos compromisos y está comprometida a apoyar su desarrollo e implementación. Si bien todos los acuerdos logrados en la Cumbre son críticos para la prosperidad y el bienestar de la región, aplaudo en particular el esfuerzo que se hizo en el ámbito migratorio por medio de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. A la vez, para que la declaración tenga éxito, estoy convencida de dos cosas: la sociedad civil local debe ser un socio clave en la implementación, y se debe incluir a la población de acogida en la respuesta.
Aunque ya existen algunos esfuerzos regionales para coordinar respuestas migratorias y contribuir a una migración más segura, ordenada, humana y regular, como por ejemplo en la Declaración de Cartagena y el Proceso de Quito, esta última declaración representa un paso importante no solo porque se logró una amplia representación de los países de la región, sino por el énfasis en compartir las responsabilidades relacionadas con la migración. Dado que la migración en las Américas es cada vez más compleja, con personas, mayormente de Venezuela, Haití, Nicaragua, Colombia y el norte de Centroamérica, buscando mejores vidas, no solo en países con largas historias de recepción migratoria, sino también en nuevos destinos menos preparados para la recepción e integración de estas personas, el intercambio de buenas prácticas y la coordinación internacional es instrumental.
Con programas para migrantes y refugiados en más de 10 países de América Latina y el Caribe, el PADF conoce muy bien los riesgos a los que se enfrentan, incluyendo la explotación, la trata de personas, la violencia, la xenofobia, la exclusión económica, y muchos más. Por esto, nuestra experiencia ha demostrado que estas poblaciones vulnerables requieren intervenciones estratégicas, lideradas por actores confiables,en las áreas de asistencia humanitaria, refugio, salud y nutrición, asistencia psicosocial, educación, medios de vida, protección y apoyo legal. Dado esto, trabajamos principalmente con organizaciones locales, incluyendo organizaciones de las diásporas, quienes viven día a día los desafíos que enfrentan las personas migrantes y refugiadas, actúan como fuentes de información confiables, y pueden facilitar acceso a servicios por parte de gobiernos locales y nacionales, al igual que entidades internacionales. Invertir en potenciar las capacidades de estas organizaciones locales es esencial para que las respuestas sean eficientes, sostenibles, sensibles a los contextos locales, y que a su vez logren llegar a las poblaciones más vulnerables y aisladas.
A la vez, una respuesta integral debe responder a las necesidades de las comunidades de acogida para mitigar posibles tensiones y facilitar la cohesión social. En colaboración con organizaciones locales, el PADF ha brindado asistencia psicosocial, agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés) e información a personas vulnerables de la comunidad de acogida y ha organizado actividades para crear lazos sociales y oportunidades económicas para poblaciones migrantes y no-migrantes, combatiendo los discursos xenofóbicos y promoviendo una verdadera integración. Dado que muchas veces las organizaciones locales están compuestas tanto por miembros de comunidades migrantes, como por personas de comunidades de acogida, y entienden las necesidades de ambos, estos están bien posicionados para fomentar intercambios basados en el mutuo respeto y la promoción de multiculturalismo.
La Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección traza un plan ambicioso para que los gobiernos de América Latina y el Caribe promuevan la estabilidad y la asistencia a las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno, generen vías regulares para la migración y la protección internacional,y fomenten una gestión humana de la migración,una respuesta de emergencia coordinada, y un enfoque compartido para reducir y gestionar la migración irregular. Pero mucho del trabajo directo y diario no recae en los gobiernos, sino en las organizaciones locales. Como tal, los países firmantes tendrán que priorizar su inclusión y verlos como actores claves en el desarrollo, implementación, y evaluación de planes humanitarios y de integración. Crear redes de acción entre representantes de los gobiernos, la sociedad civil, y el sector privado en cada país, y a lo largo de la región, y asegurar que las voces de la sociedad civil local estén representadas en la toma de decisiones es necesario para que estos compromisos se puedan convertir en realidad.
Basándonos en nuestros 60 años de historia, y aprovechando nuestra profunda experiencia técnica y extensas redes locales, estamos listos para ayudar a la implementación de este nuevo compromiso regional, el cual se alinea directamente con nuestra misión de crear un hemisferio de oportunidades, para todas las personas.
Katie Taylor es la directora ejecutiva de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), una organización que ha servido a las comunidades más vulnerables en América Latina y el Caribe durante 60 años, invirtiendo recursos en todo el hemisferio. Taylor tiene una amplia experiencia en los sectores privado, público y sin fines de lucro, viviendo y trabajando en los cinco continentes. Más recientemente, fue administradora adjunta de Salud Global en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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