Una nueva situación: la dictadura

Lo que ha sucedido en el país después de las elecciones del 28 de julio: el fraude, la autoproclamación de maduro ante el CNE y ahora, la sentencia inconstitucional del TSJ, colocan al pueblo venezolano ante una nueva situación, distinta a todas las anteriores: la instauración de una dictadura.

No vaya a creer nadie que se trata de la “dictadura del proletariado”. Ninguna dictadura es buena y ésta, en particular, no tiene ninguna justificación histórica, ni nada de heroico; es una dictadura más, de derecha, como las que azotaron a la América Latina durante el siglo XX, representante de los más oscuros y antinacionales intereses, incluidos, los de las transnacionales petroleras que afincan sus garras en el país.

Lo que ha sucedido, es un retroceso enorme para el país y, por supuesto, una patada a la V República y a todas las conquistas políticas económicas y sociales alcanzadas durante el gobierno del presidente Chávez, e incluso, a aquellas de los gobiernos de la IV República. Se ha retrocedido en términos de democracia, de soberanía popular, provocando el derrumbe de la institucionalidad y del orden constitucional. Por cierto, no del viejo orden, sino del que se empezó a construir con Chávez con la V República y la Revolución Bolivariana y cuya defensa nos costó golpe de Estado, sabotaje petrolero y violencia.

Con estas acciones, el madurismo le da el golpe de gracia al Estado y a las instituciones al servicio del pueblo, que nacieron tras la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Retrocedimos a un orden reaccionario, represivo, al servicio de las minorías, donde se hace “lo qué maduro diga”, una dictadura que seguirá llevando al país al abismo.

El gobierno de maduro está aislado internacionalmente con su zarpazo a la Constitución. Ni siquiera ha conseguido el apoyo de los gobiernos progresistas de la región: ni Brasil, Colombia, México y, mucho menos, Chile, están dispuestos a darle un “cheque en blanco” a maduro y convalidar un golpe de Estado.

El madurismo, sin apoyo popular y recurriendo a la violencia, se aferra al poder, dan un autogolpe de Estado y “se saltan a la torera”, o mejor dicho, porque “les da la gana”, la soberanía popular y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El fraude cometido con el CNE de Elvis Amoroso fue una burda patraña que desconoce la voluntad del pueblo venezolano y, a estas alturas, ni siquiera han mostrado las actas, violando la propia Ley Electoral y, lo más importante, vulnerando el artículo 5 del Texto Constitucional, que establece de manera clara que “la soberanía reside irrevocablemente en el pueblo, quien la ejerce a través del voto”.

Toda la absurda historia del supuesto “hackeo” masivo al CNE, sólo equiparable a los ataques por parte de las iguanas al sistema eléctrico nacional, no exime a dicho órgano de mostrar las actas; más aún, cuando emitió un boletín que, además, dio ganador a nicolás maduro.

Al día siguiente de la elección, cuando maduro corre al CNE y se autoproclama vencedor y, por ende, presidente reelecto, está reeditando la acción de Carmona, cuando se autoproclamó y juramentó como presidente dictador, el 12 de abril de 2002. Ninguna de las dos acciones tiene basamento legal, ambas proclamaciones son ilegítimas; y tan dictador es maduro como Carmona.

Fue tan burda la maniobra del CNE, que maduro se vio en la necesidad de ir a su TSJ, cuya junta directiva está constituida por sus incondicionales y familiares, para introducir un “recurso” que no está previsto en ley alguna y que aún es secreto.

El TSJ decide hacer el “trabajo del CNE”, es decir, usurpa las funciones del órgano electoral, que en nuestra Constitución está consagrado como uno de los 5 Poderes del Estado. Dicha acción resulta inconstitucional, puesto que viola el artículo 138 de la carta magna, que establece que “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”. Es decir, la decisión del TSJ es nula de toda nulidad y por lo tanto no tiene efecto alguno.

No es mi pretensión hacer disertaciones jurídicas, pero insisto en estos temas, porque debe quedar claro que se ha violado la Constitución, la misma por la cual luchamos tanto en los inicios del período del presidente Chávez, la que constituyó su leitmotiv y establece los fundamentos del ordenamiento jurídico nacional. Es el “libro de todos”, el mismo que Chávez siempre esgrimió con su zurda, y el que hoy es violado abiertamente por el madurismo.

Pero además –este tema es importante precisarlo–, porque el apego a la Constitución y a la voluntad popular es lo único que otorga legitimidad a un gobierno.

El chavismo, como movimiento político cívico-militar, siempre se ha fundamentado en el apego a la Constitución y la subordinación a la voluntad del pueblo. Chávez jamás hubiese permitido la violación del Texto Constitucional, ni hubiese pasado por encima del pueblo, a pesar de que estuvimos en situaciones complejas, incluso, de debilidad política. Violar la Constitución, nunca fue una opción para el comandante .

Nosotros lo advertimos y anticipamos en nuestros escritos: el madurismo, obligado por la Constitución y en búsqueda de la legitimidad perdida hace muchos años, diseñó unas elecciones a su medida. Sabiéndose sin apoyo popular, conscientes de ser una absoluta minoría y de tener el rechazo mayoritario en todo el país, producto del estruendoso fracaso (inocultable) en la conducción del gobierno, se preparó con anticipación para hacer un fraude.

La confiscación de partidos políticos, la represión en contra de cualquier disidencia del chavismo, el nombramiento de Elvis Amoroso en el CNE y la designación de una nueva y más incondicional directiva en el Tribunal Supremo de Justicia, pavimentó el terreno para el autogolpe.

A pesar de todas estas ventajas, el madurismo todavía adelantó las elecciones en 6 meses, unas elecciones “exprés” condimentadas con inhabilitaciones, detenciones de civiles y militares, bajo la excusa de “otra” supuesta conspiración detectada y anunciada por el propio maduro y su fiscal sicario.

Las elecciones se realizaron en estas condiciones, ausentes de garantías y transparencia; el gobierno activó y desató todo tipo de obstáculos y torpes astucias, pero, a pesar de ello,  el pueblo de Venezuela aprovechó esta “ventana táctica”, como decía Chávez, para expresar su rechazo al gobierno.

Las manifestaciones de rechazo al madurismo fueron masivas. Ahora bien, quisiera insistir en un hecho: el pueblo no salió y no se manifestó masivamente en apoyo de un liderazgo o una propuesta de derecha. No. El pueblo salió en rechazo a maduro, y lo hizo tanto la base social de la oposición, como la del chavismo. Quedó claro que una cosa es el madurismo y otra es el chavismo.

No hay que confundirse en esta valoración política de lo sucedido, porque entonces, no se puede comprender lo que ha pasado y lo que pasará en adelante.

Habría que decir, igualmente, que el liderazgo opositor, signado por el personalismo y un historial de intolerancia, capitalizó esta situación de descontento generalizado –porque así lo estimuló el madurismo–, y lo hizo, a sabiendas –como sabemos todos– del rechazo a estas posturas en el seno de las Fuerza Armada Bolivariana e importantes sectores del país.

A pesar de las masivas  movilizaciones, de la alta participación electoral y de la aplastante derrota del madurismo, pareciera que el sector de oposición no tenía, realmente, ningún plan político para hacer valer la voluntad popular en un escenario previsible de fraude.

Estos sectores, a la luz de lo que ha sucedido, parecen haber dejado pasar el “momentum” de la situación política. En efecto, el pueblo de Petare y de las zonas populares de Caracas salió el 29 a exigir el respeto a la voluntad popular, pero no estaban claros los objetivos, no había  conducción política. Fue solo al final de la tarde, cuando el liderazgo opositor llamó a realizar “asambleas de familia” y volvieron a sus espacios tradicionales del este de la Capital.

Si el 13 de abril de 2002, el liderazgo chavista hubiese frenado al pueblo pobre que bajó de los barrios, enfriando la pasión y el ímpetu popular para “otra oportunidad”, el dictador Carmona hubiese consolidado el golpe de Estado. Fue la movilización popular del 13 de abril la que le dio soporte a la reacción militar que dio al traste con la dictadura y restableció el hilo constitucional.

La falta de movilización popular y la ausencia en las calles del liderazgo opositor, permitió entonces, que el aparato de represión del madurismo, se desplegara a sus anchas, con toda su violencia y detuviera a miles de personas, incluyendo, a cientos de menores de edad, imponiendo el miedo y la desmovilización, mientras consolida su Auto Golpe. En este momento, la represión está desatada y se han activado todos los mecanismos de persecución y coerción política en el país. Es lo que hace una dictadura, donde no hay ley ni Constitución que valga.

Ante esta situación, está clara una lección que todos los actores y sectores políticos del país, deben entender: sin el chavismo no es posible derrotar al madurismo. El madurismo es el enemigo de todo el país, en la medida que no solo viola los derechos políticos, económicos y sociales, y los derechos humanos del pueblo venezolano, sino que impide la solución política, en el marco de la Constitución, a la grave crisis que padecemos.

Al cerrar las vías constitucionales, el madurismo abre cualquier escenario, siendo el más probable el de la confrontación y la violencia, pues la profunda crisis del país no se resuelve mientras maduro se mantenga en el poder; al contrario, el pueblo venezolano no aguanta la continuidad de esta tragedia.

En el marco de esta nueva situación política en el país, de un gobierno sin legitimidad, dictatorial, habría que preguntarse si el chavismo y los dirigentes chavistas, incluyendo, a lo que queda del PSUV y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, van a convalidar la violación de la Constitución.

El chavismo y los dirigentes que estuvimos con Chávez tenemos la responsabilidad histórica de fijar una postura en contra de la violación de la Constitución y la voluntad del pueblo, bases fundamentales de la legitimidad de cualquier acción política. Esto es un asunto de principios, que está por encima de cualquier otra consideración o interés, pues se trata de la patria que todos en algún momento soñamos.

Nada, ni nadie, ningún interés personal o grupal, puede estar por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Libro de Todos, nada puede justificar conculcar los derechos de los ciudadanos y las posibilidades del ejercicio pleno de la soberanía popular.