Ya en los medios se comienzan a ver escritos sobre lo que podrá ser el proceso de transición política en Venezuela, a ser generada por una victoria de las fuerzas democráticas sobre el régimen chavista que ha arruinado a Venezuela.
Aquí presento ideas preliminares sobre aspectos de este proceso, el cual será de extrema importancia para nuestro país.
El inicio de la transición política en Venezuela
Aunque ya por un cierto tiempo se han notado indicios de una transición política en marcha su pleno desarrollo comenzaría con la victoria de las fuerzas de cambio en las elecciones de Julio de este año. Tan pronto se anuncie la victoria del candidato unitario de oposición, Edmundo González Urrutia, comenzaría a correr el plazo, excesivamente largo –por cierto– de unos seis meses para que se lleve a cabo la transferencia de poderes al nuevo gobierno. Estos serán meses en los cuales pudiera pasar cualquier cosa, con una pandilla chavista aún en control del país, por lo cual se deberá extremar la vigilancia de la Venezuela democrática y sus aliados internacionales.
La transferencia del gobierno
El paso que luce obvio en el momento de la victoria es la designación de un equipo de cada lado, a fin de llevar a cabo la transferencia ordenada de poder. En países de tradición democrática esto está abundantemente reglamentado y camina sobre rieles. En el caso venezolano no existen reglas para esta transición debido a la inexistencia, por los últimos 23 años, de instituciones legítimas.
En Estados Unidos, por ejemplo, seis meses antes de las elecciones, se establece un Consejo de Transición que comienza a reunirse para discutir todos los aspectos de ese proceso. El día después de las elecciones se provee al candidato ganador y a su equipo de una sede y de apoyo logístico para comenzar el proceso de transferencia.
En Venezuela nada similar ha sucedido y es previsible que el régimen se muestre muy poco cooperativo. Se requerirá extremar la vigilancia de los venezolanos durante esta etapa.
Ingredientes fundamentales de la transición
Planificación de la acción del nuevo gobierno democrático durante este primer ciclo presidencial
El equipo de la candidatura de unidad democrática debe estar trabajando ya, quizás desde hace meses, en la elaboración de un Plan para lo que será el nuevo gobierno, identificando las grandes líneas estratégicas que deberá tener su acción en los diversos años del primer período presidencial y la estructuración de los equipos humanos que deberán manejar los diferentes asuntos nacionales. Sabemos que existe un Plan elaborado por el equipo de la candidata María Corina Machado, el cual podrá servir de base, con los cambios que puedan ser necesarios a la luz de los últimos acontecimientos. Idealmente, tales cambios y la improvisación en torno a las grandes líneas estratégicas establecidas deberán mantenerse en un mínimo absoluto, ya que el nuevo gobierno debe presentar una fisonomía decisiva y coherente ante el país desde el primer momento.
Dos posibles etapas durante la primera presidencia
Es posible que sea deseable o necesario que esta primera presidencia tenga dos etapas bien definidas, debido a las características poco usuales que han caracterizado el período preelectoral: una primera etapa que podría estimarse en dos años, durante los cuales el nuevo gobierno deberá tomar las medidas más urgentes de reconstrucción nacional y abrir el país a la ayuda institucional y privada internacional. Muchas de estas medidas iniciales servirán para aliviar la tragedia experimentada por el pueblo, pero algunas otras podrían ser impopulares, al eliminarse la orientación populista que ha predominado durante los últimos años. Esto tendrá un costo político, por lo que podrá ser necesaria una segunda etapa en la cual – siguiendo lo establecido en la constitución – se proceda a remozar el equipo de gobierno, quizás dando paso a una nueva figura en la presidencia y a un nuevo gabinete y equipo de apoyo, en la medida en la cual tales pasos se consideren deseables.
El hueso en la garganta: cómo tratar a quienes han arruinado al país
Este es un asunto de la mayor gravedad, en torno al cual ya existe en Venezuela un movimiento orientado a tenderle al régimen chavista lo que podríamos llamar un puente de plata. Analistas políticos están apareciendo aquí y allá, en diversas publicaciones, hablando de la necesidad de darle garantías al régimen saliente de que no serán perseguidos, que sus derechos serán respetados, que no deberá existir venganza, Algunos promueven lo que se acerca a una amnistía, basándose en lo ocurrido en otros países como Chile (Pinochet), España (Franco). África del Sur (Apartheid), a fin de justificar una posible actitud de borrón y cuenta nueva. Con esta orientación, más o menos intensa, he visto entrevistas y leído recientes artículos de José Ignacio Hernández, Víctor Álvarez, Román Ibarra, Simón García, Eduardo Fernández y de respetables educadores como Arturo Peraza S.J., en algunos de los cuales se sugiere que los miembros del actual régimen que ha arruinado al país podrían hasta compartir el próximo gobierno, en una especie de pacto de convivencia o de franca cogestión, llegándose a proponer una diputación vitalicia para el impresentable Nicolás Maduro (ver entrevista hecha a Víctor Álvarez en: https://m.aporrea.org/actualidad/n392673.html ).
Mecanismos generalmente utilizados para llevar a cabo los procesos de transición hacia la democracia
A fin de llevar a cabo transiciones políticas similares a la que se daría en Venezuela se utilizan, al menos, dos mecanismos más importantes: una Comisión de la Verdad y la Justicia Transicional.
Comisión de la Verdad
Esta figura ha sido usada en una u otra forma en no menos de cuarenta países de África, América Latina, Asia y Europa como paso inicial a la segunda, que es la aplicación de la justicia transicional. He estado estudiando un tratado sobre este tema, cuyo autor es el jurista Colombiano Jorge Enrique Ibáñez Najar, en el cual este constitucionalista discurre extensamente sobre este tema durante 836 páginas, (Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad, Jorge Enrique Ibáñez Najar, Bogotá, 2017). En el caso de las Comisiones de la Verdad este autor menciona un caso venezolano, la llamada “Comisión contra el Silencio y el Olvido”, instalada en Venezuela en 2011, con conclusiones presentadas en 2017, la cual debía estudiar las presuntas violaciones de los derechos humanos ocurridas en Venezuela desde 1958 hasta 1998, con énfasis en la lucha contra las guerrillas izquierdistas de las etapas presidenciales de Betancourt y Leoni. Esta fue una comisión liderada por Luisa Ortega Díaz, en la cual no hubo investigación del cruento golpe militar protagonizado por Hugo Chávez en 1982, en el cual murieron cerca de 200 personas, omisión que demuestra su carácter parcializado.
Esta Comisión, así como otras convocadas por el régimen de Nicolás Maduro en 2016 y 2007, fracasó porque, buscaba objetivos políticos y no la verdad. Sus integrantes eran gente del régimen, fichas pagadas, incapaces de ser objetivos. Basta decir que entre las “víctimas” mencionadas por la Comisión se encontraba el criminal guerrillero y secuestrador Fernando Soto Rojas.
En la Venezuela democrática que vendrá deberá existir una Comisión de la Verdad, integrada por venezolanos honorables, la cual deberá establecer responsabilidades en base a los hechos ocurridos durante la etapa chavista/madurista, haciendo uso de la abundante documentación disponible. Al trabajo de esta comisión deberá dársele un límite de tiempo razonable, que estimo en ocho a diez meses, para presentar sus conclusiones, incluyendo la asignación de responsabilidades personales. El peligro es que sus recomendaciones se echen en saco roto. En Liberia, por ejemplo, las recomendaciones de una comisión de este tipo hechas en 2010 nunca fueron implantadas y es hoy, 14 años después, como producto de la indignación popular, que se están reactivando los procesos. Estos actos de desidia no deben ocurrir en Venezuela porque abrirán, no restañarán heridas.
La Justicia Transicional
Dice Rutio Teitel: “La justicia transicional puede ser definida como la concepción de justicia asociada con períodos de cambio político, caracterizados por respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes opresores anteriores”.
La llamada justicia transicional no es un tipo especial de justicia sino la justicia aplicada en una etapa de transición. No creo que deba establecerse en la mente de los venezolanos que la justicia transicional pueda llevar a perdonar u otorgar amnistías a quienes son responsables de muerte y destrucción y robo en Venezuela, pues ello abriría el camino a la venganza y a una acumulación de odios y resentimientos. Debemos recordar que ya existen organismos de justicia internacional, a nivel regional (OEA) como global, en las Naciones Unidas y en los tribunales de justicia (La Haya), que llevan a cabo investigaciones sobre genocidio y violaciones de los derechos humanos en Venezuela, crímenes que no prescriben, por lo cual sería paradójico que en el país victima prosperara una tendencia a “pasar la página”, la cual está siendo alimentada – como digo arriba – por algunos sectores del país. Analistas diversos han opinado recientemente sobre la posibilidad de establecer un cogobierno con el chavismo y de hacer borrón y cuenta nueva en aras de la reconciliación entre todos los venezolanos, lo que se ha dado en llamar “comer sapos”. Esta política blanda, de negación de la justicia, sería la mejor manera de mantener abiertas las grandes heridas que el chavismo/madurismo ha infligido a Venezuela.
La justicia transicional, dice el autor colombiano arriba citado, “tiene como objetivo el reconocimiento, respeto, garantía y efectividad de los derechos humanos, particularmente los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como la adopción de reformas institucionales y otras garantías de no repetición
Debe conciliar los valores de la justicia y paz… Debe esclarecer la verdad y satisfacer la justicia… restaurar el tejido social roto por causa de la violación de los derechos humanos.
La justicia transicional es necesaria para ajustar las cuentas del pasado, de manera que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables…”.
Más claro, imposible. Esto debe ser así porque debe mantenerse una memoria histórica, a fin de evitar una repetición del pasado. Las amnistías, como la decidida en Argentina para perdonar a los militares, 1976-1983, por la violación de los derechos humanos de miles de argentinos llevó a la impunidad y, poco después, se tuvo que ir a la condena de los culpables, como única fórmula de verdadera reconciliación. El castigo a los culpables es un clamor popular en todas las naciones sometidas a la garra de los dictadores.
Tipos de justicia transicional
Hay dos tipos de justicia transicional: la justicia restaurativa y la justicia retributiva.
Restaurativa
El primer tipo “persigue la superación del conflicto y reparar los daños causados”, página 419, del libro de Ibáñez Najar ya citado. En el caso venezolano parecería una tarea imposible esa de reparar los daños causados, dada su magnitud. En efecto, casi un millón de millones de dólares de ingresos petroleros ($1.000.000.000.000) fueron despilfarrados, robados o entregados a otros países durante estos 23 años, suma imposible de reparar y a la cual Venezuela casi seguramente nunca podrá tener acceso de nuevo. Cualquier esfuerzo de naturaleza restaurativa que pueda hacerse en Venezuela será de muy limitada dimensión, dada la situación de ruina imperante en el país y su pronosticable modesta situación financiera en el mediano plazo. Se deberá dedicar gran esfuerzo a la recuperación de los dineros mal habidos de los delincuentes, hoy en el exterior en forma de depósitos bancarios en paraísos fiscales o en bienes raíces adquiridos por los ladrones en los mejores países del planeta. Un aspecto importante de la justicia restaurativa podrá ser la recuperación de la dignidad de las víctimas, levantar la auto estima de una sociedad que ha estado arrodillada y oprimida por largos años.
Retributiva
La justicia retributiva trata de la imposición de penas y castigos. No está orientada a la víctima sino al victimario, no repara daños materiales y morales a las víctimas pero castiga el delito cometido por el delincuente. Esta justicia estigmatiza al delincuente y no habla de perdón ni de reconciliación con quien ha delinquido. Este es el tipo de justicia del cual me hablaban mis padres cuando me decían que el crimen no paga, que el bien siempre triunfaba sobre el mal, que el criminal debe pagar por sus actos. Esa es una justicia de indispensable aplicación, so pena de tener que enfrentar mañana el mismo problema que nos ha arruinado en estos años.
Una reflexión final
Creo que el nuevo liderazgo deberá utilizar un nuevo lenguaje en Venezuela que llame al pan pan y al vino vino. Creo que deberá hablar de la política no ya como el arte de lo posible sino como el arte de lo éticamente posible. Hace pocos días leí que un líder de la oposición democrática definía a Maduro como un adversario pero no como un enemigo. Yo discrepo. Maduro si es un enemigo. Es un criminal de la peor especie. No ha sido un presidente legítimo que ha hecho una mala administración. No. Es ilegítimo de origen y, ciertamente, de comportamiento. Aceptar a Maduro como simple adversario, en un contexto “democrático”, es mala estrategia política y una concesión indebida en el plano de los principios al horror que hemos experimentado los venezolanos bajo su ignorante dictadura.