Esa es la tragedia de Venezuela. Un grupo de aventureros, civiles y militares dirigidos por Hugo Chávez, se valieron de la democracia, en 1998, para asaltar el poder mediante una elección popular. Su primera acción política fue convocar, inconstitucionalmente, a una Asamblea Nacional Constituyente, a través de un referéndum consultivo autorizado por una irresponsable decisión del Tribunal Supremo de Justicia. A partir de ese momento, el poder del Estado fue perdiendo progresivamente toda la legalidad y legitimidad democrática. Imperaba exclusivamente la voluntad de Hugo Chávez, quien la ejercía sin ningún límite. Todos los poderes públicos estaban a su servicio. Además, tuvo por casi diez años los más altos ingresos petroleros de nuestra historia, los cuales dilapidó a su leal saber y entender. Su muerte le permitió a Nicolás Maduro imponerse a los conspiradores del 4 de febrero, con el respaldo de los Castro, y acceder a la Presidencia de la República. El amplio rechazo popular y su limitado liderazgo militar, le hizo entender que la única manera de sostenerse en el poder era mediante una alianza con grupos militares y civiles a través de la entrega ilegal de todo tipo de canonjías.
Tan delincuencial forma de gobernar le ha generado no solo el rechazo nacional, sino el de un amplísimo sector de la comunidad internacional. Al mismo tiempo ha generado un progresivo debilitamiento de las funciones del Estado, las cuales se encuentran comprometidas de tal manera que, con certeza, se puede afirmar que han desaparecido. Una de esas funciones fundamentales del Estado, el monopolio de la violencia como medio para poder garantizar la seguridad de la nación y el orden interno, se ha extinguido totalmente. La Constitución de 1999 establece taxativamente en sus artículos 322 y 324 lo siguiente: “La seguridad de la nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado y su defensa corresponde a los venezolanos; “Solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existen, se fabriquen o se introduzcan en el país, pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos”.
Esa conducta propiciadora del debilitamiento del Estado se ha manifestado en su renuncia al control del territorio mediante la creación de las Zonas de Paz, la entrega del control de áreas fronterizas a grupos subversivos y del crimen organizado y el empleo de bandas de delincuentes armados para reprimir las protestas antigubernamentales. Las Zonas de Paz son áreas donde las fuerzas de seguridad del Estado no pueden ingresar a cambio del cese de la comisión de delitos. La mayoría de los especialistas sobre el tema sostiene que esa política contribuye a incrementar la criminalidad. Esta realidad se acaba de constatar, el pasado 21 de julio, en un enfrentamiento ocurrido en la Cota 905, un populoso barrio caraqueño, entre funcionarios de la Sección de Recuperación de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas y la banda de Carlos “el Coqui” Revette, la cual los atacó con fusiles y granadas hiriendo a 4 de ellos. Al solicitar el apoyo de la Brigada de Acciones Especiales, la cual movilizó cerca de 200 funcionarios para enfrentar a dicha banda, se ordenó desde el alto gobierno la suspensión de dicha operación.
Posteriormente, el 30 de julio se produjo un fuerte enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la banda conocida como La Línea, en medio de su permanente lucha por el control de la zona fronteriza colombo-venezolana. Los medios de comunicación colombianos y venezolanos reseñaron haber escuchado toda la noche explosiones y ráfagas de disparos que indicaban la intensidad del combate, alrededor de la trocha La Isla, sin que hiciera presencia ninguna unidad de la Fuerza Armada venezolana. Las Fuerzas Militares colombianas se apostaron en las trochas Boconó y El Escorial a fin de evitar que los combates se extendieran hacia su territorio. Ese enfrentamiento viene desarrollándose, desde hace algún tiempo, debido al interés que tienen esos grupos, vinculados al narcotráfico, de controlar las distintas vías terrestres y fluviales que comunican a Colombia con el lago de Maracaibo. Una vez más, se hizo evidente la conducta permisiva y cómplice del régimen madurista al restringir las operaciones militares en dichas áreas. La ausencia del Estado venezolano ha alcanzado tal nivel que el ELN, en los pequeños pueblos fronterizos, ejerce la autoridad real con la anuencia de las autoridades civiles y militares venezolanas.
Un hecho trascendental que evidencia fehacientemente esta conducta claudicante del régimen madurista fue el empleo de bandas armadas, incluyendo a reclusos de las cárceles del país liberados y exhortados por la ministro de asuntos penitenciarios, con el fin de impedir, mediante el empleo de la violencia, el ingreso de los insumos para ayuda humanitaria donados por la comunidad internacional a través de las fronteras colombiana y brasileña, el pasado 23 de enero. Pero igualmente sorprendente fue la actitud pasiva en algunos casos y cómplice en otros de los mandos militares que vergonzosamente renunciaron al cumplimiento de sus deberes. Este empleo de grupos paramilitares y criminales ha ido tomando fuerza como la expresión de la degradación de un régimen que se apoya en la violencia delincuencial para mantenerse en el poder, violando permanentemente los derechos humanos de los ciudadanos, tal como lo señaló el reciente informe de Michelle Bachelet. Estos hechos nos permiten concluir que, definitivamente, Venezuela es una nación sin Estado.