Foto: Federico Parra / AFP
A pesar de la existencia de numerosos conceptos de Estado, el más conocido y aceptado es el de Max Weber quien, en 1919, definió el “Estado moderno” como “una asociación de dominación de carácter institucional que trata, con éxito, de imponer el monopolio del uso de la violencia legítima dentro de un territorio”. Los recientes y lamentables acontecimientos ocurridos tanto en Caracas como en el estado Apure, evidencian la renuncia del Estado venezolano a reservarse para sí, con estricto apego a lo pautado en nuestra Constitución y el ordenamiento legal, el legítimo empleo y monopolio de la violencia institucional para la preservación del orden y la seguridad. Dicho fracaso, entre otras cosas, se deriva de la implementación de una absurda política de seguridad basada en la creación de unas áreas del territorio nacional conocidas como “zonas de paz” exentas de cualquier tipo de intervención del Estado, dejando en manos de grupos violentos el ejercicio del control de la cotidianidad de sus habitantes. En Caracas, dicho control en las barriadas populares, tanto en el este como en el oeste de la ciudad, ha quedado en manos de grupos al margen de la ley que las dirigen a su leal saber y entender. En el interior de la República, el reciente caso del estado Apure es el más resaltante, pero lo mismo ocurre en otras regiones del país. Es decir, los representantes del Estado han evadido, por razones de orden político e ideológico, el cumplimiento de sus responsabilidades.
Esta inaceptable conducta, acompañada de una creciente militarización de la sociedad y de la administración pública, se manifestó desde el mismo inicio del gobierno de Hugo Chávez. Su muerte no interrumpió esa tendencia sino que con la asunción de Nicolás Maduro al poder, se mantuvo y profundizó esa orientación. De allí surgen las absurdas ideas de su gobierno, como la de repartir armas de guerra en los sectores populares, supuestamente, para defender el territorio nacional de una posible invasión extranjera. En este sentido, expresó, en una demostración de un vehículo rudimentario con un fusil ametralladora incorporado, la idea de repartir 20.000 de esos fusiles en los barrios populares. De igual manera, se ha publicado material fotográfico mostrando a civiles, inclusive menores de edad, portando armas largas, acompañados por oficiales de la Fuerza Armada de alta graduación o demostrando gran camaradería con jefes de grupos armados al margen de la ley. El objetivo ha sido siempre el mismo, destruir las bases del régimen democrático, surgido en Venezuela desde 1958, y reemplazarlo por uno similar al régimen comunista cubano, basado en la desatinada tesis de “la unión cívico militar”. De allí que no nos debemos sorprender por la cantidad de armamento que, según los cuerpos policiales, fue incautado durante la ocupación de la Cota 905. Además, la profusión de fotografías de jefes de bandas, blandiendo todo tipo de armamento individual, es ampliamente conocida.
Los hechos ocurridos en la Cota 905 fueron de tal gravedad que la Conferencia Episcopal Venezolana, la institución con mayores niveles de prestigio y credibilidad en el país, hizo oír su voz mediante un comunicado, el cual, en mi criterio, describe fehacientemente la penosa situación de inseguridad que padecemos, al señalar la creciente ineficiencia del Estado para garantizarla.
Entre otras cosas expresa que: “Una vez más nos toca alzar la voz ante la violencia, ante la muerte. Una vez más nos sacude y nos entristece evidenciar cómo el miedo, la barbarie, el atropello, el odio, se apoderan de las calles de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestras zonas populares. Y la pregunta surge de manera inevitable y nos increpa ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué tanto mal obrado en nuestro país? La respuesta nos la da el Papa Francisco: Todo el mal obrado en el mundo se resume en esto: el desprecio por la vida. Pero, lo que ha hecho tan impactante este episodio, desatado en la cota 905, es que pone de manifiesto algo que todos sabíamos, pero no queríamos ver. Por un lado es el resultado de dos décadas en las que se ha blandido la violencia desde el poder como arma política, a diestra y siniestra, de palabra y obra, como amenaza y como hecho consumado. Si quienes detentan el poder no tienen otro medio para imponer su trasnochada ideología que el de la fuerza y la violencia, no hace falta mucho tiempo para esperar una respuesta igualmente violenta”.
Más adelante señala el comunicado, que lo ocurrido en la Cota 905: “es además la demostración más evidente del fracaso de un modelo social y productivo” al denunciar que el régimen madurista ha impedido que los ciudadanos puedan obtener su propio sustento y el de su familia “de manera digna y suficiente”. Muy importante es el señalamiento, como lo expresé anteriormente, del “fracaso del Estado como garante de la seguridad y de la paz” y del abandono de vastas regiones, sobre todo en las zonas rurales y populares. Esta grave situación, de igual manera, compromete la Soberanía Nacional, al permitir la presencia de grupos subversivos de otros países en nuestro territorio. Hace referencia también a la “desconfianza y temor a la autoridad” por las distorsiones de las funciones que cumple, “incluyendo la extorsión y el soborno”. Como respuesta al desenlace de todo el estado de impunidad reinante, traducido en varios días de terror, al cual fue sometida gran parte de la población en la capital, distintos voceros del oficialismo han declarado y anunciado medidas destinadas a ponerle fin a este estado de cosas. Los ciudadanos, a pesar de la inexistente credibilidad que concedemos a este tipo de ofrecimientos y principalmente a sus garantes, permaneceremos atentos en espera de la actuación del Estado y de los resultados deseados. No hacerlo comprometería, aún más, la escasa credibilidad del gobierno de Nicolás Maduro.