Una mediación a medias 

Los lineamientos desde La Habana y Moscú llegaron a Miraflores desde mucho antes de las elecciones del 28 de julio: la opción de reconocer el triunfo de Edmundo González Urrutia no tenía cabida. Los resultados eran conocidos de antemano y el guion que ejecutaría Amoroso ni siquiera se preocuparía por cuidar las formas. El cínico y descarado ultraje del CNE, proclamando al reelecto presidente, sin sustento alguno, era parte del plan para desmoralizar al mayoritario país democrático y medir su capacidad de reacción.

Y, bueno, en medio de las condenas internacionales por el asalto electoral a mano armada y la arremetida brutal de las fuerzas de seguridad chavista contra la protesta legítima y pacífica, surgieron las voces “mediadoras” de los mandatarios de Colombia, México y Brasil, en lo que se entiende como un intento de encontrar una salida negociada a la crisis generada por el arrebato del régimen madurista.  No obstante, a muchos les generó suspicacia y poca esperanza el papel de interlocutores efectivos que pudieran jugar estos aliados ideológicos del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla.

Lo cierto es que, luego de varios días de consulta (virtual), suponiendo que hubo también algún contacto con el propio Nicolás Maduro, se da a conocer la declaración conjunta de los cancilleres de estos tres países. 

Ante la evidencia inocultable del desparpajo del régimen, a los zurdos socios de Maduro no les quedó más remedio que llamarle la atención sobre lo que todo el mundo en el planeta demanda y espera; algo así tan simple como la “…presentación, por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), de los resultados (…) desglosados por mesa de votación…”. En otras palabras, dar a conocer las actas, que, según la misma declaración, estarían sujetas a la correspondiente verificación imparcial, “respetando el principio fundamental de la soberanía popular”. 

Pero, no sólo eso. La declaración – atajando la jugada que pretende hacer valer el régimen, utilizando uno de sus apéndices judiciales (el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Electoral), para que este dicte sentencia, ratificando la ilícita reelección, o en su defecto declarando nulas las elecciones -, felizmente dejó claro que es únicamente el Consejo Nacional Electoral (CNE) el órgano “…al que le corresponde, por mandato legal, la divulgación transparente de los resultados electorales.”

Hasta allí todo parecería haber cuadrado perfectamente en favor de la verdad y la justicia. La complicación radica en que la inconsistencia y filiación política de los protagonistas mediadores: Manuel López Obrador, Gustavo Petro y el Luiz Inácio Lula Da Silva, arrojan dudas en cuanto a la sinceridad de sus gestiones.

Comenzando por la reunión del Consejo Permanente de la OEA, celebrada el 31 de julio, y que, por efecto de Colombia, México y Brasil, no contó con la mayoría simple de 18 votos para aprobar una resolución que exigía, entre lo más fundamental, la emisión, por parte del CNE, de las actas desglosadas por centros y mesas de votación; y, lógicamente, un llamado para acabar con la violencia y represión desatadas por las fuerzas de seguridad y delincuenciales de Nicolás Maduro ante la legítima protesta pacífica.  

Lo cierto es que López Obrador ordenó a sus diplomáticos ausentarse de la votación, mientras que Colombia y Brasil, se abstuvieron con sus propios convenientes argumentos. 

La excusa perfecta de Lula tenía que ver con la necesidad de mantener abierto un canal de comunicación con la dictadura madurista, algo que es medianamente aceptable; mientras que Petro soltó la especie de que Venezuela había dejado de ser miembro de la OEA desde 2019, y que una resolución aprobada por ese órgano no tendría ninguna incidencia. Aparte, consideró el presidente de Colombia que las declaraciones en rechazo a las argucias del gobierno de facto de Venezuela por parte del secretario general, Luis Almagro, le restaban objetividad a cualquier decisión surgida de la Organización.

Muchos creen que la declaración de los cancilleres de Brasil, Colombia y México, sin dejar de rescatar sus necesarios llamados de rigor, les ha servido a Lula, Petro y AMLO como la coartada perfecta para evitar adoptar una posición más contundente respecto a los despropósitos del régimen. 

Los tres mandatarios han expresado, en esencia, su preferencia por que el contencioso electoral venezolano se resuelva por la vía institucional, a pesar de que es del conocimiento público y global que la autonomía de poderes no existe en Venezuela. Y, no obstante, sabiendo ellos y todo el globo terráqueo, que la razón por la cual el CNE chavista no enseña las actas de cada mesa y centro electoral es simplemente porque se constataría el triunfo aplastante de Edmundo González Urrutia el pasado 28 de julio. 

Muy bonita la declaración del G3, sí, claro que sí, pero con el paso de los últimos días la opinión pública se ha percatado de que todo ese intento de “mediación” sólo tenía como intención soterrada darle más tiempo y espacio a Maduro, y servir de antesala para las verdaderas propuestas que estos tres adalides de la izquierda ya han comenzado a asomar. El propósito: salvarle el pellejo a Nicolás Maduro y promover una paz política ficticia basada en la permanencia del régimen hasta nuevo aviso.

Como la memoria es muy corta, siempre es bueno recordar ciertas cositas. 

En una de las tantas visitas que hizo el señor Gustavo Petro a Venezuela, en los días aquellos que se hablaba de una propuesta de plebiscito para promover la futura convivencia política y garantías de seguridad, tanto para los vencedores como los perdedores de las elecciones, el presidente colombiano asomó la perla de que la paz política de Venezuela pudiera significar la paz militar de Colombia. Una especie de eufemismo para decir que lo que más convenía a nuestro país era la permanencia de Nicolás Maduro en el poder.

Volviendo al presente, el sinvergüenza de Manuel López Obrador, ya se había adelantado incluso a la publicación de la declaración conjunta de Brasil, Colombia y su país, al señalar en una de sus ruedas de prensa matutinas que su gobierno estaba a la expectativa de lo que decidiera el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, avalando el guion del régimen y contrariando, de paso, el contenido mismo del texto consensuado, que parte de la premisa de que es el CNE el órgano al que le corresponde, por mandato, la divulgación transparente de los resultados electorales. Como el texto no le satisfizo, el saliente presidente mexicano decidió apartarse de las gestiones presidenciales de los tres países.

Lula, que parecía el más seriecito de los tres, ahora se quita nuevamente su máscara democrática junto a sus dos camaradas, proponiendo, en las últimas horas, dos posibilidades para resolver la crisis política de Venezuela. La primera, plantea la formación de un gobierno de coalición en el que participen fuerzas tanto del chavismo como de la oposición. La segunda, nada más y nada menos que la celebración de nuevas elecciones. Respecto a esta última, Lula se atrevió a decir de forma descarada que él no puede señalar que ganó Maduro o González Urrutia, porque no poseía la data oficial, a conciencia de que las actas nunca aparecerán porque las mismas revelarían, nuevamente, el triunfo de EGU.

En la misma onda de Lula se ha dado a conocer en Colombia, minutos antes de concluir estas líneas, una propuesta del presidente Petro que consistiría en la creación de una especie de frente nacional al estilo del que existió en Colombia y que dio paso a que, entre 1958 y 1974, los dominantes partidos políticos de la época, el Partido Conservador y El Partido Liberal, se alternaran en el poder, y que, según las referencias que se tienen, contribuyó a dar término a la violencia desatada en el vecino país. Algo que, a primera vista, no tendría que ver nada con la realidad de Venezuela. 

En su defecto, el gobierno de Petro mantendría como propuestas, en el marco de las negociaciones que se quieren promover entre los factores nacionales venezolanos, la necesidad de una amnistía nacional e internacional, garantías para los actores políticos, el levantamiento eventual de las sanciones y, a la par de la propuesta de Brasil, un gobierno de cohabitación transitorio.

Afortunadamente, María Corina Machado ya le ha salido al paso a estas propuestas reiterando que cualquier proceso de negociación debe partir de la premisa de que Edmundo González ganó las elecciones por mayoría aplastante, y que a partir de allí todas las conversaciones han de girar en torno a los términos de la transición con las garantías y salvaguardas para las partes. MCM también ha aclarado que las experiencias sobre las cuales se quiere sustentar las propuestas de Petro y Lula no son comparables a la situación actual de Venezuela por la implicación de los miembros del régimen en asuntos criminales.

Las propuestas del G3 resultan a todas luces extemporáneas y divorciadas totalmente de la realidad apabullante del momento, con un país mayoritario que decidió su destino a través del voto. Ese debe ser el punto de partida para cualquier arreglo y un mensaje claro para los autoproclamados mediadores que, de seguir insistiendo en cursos de acción apaciguadores en beneficio del estatus quo, correrán el riesgo de ser recordados como los alentadores y cómplices de un fraude monumental.

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