Fueron 207 las propuestas que recibieron las autoridades de Colombia a través de sus alcaldías y departamentos para ser incluidas en el texto de la Ley de Crecimiento que sustituye a la fracasada Ley de Financiamiento. Se produjo un verdadero chaparrón de solicitudes, lo que es solo evidencia de la atención que este tema ha despertado en el electorado. Esto es malo y bueno a la vez, porque no es posible dar satisfacción a todos; pero, por otra parte, este importante tema es de los que más cuentan para los manifestantes de las protestas de estas últimas semanas. La realidad es que son las revueltas a lo largo y ancho del país lo que ha mantenido en la palestra el tema del relanzamiento económico de Colombia.
La economía es una asignatura en la que el gobierno de Iván Duque no logra levantar cabeza, pero en toda honestidad, los desarreglos del sector son una pesada herencia de su predecesor. La reforma de impuestos que por segunda vez irá a las cámaras debería cumplir con la finalidad de enderezar las finanzas del Estado de manera de poder hacerle frente a su monumental deuda que alcanzará para este año 47% de su producto interno bruto. Pero al propio tiempo, el nuevo instrumento debe servir para mejorar la calidad de vida de los colombianos y atender los desequilibrios sociales que se han venido acentuando durante los años del gobierno de Santos y durante la presidencia de Iván Duque por igual.
Duque se ha propuesto muchas metas con esta ley, pero la que pudiera tener mayor impacto dentro de sus votantes para las próximas elecciones es la que tiene que ver con el empleo de la ciudadanía. La situación del país en este terreno es atroz. El presidente pretende rebajar la tasa de desempleo que hoy es de 10,2% de la población –según un DANE en extremo generoso– a una tasa menor a 8%.
Hay un propósito principalísimo que es el de conseguir incluir dentro de la masa nacional de empleos a los jóvenes menores de 28 años que no están vinculados laboralmente, para lo cual hay grandes incentivos fiscales a la empresa privada, y además, el Estado se obliga a que 10% de sus nóminas será para jóvenes menores de 28 años, sin tener que acreditar experiencia.
Para lo anterior los sectores que recibirán atención particular para reactivarse son la construcción de viviendas y obras civiles y el turismo, dos grandes empleadores de mano de obra y personal técnico especializado. El gobierno se propone alcanzar una meta de 800.000 nuevos empleos para 2022.
Quienes tienen la respiración detenida son los empresarios, un importante componente de la ecuación de recuperación de la economía nacional. Les ocurre que este segundo tránsito de la Ley por el Congreso podría dar al traste con algunas disposiciones que reducen su carga tributaria y que mantienen su motivación a la inversión. Sin inversión creciente y formal no se puede hablar de reactivación ni de aceleración económica. Las reducciones tributarias son un elemento que favorece netamente al sector privado y por ello fue incluido en las disposiciones legales por el Ministerio de Hacienda y por directa instrucción del Palacio de Nariño.
Así las cosas, lo que favorecerá más al país al abordar de frente el tema impositivo es el efecto que ello tendrá en desterrar la informalidad, uno de los grandes males de la Colombia de nuestros tiempos. Abordar de frente el tema tributario contribuirá a desatanizarlo y a poner orden en las finanzas estatales.
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