De la hoja de ruta para la oposición, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, el pueblo espera que un eventual gobierno de transición sepa enfrentar y conducir las grandes transformaciones que el país reclama, así como que lo haga bajo una nueva forma y estilo de gobernar.
Para ello, el pueblo debe encontrar en el mensaje y la estrategia de la oposición nuevas y poderosas razones para ganar su confianza y otorgarle el más decidido apoyo. El país debe internalizar que esa acción política opositora es la mejor alternativa para gobernar en períodos de crisis y grandes urgencias. Por tanto, es menester incorporar en el debate político visiones y planteamientos que contribuyan a reafirmar la percepción antes indicada. En tal sentido, a nuestro humilde entender, la hoja de ruta debe contener las sugerencias que formularemos a continuación, que por razones de espacio serán muy esquemáticas y breves:
- Construir un Estado eficiente y moderno: redimensionamiento del tamaño del aparato del Estado y sobre todo el mejoramiento de su calidad; desarrollo de un espíritu de iniciativas y liderazgo para las acciones del Estado y una sustancial mejoría en la eficiencia para la prestación de los servicios fundamentales.
- Alta eficiencia en la ejecución de las políticas y el gasto social mediante la adecuada focalización del referido gasto para que llegue mayoritariamente a los ciudadanos que realmente lo necesitan, así como mantenimiento de sistemas solventes de previsión social y de redes de protección social. -Fortalecimiento de las instituciones públicas, no solo de la rama ejecutiva sino también la legislativa y judicial.
- Crear, dentro y fuera del aparato del Estado, paradigmas para que este sea capaz de asociarse con las organizaciones sociales, las fuerzas regionales y locales, el sector privado y los trabajadores.
- Transmitir la convicción del manejo transparente en los procedimientos administrativos y en la toma de decisiones. Descentralización administrativa eficiente y de bajo costo.
- Necesidad de elevar el nivel del diálogo y la calidad de la actividad política, para hacerla girar en torno a ideas y valores y no para un simple reparto del poder.
- Que la acción política se desarrolle cerca de la gente y estimule la participación ciudadana. Hay que considerar que en nuestra sociedad están emergiendo líderes políticos, empresariales, sindicales, sociales, intelectuales y de opinión que evidencian tener una visión de nuestra realidad menos ideológica y más pragmática que está descubriendo que el margen de opciones políticas y económicas para reencauzar al país se ha venido estrechando peligrosamente, lo que facilita la tarea de lograr consensos y acuerdos convenientes para el país y no la personal, grupal o partidista. En otras palabras, se hace necesario desarrollar una cultura política proclive a la obtención de consensos como la vía más idónea para atender la legítima impaciencia de la sociedad venezolana y para darle un renovado aliento y contenido al sistema político democrático.
- Proponer una democracia esencialmente participativa a través de la incorporación a la toma de decisiones a la sociedad civil; el nuevo gobierno debe tomar las medidas necesarias para escuchar a la gente y la sociedad debe sentir que compartirá el poder. Esta participación con el futuro gobierno para el diagnóstico de los problemas y en el diseño de las medidas que deben adoptarse para resolverlos, le dará un nuevo sentido a la relación gobernantes-gobernados y facilitará la necesaria legitimidad social a la estrategia económico-político-social que se articulará. Un pueblo que participa podría llegar a ser el aliado fundamental de un gobierno que deberá enfrentar las omisiones, demoras e incomprensiones de los poderes Legislativo y Judicial. La sociedad como un todo debe ser el legítimo representante del interés nacional y su gobierno el depositario de su confianza para llevar a feliz término las transformaciones necesarias.
- Que el país perciba que el nuevo gobierno está decidido y comprometido a realizar una profunda reforma social: la pobreza, la inequidad social y los trastornos sociales se han agravado en forma alarmante. La crisis del modelo de crecimiento y el estancamiento económico han deteriorado las oportunidades de empleo y erosionado las instituciones claves del país. Es menester, entonces, establecer un programa para la reforma social que sea el producto de un sólido consenso político. Hay que asignar alta prioridad a la revisión y reorientación del gasto del Estado en materia social. Descentralizar los programas sociales de tal forma que las decisiones se adopten en los niveles más próximos a los beneficiarios. Aumento de la inversión del Estado en programas de formación de recursos humanos, especialmente en los ámbitos de salud, educación por razones de equidad y para elevar la productividad del ciudadano. La creación de una fuerza de trabajo más saludable, mejor formada, más capacitada y productiva mejora las posibilidades de empleo y de crecimiento a largo plazo. Creación de oportunidades para los jóvenes para aprovechar la mejor riqueza que tiene el país. La solución a la pobreza en el largo plazo en buena medida dependerá de las acciones en beneficio de la juventud
- Planteamientos precisos sobre la crisis que vive el país: destacar lo grave, profunda y compleja que es la crisis que nos afecta y que la tarea de enfrentarla y superarla nos convoca a todos. A las instituciones de la sociedad (sindicatos, organizaciones empresariales, agrupaciones políticas y civiles, Fuerza Armada, Iglesia, medios de comunicación, etc.) les deben ser exigidas actitudes cónsonas con la responsabilidad de, al menos, detener el acelerado deterioro que hemos venido experimentando como sociedad y como país.