Una hoja de ruta para una sociedad en crisis

De la hoja de ruta para la oposición, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, el pueblo espera que un eventual gobierno de transición sepa enfrentar y conducir las grandes transformaciones que el país reclama, así como que lo haga bajo una nueva forma y estilo de gobernar.

Para ello, el pueblo debe encontrar en el mensaje y la estrategia de la oposición nuevas y poderosas razones para ganar su confianza y otorgarle el más decidido apoyo. El país debe internalizar que esa acción política opositora es la mejor alternativa para gobernar en períodos de crisis y grandes urgencias. Por tanto, es menester incorporar en el debate político visiones y planteamientos que contribuyan a reafirmar la percepción antes indicada. En tal sentido, a nuestro humilde entender, la hoja de ruta debe contener las sugerencias que formularemos a continuación, que por razones de espacio serán muy esquemáticas y breves:

• Construir un Estado eficiente y moderno: redimensionamiento del tamaño del aparato del Estado y sobre todo el mejoramiento de su calidad; desarrollo de un espíritu de iniciativas y liderazgo para las acciones del Estado y una sustancial mejoría en la eficiencia para la prestación de los servicios fundamentales.
• Alta eficiencia en la ejecución de las políticas y el gasto social mediante la adecuada focalización del referido gasto para que llegue mayoritariamente a los ciudadanos que realmente lo necesitan, así como mantenimiento de sistemas solventes de previsión social y de redes de protección social. -Fortalecimiento de las instituciones públicas, no solo de la rama ejecutiva sino también la legislativa y judicial.
• Crear, dentro y fuera del aparato del Estado, paradigmas para que este sea capaz de asociarse con las organizaciones sociales, las fuerzas regionales y locales, el sector privado y los trabajadores.
• Transmitir la convicción del manejo transparente en los procedimientos administrativos y en la toma de decisiones. Descentralización administrativa eficiente y de bajo costo.
• Necesidad de elevar el nivel del diálogo y la calidad de la actividad política, para hacerla girar en torno a ideas y valores y no para un simple reparto del poder.
• Que la acción política se desarrolle cerca de la gente y estimule la participación ciudadana. Hay que considerar que en nuestra sociedad están emergiendo líderes políticos, empresariales, sindicales, sociales, intelectuales y de opinión que evidencian tener una visión de nuestra realidad menos ideológica y más pragmática que está descubriendo que el margen de opciones políticas y económicas para reencauzar al país se ha venido estrechando peligrosamente, lo que facilita la tarea de lograr consensos y acuerdos convenientes para el país y no la personal, grupal o partidista. En otras palabras, se hace necesario desarrollar una cultura política proclive a la obtención de consensos como la vía más idónea para atender la legítima impaciencia de la sociedad venezolana y para darle un renovado aliento y contenido al sistema político democrático.
• Proponer una democracia esencialmente participativa a través de la incorporación a la toma de decisiones a la sociedad civil; el nuevo gobierno debe tomar las medidas necesarias para escuchar a la gente y la sociedad debe sentir que compartirá el poder. Esta participación con el futuro gobierno para el diagnóstico de los problemas y en el diseño de las medidas que deben adoptarse para resolverlos, le dará un nuevo sentido a la relación gobernantes-gobernados y facilitará la necesaria legitimidad social a la estrategia económico-político-social que se articulará. Un pueblo que participa podría llegar a ser el aliado fundamental de un gobierno que deberá enfrentar las omisiones, demoras e incomprensiones de los poderes Legislativo y Judicial. La sociedad como un todo debe ser el legítimo representante del interés nacional y su gobierno el depositario de su confianza para llevar a feliz término las transformaciones necesarias.
• Que el país perciba que el nuevo gobierno está decidido y comprometido a realizar una profunda reforma social: la pobreza, la inequidad social y los trastornos sociales se han agravado en forma alarmante. La crisis del modelo de crecimiento y el estancamiento económico han deteriorado las oportunidades de empleo y erosionado las instituciones claves del país. Es menester, entonces, establecer un programa para la reforma social que sea el producto de un sólido consenso político. Hay que asignar alta prioridad a la revisión y reorientación del gasto del Estado en materia social. Descentralizar los programas sociales de tal forma que las decisiones se adopten en los niveles más próximos a los beneficiarios. Aumento de la inversión del Estado en programas de formación de recursos humanos, especialmente en los ámbitos de salud, educación por razones de equidad y para elevar la productividad del ciudadano. La creación de una fuerza de trabajo más saludable, mejor formada, más capacitada y productiva mejora las posibilidades de empleo y de crecimiento a largo plazo. Creación de oportunidades para los jóvenes para aprovechar la mejor riqueza que tiene el país. La solución a la pobreza en el largo plazo en buena medida dependerá de las acciones en beneficio de la juventud
• Planteamientos precisos sobre la crisis que vive el país: destacar lo grave, profunda y compleja que es la crisis que nos afecta y que la tarea de enfrentarla y superarla nos convoca a todos. A las instituciones de la sociedad (sindicatos, organizaciones empresariales, agrupaciones políticas y civiles, Fuerza Armada, Iglesia, medios de comunicación, etc.) les deben ser exigidas actitudes cónsonas con la responsabilidad de, al menos, detener el acelerado deterioro que hemos venido experimentando como sociedad y como país.