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Estados Unidos está de luto. Ha fallecido la magistrada Ruth Bader Ginsburg, campeona de los derechos de las mujeres, los derechos civiles y la igualdad de oportunidades ante la ley.
RBG, como es conocida, se fue tras feroz batalla contra el cáncer. Lo sabemos por ella misma, quien al manifestar sus últimos deseos incluyó que la designación de su sucesor en la Corte Suprema estuviera en manos de un nuevo presidente, elegido por el pueblo.
RBG era consciente del impacto negativo de la actual polarización en nuestra sociedad, así como de la crucial importancia de tener una Corte equilibrada (y no politizada), orientada a crear una unión más perfecta, con igualdad ante la ley para todos.
Designada por el presidente Bill Clinton, la jueza Ginsburg, segunda mujer en llegar a tan encumbrada posición, sirvió en el tribunal más alto del país desde 1993. Durante sus años en la Corte llegó a ser conocida como la Gran Disidente, título conferido una vez al magistrado John Marshall, por sus muchas discrepancias en la defensa de las libertades civiles, destacando su oposición frente a la infame sentencia de Plessy v. Ferguson, que legalizó por décadas la segregación en edificaciones públicas. El legado de la jueza Ginsburg se define por su lucha por la igualdad de derechos para las mujeres, la comunidad LGBTQ, las minorías y los inmigrantes.
Nacida en el hogar de una pareja de inmigrantes –su padre era un judío venido de Rusia y su madre, de origen judío-austríaco–, la jueza Ginsburg fue adalid de los derechos de los migrantes. En junio de 2020 se puso del lado de la mayoría en el caso del Departamento de Seguridad Nacional contra los regentes de la Universidad de California, que había encontrado injustificada la rescisión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), por parte del gobierno de Trump. En junio de 2018 apoyó a la minoría en Trump v. Hawaii, el caso que confirmó la prohibición migratoria a musulmanes decretada por Trump.
En Arizona v. Estados Unidos (2012), dio su respaldo a la mayoría para derogar ciertas disposiciones en la controvertida legislación SB1070 de Arizona, por la cual los inmigrantes debían llevar en todo momento un certificado de registro de extranjero y requería que la policía determinara el estado migratorio cuando existía “sospecha razonable” de que un inmigrante era indocumentado. En Demore v. Kim (2003), la jueza Ginsburg abogó por la minoría al fallar contra una detención obligatoria de inmigrantes prolongada, y en Zadvydas v. Davis (2001), sustentó la posición de la mayoría para dictaminar que el gobierno no podía retener indefinidamente a inmigrantes detenidos si sus países de origen se negaban a aceptar su repatriación o esta ponía en riesgo la integridad de las personas.
El voto de la magistrada Ginsburg tuvo un papel crucial en las decisiones que impactaron a millones de latinos. En 2019 fue clave en la decisión 5-4 en el caso Departamento de Comercio v. Nueva York, cuando la Corte bloqueó el intento del gobierno de Trump de agregar una pregunta de ciudadanía al censo. En 2015, se unió a la mayoría en los casos de la Ley del Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) protegiendo la atención médica de millones de latinos y otros estadounidenses.
Su protección del derecho al voto y el repudio de las medidas de supresión de votantes buscaban proteger a las minorías, a menudo blanco de tales intentos. En 2013 asumió un fuerte desacuerdo en Shelby Country v. Holder, que había desmantelado una disposición importante de la Ley de Derechos Electorales (que obligaba a los estados del sur a obtener la aprobación federal antes de realizar cambios en sus leyes electorales). “Prescindir de la autorización previa cuando ha funcionado y sigue funcionando, para detener los cambios discriminatorios, es como prescindir del paraguas en medio de una tormenta porque no se está mojando”, escribió.
Su compromiso con los derechos civiles de los inmigrantes le ha valido a la magistrada Ginsburg el elogio de influyentes grupos hispanos como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), la Asociación Nacional de Abogados Hispanos, el Latino Victory Project y Voto Latino. Todos le debemos a Ruth Bader Ginsburg una tremenda gratitud por su compromiso de toda la vida para que todos, sin importar nuestro género, raza, orientación sexual, origen o religión, seamos iguales ante la ley.
El muy lamentable deceso de esta titana de la igualdad y la justicia se produce cuando la campaña electoral estadounidense entra en la recta final. Según todas las encuestas, Joe Biden aventaja al presidente Trump, con un cómodo margen en los promedios nacionales (+ 7%, según la reconocida encuesta de la Universidad de Monmouth), al punto de que en una increíble declaración –sin precedentes por lo irresponsable– el propio Trump se negó a comprometerse a aceptar los resultados electorales y asegurar una transición pacífica de poder. El Senado en pleno tuvo que emitir una resolución en contrario.
Sin atender a la última voluntad de RBG, Trump ha dicho que cubrirá la vacante y el senador McConnell está presionando a la mayoría republicana en el Senado para que haga lo mismo, a pesar de que se hizo lo contrario cuando impidieron que el juez Merrick Garland, nominado por Obama, obtuviera la votación en el Senado para cubrir la vacante del magistrado conservador Antonin Scalia. El Partido Republicano dijo, entonces, porque era año de elecciones, que la gente tenía que votar antes de que el Senado decidiera, aunque faltaban más de 250 días para el día de las elecciones. Hoy, a menos de 40 días antes del día de las elecciones, y con la gente ya votando anticipadamente (de forma presencial o por correo), el Partido Republicano avanza en su empeño de asegurar una Corte Suprema políticamente inclinada hacia su agenda conservadora, que representa una regresión social de terrible impacto en el ámbito de los derechos civiles; además, desde luego, de sus compromisos con la agenda de sectores económicos y corporativos que hacen abierta resistencia a cuestiones indispensables para una transición económica y energética hacia la sustentabilidad medioambiental, así como la protección de la
clase trabajadora y los consumidores, entre otros asuntos fundamentales.
De concretarse este nombramiento, estaríamos ante un delicado escenario en el cual un Presidente que no ganó las elecciones con la mayoría del voto popular directo, habría nombrado, a contravía de la opinión mayoritaria del país, a tres magistrados de la Corte Suprema en menos de cuatro años. De esta manera, arriesgan los republicanos y Trump romper con los equilibrios que ofrece la más alta instancia judicial del país al pacto social concebido para ofrecer a los ciudadanos garantía de que las instituciones son el camino de lucha para alcanzar una “unión más perfecta”, tal como reza el propio preámbulo de la Constitución de Estados Unidos. El pueblo de este país tiene, pues, muchas razones para llorar la muerte de su sabia y justa magistrada. Pero también para hacer honor al legado de RBG, movilizándose a votar para defender sus derechos.
@Lecumberry