Una compensación que no compensa

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Cuatro años estuvo preso en Venezuela Lorent Gómez Saleh, conocido activista en favor de las libertades y la democracia, después de haber sido deportado de Colombia por el gobierno de Juan Manuel Santos y puesto en manos del madurismo. De ello ha transcurrido una década y aunque tarde, un atisbo de justicia del lado colombiano surge en torno a él, aunque al joven venezolano nada ni nadie conseguirá borrarle los días y noches de horror que pasaron él y su familia en manos del régimen de Nicolás Maduro.

El joven director de la ONG Operación Libertad, quien había buscado refugio en Colombia por estar amenazado y perseguido por el régimen venezolano, fue detenido en 2014 por la policía colombiana y enviado a Venezuela, donde 24 horas más tarde era ilegalmente conducido por el Sebin a la conocida prisión de La Tumba. Allí estuvo dos años y luego fue trasladado a El Helicoide, donde lo esperaban dos años más de tormento.

De esta inenarrable y terrorífica situación y de las secuelas que ello tuvo en la vida personal y familiar de Gómez Saleh se han conocido los detalles a lo largo de los años y el propio Lorent se ha encargado de evidenciar lo que fueron sus días de horror en las cárceles del régimen chavista. Escuchar sus relatos equivale a ponerse en contacto con los peores actos de inhumanidad, con las más abyectas torturas.

Sin embargo, en Colombia el Juzgado 58 Administrativo de la ciudad capital colombiana determinó que se produjeron graves irregularidades en el trámite de deportación del líder venezolano y por ello Migración Colombia fue condenada a pagar una indemnización al activista y a su madre por los daños que le ocasionó tal actuación de las autoridades colombianas. Este ente estatal es una unidad adscrita al Mininterio de Relaciones Exteriores con autonomía administrativa, financiera y patrimonial con jurisdicción en todo el territorio nacional.

La firma de abogados Víctor Mosquera Marín al entrar en contacto con la irregularidad de la que fue objeto Saleh encabezó una causa que consiguió demostrar que al venezolano se le había impedido ejercer su derecho a la defensa, desconociendo por entero la extrema situación de vulnerabilidad en que se encontraría el sujeto al ser entregado a las autoridades represivas venezolanas quienes lo habían mantenido asediado y perseguido antes de huir a Colombia.

Conocer el monto de la compensación a la que ha sido obligado el gobierno no agrega mucho a este asunto. Lo es relevante es que la decisión representa un avance para el reconocimiento y la consolidación de los derechos humanos en la región. Y es preciso destacar que el despacho legal Mosquera Marín acaba de recibir, por ello, una condecoración de la Federación Interamericana de Abogados la que le acaba de ser entregada en Miami en la ocasión de su 60 Conferencia.

Tal actuación llevó al juzgado mencionado a considerar los informes que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y determinó la existencia de méritos para la indemnización a Saleh y a su madre.

Con el paso de los años el caso de Saleh se ha desdibujado como el de tantos otros venezolanos maltratados, perseguidos, encarcelados y torturados por el régimen de Miraflores. La depresión experimentada por Saleh lo llevó a intentar quitarse la vida.

Debe sin embargo ser aplaudida la rectitud de las instituciones que actúan del otro lado de la frontera para visibilizar actuaciones como la del gobierno de Santos. Y debe evidenciarse, ante la colectividad que permanece pasiva ante la injusticia y el crimen, la tarea que algunos desarrollan para que no quede sin la debida compensación episodios de inhumanidad como éste.