Desde hace años, algunos sectores de la oposición al zelayismo en Honduras acusan a Carlos Zelaya Rosales, hermano del expresidente Manuel Zelaya, de estar relacionado con el narcotráfico. Muchos nunca lo han creído y uno de los argumentos era que, si desde Washington no surgían imputaciones ni rumores, era porque no había motivos para ello.
El inicio de la ofensiva de Washington
Pero Estados Unidos suele guardarse las cartas para cuando lo cree oportuno. Tras la asunción de Xiomara Castro, con la designación de Laura Dogu como embajadora en Tegucigalpa, experta en intervenir en los asuntos internos de los países donde ha sido destinada, Washington pareció dar el primer paso.
Las declaraciones de la embajadora la enemistaron rápidamente con la Cancillería hondureña y con sectores de la administración Castro. Y más tarde, la presidenta anunció la cancelación del acuerdo de extradición que justificó debido a las amenazas de intervención de Dogu.
Sin embargo, el escándalo estalló cuando el ahora famoso video, grabado para las elecciones de 2013, fue presentado por uno de los participantes de esa reunión, el ex jefe del cartel de Los Cachiros, Devis Rivera Maradiaga, al tribunal que lo juzga en Manhattan por delitos relacionados con el narcotráfico. Era una “carta” que el ex Cachiro tenía guardada para mejorar su situación procesal.
El estallido
Las imágenes de reuniones, a priori non sanctas, entre el ahora exdiputado Carlos Zelaya Rosales -hermano del expresidente- y otros dirigentes del Partido Libre con connotados narcotraficantes hondureños ha desatado un escándalo político en Honduras.
Un dirigente de derechos humanos, quien ha solicitado expresa reserva, afirma que el caso se venía “cocinando en silencio” en la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Y es que el rol de Laura Dogu siempre ha sido complicar a los gobiernos no afines al Departamento de Estado. “Las cosas no salieron a la luz debido a las confesiones y el video entregado a las autoridades de la justicia estadounidense por el ‘Cachiro’ Rivera Maradiaga”, “dentro del gobierno, nadie con verdadero poder… ignoraba que esa reunión había tenido lugar”, afirma la fuente.
Ya hace cierto tiempo que la idea de denunciar y derogar el acuerdo de extradición venía siendo considerada. Y es que son varios los altos mandos de Libre, el partido oficialista, que podrían verse involucrados. Entre ellos, Carlos y José Manuel Zelaya; Carlos Muñoz, exdiputado suplente de expresidente, actualmente cónsul en Miami; Adán Funez, alcalde de Tocoa; y Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre en el Congreso, entre otros.
El rol de Ramón Sabillón
Al inicio de la administración Castro, Ramón Sabillón, exjefe de la Policía Nacional durante parte del mandato de Juan Orlando Hernández (JOH), fue ministro de Seguridad de Xiomara. Durante el período anterior Sabillón había sido despedido como director general de la Policía Nacional, tras operar contra el cartel de los Valle-Valle sin avisar previamente al presidente, quien era “socio” de los hermanos Valle. Se especula que Sabillón actúa bajo el mandato de la DEA.
Bajo el gobierno de JOH, Sabillón debió autoexiliarse, incluso saliendo del país de forma clandestina. Desde ese momento y hasta la asunción de Xiomara, estuvo desaparecido y es de suponer que desde esos días trabaja de cerca con Washington, por ello, se supone que se opuso a la idea de cancelar el tratado de extradición. En 2023 fue despedido por Xiomara volviendo al anonimato y la excusa fue la masacre de más de 40 reclusas en la cárcel de mujeres de Támara.
El anuncio de cancelación del acuerdo
Que la cancelación del acuerdo de extradición haya sido anunciado hace tan solo un par de semanas, se debe, de acuerdo a fuentes cercanas al palacio de gobierno, a que se sabía que la embajadora Laura Dogu actuaba para que la Justicia de Estados Unidos abriera nuevos expedientes contra funcionarios y exfuncionarios de Libre.
Ante la posibilidad de ser denunciados públicamente, el gobierno se adelantó y anunció la cancelación del acuerdo de extradición, lo cual se hizo pocos días antes que trascendiera el ahora famoso video. Para minimizar el daño, Carlos y su hijo renunciaron de inmediato, a efectos de facilitar las investigaciones, según sus propias declaraciones. Lo mismo hizo Rafael Sarmiento y se espera que lo haga Carlos Muñoz, a quienes, con el pasar de los días, podrían sumarse otros.
El rol del Ministerio Público
El Ministerio Público, por su parte, actuó de inmediato por orden del fiscal general, Johel Antonio Zelaya Álvarez, quien instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para que investigue el caso. Pero no es esperable que la fiscalía general lleve adelante una investigación independiente y honesta. Será cuestión de ver hasta dónde el Departamento de Estado y la embajadora Dogu están dispuestos a llegar.
Todo indica que, a pesar de los numerosos problemas que enfrenta la administración Castro, y de la gran cantidad de promesas incumplidas, por ahora su candidata a sucederle, Rixi Moncada, sería electa en las próximas elecciones.
¿Es conveniente para Washington sacar a Libre del juego?
Ni los dirigentes ni las políticas de este partido le resulta simpático al gobierno de Estados Unidos, pero no hay alternativas creíbles. Por ello, quizás a Washington le convenga un gobierno poco amistoso pero factible de ser condicionado, que una administración afín pero que no pueda manejar las crisis del país. Y es que no hay en la oposición un precandidato con una imagen positiva sólida como para hacerle frente a la candidata oficialista. Mientras, Xiomara intenta disimular el escándalo apelando a que los funcionarios que aspiren a un cargo electivo deben renunciar.
Cadena nacional para retomar la iniciativa
La noche del 3 de septiembre, la presidenta Castro, junto a varios de sus principales colaboradores, incluyendo la novel ministra de Defensa, Rixi Moncada, defendió su gobierno por cadena nacional y atacó sin miramientos a Estados Unidos y su embajadora Laura Dogu. “Después de las amenazas de la embajadora de Estados Unidos, acusando al jefe de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas y al ministro de defensa de narcotraficantes, ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo”, sentenció la presidenta.
Respecto al video publicado por la revista InSight Crime, Castro condenó todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos, pero afirmó que no permitirá que se instrumentalice selectivamente el tratado vigente con Estados Unidos para derrocar a su gobierno.
Ahora habrá que ver cómo responden las bases del Partido Libre. Por el momento, no hay atisbos de rebeliones internas ni de diásporas. Si la dirigencia de Libre logra sortear la tormenta, aunque sea sacrificando algunos peones, Rixi seguirá teniendo posibilidades de ser electa como sucesora de Xiomara Castro.
Dardo Justino Rodríguez es analista, comunicador y consultor independiente de organismos y organizaciones internacionales. Director nacional de Presagio Consulting Honduras.