El indulto concedido este 31 de agosto de 2020 a 110 víctimas de la persecución política en Venezuela no es un acto de clemencia de la dictadura sino una maniobra electoral para perpetuarse en el poder.
El régimen encabezado por Nicolás Maduro con el apoyo indecente de las autoridades del Poder Judicial ha hecho todo lo posible para imponer las condiciones. En primer lugar, a través de la designación a dedo a unos rectores del Consejo Nacional Electoral, que lo primero que decidieron fue aumentar el número de diputados, para volver a intentar una reingeniería de circuitos electorales que favorezca al chavismo-madurismo.
En segundo lugar, el CNE inventó un sistema de votación indirecta para tratar de cooptar a los tres diputados representantes de los pueblos y comunidades indígenas. Y, en tercer lugar, también con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, el régimen pretende imponer los candidatos, mediante el desconocimiento del liderazgo histórico de los partidos políticos e, incluso, el robo de sus emblemas.
Sobre todo ante la opinión pública internacional que desconoce la legitimidad de Maduro, el chavismo-madurismo necesita darle un barniz de legalidad a lo que desde el principio ha sido identificado como un burdo fraude. Y es que la falta de garantías electorales se suma a la violación sistemática de derechos humanos, la corrupción y el narcotráfico a los más altos niveles gubernamentales.
Una de las evidencias del déficit democrático en Venezuela es la existencia de presos políticos y no basta que la dictadura lo niegue. Venezuela sigue en la mira de la comunidad internacional y las sanciones contra los personeros del gobierno y sus aliados no cesan.
A lo interno, una vez más se aplicó una estrategia maquiavélica a efectos de minar la unidad de la oposición. Sin embargo, la primera respuesta a la convocatoria a comicios el 6 de diciembre de 2020 para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional fue contundente: 27 partidos enfrentados al régimen suscribieron un acuerdo que descarta su participación en la farsa electoral.
Ahora, con el mismo propósito de legitimar el fraude electoral, Maduro recurre a un indulto masivo. Habría que preguntarse si se trata de un verdugo pidiendo clemencia…
El indulto es la prueba irrefutable que en Venezuela sí hay presos políticos y que, en esta oportunidad, Maduro pretende utilizarlos en una maniobra electoral. Pero como un nuevo recurso, luego de que los anteriores no han sido suficientes ni convincentes.
También habría que preguntarse por qué se apeló al llamado indulto procesal, el que se concede sin una previa sentencia condenatoria definitivamente firme y dictada conforme a Derecho para demostrar la culpabilidad de una persona. Y además surge otra pregunta: ¿por qué el indulto y no la amnistía, si, como dijo el ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, el objetivo es la reconciliación política?
Tengamos en cuenta que entre los indultados hay personas procesadas por razones muy diversas: desde la presunta participación de dirigentes opositores en un supuesto magnicidio hasta el uso anónimo de redes sociales por parte de periodistas. Tengamos en cuenta que no todos los presos políticos fueron indultados, lo cual indica que el gobierno todavía podría utilizar a otros más icónicos como fichas, en negociaciones inconfesables.
En 2016, la Asamblea Nacional sancionó la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que ofrecía la liberación de algunos presos por motivos políticos. Esta ley fue vetada por Maduro. El 30 de marzo de ese año dijo: “…Tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa… en Venezuela no hay presos políticos sino, políticos presos”. Posteriormente, el 8 de abril, pidió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declarar la inconstitucionalidad de dicha ley, como en efecto lo hizo el TSJ.
El indulto es una «medida de gracia» que consiste en el perdón parcial o total de la pena impuesta a través de una sentencia firme. No obstante, el indulto masivo concedido por Maduro involucra a personas que se deben presumir inocentes y hasta que no se demuestre lo contrario no habría nada que perdonar. Sin sentencia firme como resultado de un juicio justo el perdón es un artificio político.
Las suspicacias encuentran fundamento en una primera decisión del CNE al servicio de Maduro, a pocas horas de la concesión de este artificioso indulto masivo: la extensión del plazo para las postulaciones de candidatos; la tercera prórroga.
Es presumible que, como lo hizo en las últimas elecciones municipales, el gobierno trate de obligar a los indultados o, al menos, a algunos de ellos, a postularse como candidatos para la contienda convocada para el 6 de diciembre.
Ya la dictadura hizo su jugada, pero fue muy burda y develó la maniobra electoral con los presos políticos. Ahora le toca al liderazgo opositor y a la sociedad civil que promueven la plena vigencia de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela.