El pasado 11 de diciembre se celebró en Washington, en la sede de la OEA, una reunión de su Consejo Permanente para examinar a solicitud de Argentina el asedio de que es objeto su embajada en Caracas y el peligro que corren quienes obtuvieron la condición de asilado diplomático, de conformidad con la Convención de Caracas de 1954.
La región se reúne, una vez más, para tratar temas políticos y jurídicos importantes, pero sin grandes variaciones en su proceder. La violación por la dictadura venezolana de las Convenciones de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y la de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, así como los principios de derecho internacional más elementales recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, deben preocupar a todos. Es un reto a la comunidad regional, es una ofensa al derecho internacional y a los valores y principios que regulan las relaciones pacíficas entre los Estados.
Las delegaciones intervinieron, unas, las representativas de auténticas democracias, defendieron el derecho al asilo, un derecho humano, y la obligación del Estado territorial, Venezuela, de respetar la sede y a los asilados y otorgarles además el salvoconducto que prevé la Convención de 1954. Otros, menos democráticos, saludaron el tema sin tomar posición, incluso, sin apoyar expresamente, como tenía que ser, el proyecto de resolución presentado por un grupo de países en el que le exigen a la dictadura de Maduro que respete sus compromisos internacionales.
Lamentables, por decir lo menos, las intervenciones y la actuación de Brasil, Estado que custodia la sede de Argentina; de Colombia y de México, que contradictoriamente había defendido la figura del asilo diplomático y la inviolabilidad de los locales hace unos meses, incluso en la Corte Internacional de Justicia. En ese caso, la representante del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se las ingenió para hacer una defensa genérica del asilo diplomático sin referirse al asunto concreto en discusión.
Los gobiernos de Lula, Petro y Sheinbaum despreciaron el orden jurídico internacional, los más elementales principios de humanidad y se acomodaron al lado de la tiranía de Maduro, que sigue asediando de manera grave la Embajada de Argentina.
Se adoptó una resolución en la que se exige una conducta distinta a la dictadura, pero estamos ante recomendaciones que los Estados pueden o no cumplir, aunque deberían hacerlo al menos por consideraciones políticas y morales. Esa es la realidad de nuestra organización regional. Discursos, apoyos y desapoyos, textos que en definitiva se archivan en la historia de la organización. Mientras tanto seis dirigentes políticos, honestos, dignos y perseguidos, temen por su vida.
La dictadura juega con el derecho internacional y algunas seudodemocracias le acompañan. ¿Espera la dictadura mantener estas fichas para un intercambio en los próximos días o simplemente esperan que se entreguen para llevarlos al Helicoide o a cualquier otra de las cárceles del terror que dirige Maduro desde Miraflores, bajo las acusaciones de la fiscalía de la vergüenza?