El martes 14 de marzo, la Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó un dictamen que modifica el Código Penal, en su Título referido a los delitos contra el honor, específicamente los artículos que versan sobre la calumnia y la difamación. De acuerdo a la propuesta legislativa, se buscaría incrementar la pena cuando se cometa el delito de difamación mediante medios de comunicación, sean estos, redes sociales, sitios o páginas web, portales, entre otros. Sin duda, una iniciativa muy controversial, ya que vulneraría el derecho fundamental a la libertad de expresión.
De acuerdo al diario El Comercio, la Defensoría del Pueblo ha señalado que los delitos contra el honor “tienen una incidencia directa en el ejercicio de las libertades de expresión e información, por lo que toda propuesta de reforma debe tener en cuenta estándares sobre ambas libertades”.
Y es que, con el endurecimiento de las penas de los delitos antes mencionados, podríamos atentar contra la libertad de expresión de cualquier ciudadano y en especial de las personas que ejercen la profesión periodística, limitándolos severamente en el cumplimiento de su labor de investigación y control a quienes ostentan cargos de poder. Esto es algo que debilitaría aún más nuestra democracia.
Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una sentencia, referida al Caso Álvarez Ramos vs. Venezuela, en la cual ha establecido que “el uso de la ley penal por difundir noticias produciría directa o indirectamente, un amedrantamiento que, en definitiva, limitaría la libertad de expresión e impediría someter al escrutinio público conductas que infrinjan el ordenamiento jurídico, como, por ejemplo, hechos de corrupción, abusos de autoridad, etc. Lo anterior debilitaría el control público sobre los poderes del Estado, con notorios perjuicios al pluralismo democrático.”
Teniendo en cuenta ello, es que esta iniciativa legislativa podría ser perjudicial dentro de nuestro marco democrático. En ese sentido, es que no debería aprobarse en el pleno del Parlamento el proyecto de ley que busca elevar las penas de los delitos contra el honor, porque en vez de evitar que se cometan dichos actos antijurídicos, podría ocasionarnos mayores problemas de índole constitucional.
Por otro lado, podría ser oportuna la ocasión para volver a reflexionar y debatir sobre la idea de la despenalización de los delitos contra el honor. Algo que ya, hace unos años, se había puesto en debate dentro del Congreso de la República, cuando el parlamentario Javier Valle Riestra lo planteó, por considerar a la difamación y a la injuria como infracciones que podrían demandarse en el fuero civil y no en el penal. Sería interesante y pertinente retomar el debate.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú