Es inaudito que en nuestro país el régimen que desgobierna haya establecido un sistema de intolerancia política, violencia e irracionalidad, que se fundamenta en el asesinato a mansalva, como, por ejemplo, el más reciente, el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Igualmente se fundamenta en el encarcelamiento de sus opositores, sin fórmula de juicio y sin el debido proceso, en mazmorras malolientes y antihigiénicas para causar la muerte lenta de los allí confinados; en las desapariciones de personas; en las torturas físicas y morales de los presos y de sus familiares; en el escarnio público de los detenidos; en las acciones violentas e ilegales de los grupos oficiales y extraoficiales de apoyo al gobierno. Estas se encuentran integradas por una cáfila de delincuentes de baja ralea; se realizan impunemente con la complicidad de las autoridades, y la dirigencia “chavista-madurista” las exacerba. Estas iniquidades son utilizadas por el régimen como instrumentos de acción política para atacar y amedrentar al país. No hay día en que los medios de comunicación no reporten situaciones de esa naturaleza que se suceden, en forma alarmante, en contra de los disidentes, sean estos civiles o militares. La perversidad y la saña empleadas por los esbirros del gobierno no tienen antecedentes en nuestra historia, la perfidia criminal cubana enquistada en los cuerpos de represión gubernamentales deja muy lejos los excesos y abusos perpetrados por la tristemente célebre Seguridad Nacional de los tiempos del dictador Pérez Jiménez.
Cuando inexorablemente se aproximan los inevitables momentos en los que la dictadura de Maduro debe abandonar el poder, se percibe una mayor radicalización del régimen que exacerba la polarización y la tensión social, y cuyos rasgos fundamentales evidencian el endurecimiento del contenido del discurso político y actitudes gubernamentales que acentúan las diferencias, pero que no deja espacio para el debate ni el entendimiento.
Los tiempos actuales están signados por la violencia, la intransigencia y la confrontación. En efecto, el régimen y la inteligencia cubana se aprovechan del comportamiento irracional de las masas utilizando un discurso de exclusión y odio; esta es una de las estrategias represivas que ha venido usando el régimen para tratar de amedrentar y acorralar a los grupos opositores. Igualmente, la violencia institucional del gobierno al pretender el cierre deliberado de las instancias a las que se podría acudir en demanda de justicia y control a tales exabruptos. A pesar de los llamados pacifistas de la dirigencia opositora, la violencia que podría desatarse en el seno de los desafectos al gobierno sería un acto de legítima defensa ante el arrinconamiento y las acciones políticas de acoso y persecución de las que son objeto.
La sociedad venezolana y la comunidad internacional no pueden permitir que sean la violencia, la confrontación y la subversión social la única salida política que le queda a la oposición frente a las inaceptables pretensiones de conculcar los derechos básicos a la vida, la libertad y la dignidad. No se debe tolerar que el gobierno acose a la oposición, por pretender cambiar democráticamente el estado de cosas que vive el país.
La oposición transita una ruta pacífica y queremos mantenernos en ella. Chávez, Maduro y sus adláteres tuvieron la oportunidad de gobernar y lo hicieron muy mal. Y por ello no tiene fundamento moral ni es racional que pretendan ampliar su tiempo en el poder por otro sexenio. Todavía les queda la posibilidad de competir; si consideran que deben hacerlo, háganlo, pero respetando los fueros democráticos. No más ventajismos irritantes, no más perversas intenciones. Es deber y responsabilidad del gobierno tomar las medidas necesarias que eviten llevar al país por un sendero de enfrentamientos fratricidas en los que nadie ganará.