Román Duque Corredor recibió la semana pasada el premio Valores Democráticos “Francisco José Virtuoso S.J.” 2023 / Foto El Ucabista – Manuel Sardá
En un artículo reciente denominado “Tiempos tormentosos para la justicia” (https://bitlysdowssl-aws.com/opinion/tiempos-tormentosos-para-la-justicia/), hice referencia a que tres países se encuentran frente a cuestionadas reformas judiciales originando una serie de debates acerca de la conveniencia de avanzar en la aprobación de los proyectos presentados destinados a controlar la independencia judicial: Argentina, Israel y España; y concluía: “Quienes persiguen torticeras reformas del sistema judicial buscan de esa manera que la clásica división de poderes ( … ) pase a ser simplemente una fachada que aparente sostener un inexistente Estado de Derecho donde los jueces son controlados desde su nombramiento, frecuentemente hecho ‘a dedo’, sin un régimen de ingreso a la carrera judicial, y sin más credenciales que su afiliación o adhesión política al régimen, o donde los magistrados son designados sin cumplir los requisitos exigidos por el marco regulatorio: honorabilidad, gozar de buena reputación y ser reputado jurista”, lo que hace “( … ) imposible la existencia del Estado de Derecho y por ende de la seguridad jurídica ( … )”.
Transcurridos escasos días, los medios vuelven a mostrar en primera plana los incesantes ataques a la justicia; y así se observa cómo en la Argentina se insiste en la reforma judicial pero esta vez en forma indirecta mediante ataques a la abogacía con la promoción de dos proyectos de leyes, uno que recientemente obtuvo sanción en la Cámara de Diputados y se encuentra en revisión en el Senado de la Nación, que incluye a los abogados entre los sujetos obligados a brindar información a las autoridades sobre sus clientes, lo que podría lesionar la obligación ética de guardar secreto en su tarea profesional; y el otro, que permita recurrir a la administración pública para realizar los trámites sucesorios, desconociendo las incumbencias profesionales de los abogados y dejando de lado que la “declaratoria de herederos” en el país sureño no es un acto administrativo sino jurisdiccional, que debe estar a cargo exclusivamente de los jueces.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de Córdoba han denunciado ambos documentos y han elevado su preocupación ante la Federación Interamericana de Abogados, organización intercontinental con sede en Washington D. C., la que ha salido en defensa de la profesión de San Ivo mediante una declaración pública fechada el 5 de mayo en la que “( … ) expresa su preocupación por dichas iniciativas legislativas en la República Argentina, que podrían afectar el secreto profesional y las incumbencias de los abogados”.
Por otra parte, en Colombia, con motivo de unos señalamientos sobre un supuesto encubrimiento en la Fiscalía a una red del ‘clan del Golfo’ vinculada a homicidios y desapariciones, el presidente Gustavo Petro, en una declaración pública en España, dijo que él era el jefe del fiscal general de la Nación, lo que fue inmediatamente rebatido por este último acusando al presidente de comportarse como un dictador que quería violar la división de poderes, lo que ha obligado a la Corte Suprema de Justicia a publicar un comunicado el 5 de mayo en el que expresa que “( … ) el fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente de la República, es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial ( … ) desconocer o malinterpretar las bases de muestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.
Ante la enérgica posición asumida por la Corte y de una nueva declaración del fiscal anunciando que la vida de su familia está en peligro, el presidente Petro emitió un comunicado desde Portugal en el que expone que «( … ) es verdad que, en términos generales, el fiscal no está subordinado a funcionario alguno, pero sí que está subordinado a la Constitución y la ley (… ) en situaciones como esta, en donde el fiscal general entrega vagas explicaciones a los serios y gravísimos interrogantes que plantea un periodista, y que de ser ciertos pondrían en riesgo el orden público y la institucionalidad de la Justicia, no solo le está faltando el respeto al presidente sino que está violando la Constitución«.
Los exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), con justificada alarma, al hacer “( … ) votos para que Colombia y los colombianos resuelvan con prontitud esta situación que puede crear riesgo o afectar el legítimo ejercicio del poder ( … )”, en su DECLARACIÓN SOBRE EL RIESGO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO EN COLOMBIA, del 8 de mayo, recuerdan que “( … ) al corresponderle a los jueces ejercer control de convencionalidad y de constitucionalidad de los actos de los distintos poderes del Estado, invadir las competencias de la Justicia de suyo debilita los derechos de cada persona a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos”; y de esta manera IDEA respalda totalmente a la Corte Suprema de Justicia de Colombia y a su enérgico aunque respetuoso y cortés comunicado del 5 de mayo.
La diatriba, sin dudas, no ha terminado pero debe verse como un alerta porque presenta ciertos signos que evidencian que la independencia judicial no es del agrado del presidente de Colombia; y, como ha dicho el profesor Jaime Santofimio Gamboa, traen a la memoria aquella torticera frase del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez: “La democracia representativa, la división de poderes y el gobierno alternativo son doctrinas que envenena la mente de las masas”.
Pero al tiempo que en Argentina y Colombia se dan situaciones como las denunciadas -que claramente constituyen signos evidentes de querer minar la institucionalidad democrática-, los esfuerzos para defender las instituciones no son suficientes, o se queda en los círculos académicos y gremiales sin permear en toda la sociedad, que a veces permanece apática o indolente porque desconoce la importancia de la separación de poderes e ignora que en el artículo XVI de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se afirmó que “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”.
No obstante, no hay que perder la esperanza porque aún existen voluntades que defienden la constitucionalidad en los países, pero debemos insistir en la necesidad de difundir el derecho para que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos. Así en Israel, donde el gobierno ultraconservador insiste en su peligrosa reforma judicial, el día 6 de mayo los organizadores de una multitudinaria manifestación acusaron en un comunicado al primer ministro de querer transformar a Israel en una «dictadura peligrosa y mesiánica«, destacando el costo económico de la negativa del gobierno a descartar la reforma y mantener su voluntad de organizar conversaciones con la oposición, resaltando un aspecto importante: «En tanto sigan las discusiones en la residencia del presidente, no está entrando ninguna inversión en Israel y la economía se está hundiendo«.
Y en Venezuela, donde la institucionalidad brilla por su ausencia, un firme defensor del Estado de Derecho, el doctor Román J. Duque Corredor, ha recibido el Premio Valores Democráticos “Francisco José Virtuoso S.J.” 2023, galardón otorgado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, por su destacada trayectoria en el área jurídica; y es que la concesión de esa distinción a alguien que a lo largo de su vida profesional ha estado siempre al lado de la libertad y de la democracia, especialmente en lo que atiene al sistema de justicia es, además, un reconocimiento a aquellas voluntades que cuentan con integridad moral y capacidad intelectual suficientes para asumir la defensa de las instituciones democráticas frente a quienes pretenden hundir la nave de la justicia, como lo demuestran las palabras del homenajeado al recibir el premio, cuando afirmó:
“A través de la política y gobierno se hace ciudadanía pero con sentido ético. Democracia sin ética no es democracia”.