“Si Trump ganara las elecciones de 2024, es posible que sea uno de los 2,3 millones de presos que integran la población penal de Estados Unidos”, dijo Laurence Tribe, el constitucionalista y emérito profesor de la Universidad de Harvard. Este aserto despeja las dudas acerca de la probabilidad de que Donald Trump sea un candidato presidencial mientras es procesado o sentenciado a prisión. Ante la controversia, otros abogados han concurrido con el profesor Tribe, no existe norma constitucional o legal en Estados Unidos que impida a una persona sometida a un proceso penal o en prisión ser candidato presidencial. Veamos.
Este curioso, pero trepidante escenario, lo origina un principio jurídico que se remonta a la arcaica legislación del Reino Unido de la Gran Bretaña y que el prominente filósofo del derecho Hans Kelsen la encapsula en su Teoría Pura del Derecho, todo lo que no está prohibido está permitido. Un principio que señala que cualquier acción puede tomarse a menos que exista una norma legal que la impida. La gente se sigue preguntando ¿es esto posible? Los requisitos de la Constitución de Estados Unidos para postularse son: mayor de 35 años; ciudadano natural de Estados Unidos y al menos 14 años de residencia en el país. La Constitución, ni las leyes o norma alguna, impiden, prohíben o excluyen expresamente a un candidato presidencial procesado o sentenciado a prisión o exrecluso para ser elegible como candidato presidencial.
Este escenario lo contemplamos como probable en este espacio de opinión de El Nacional hace más de dos años. La apertura del proceso penal a Trump decidido el pasado jueves por la Fiscalía del Estado de Nueva York lo hace probable. Un gran jurado de Manhattan acordó por unanimidad que las evidencias acerca de la violación de normas y leyes que rigen el proceso electoral violadas por Trump ameritan un proceso penal.
Efectos políticos
La formulación de cargos es todo un acontecimiento político e histórico que sacudirá la campaña presidencial de 2024 y marcará para siempre a Donald Trump. Jamás un expresidente o presidente en funciones en la historia de este país había confrontado cargos criminales.
La dinámica que desata esta decisión puede conducir a situaciones inéditas. Una, que el Partido Republicano elija a Trump como candidato presidencial mientras es procesado o después de haber sido encontrado culpable y sentenciado a pena de prisión. La controversia que suscitará un escenario de esta naturaleza proviene del principio jurídico ya mencionado. Un sencillo ejemplo ilustra la aplicación de este principio. Cualquier conductor en Estados Unidos advierte que puede hacer cualquier maniobra con un vehículo que una señal de tránsito no se lo prohíba. Un seguimiento simple de ese principio, todo lo que no está prohibido, está permitido.
Todas estas disquisiciones legales han colocado en el tablero político una insólita respuesta a una insólita pregunta: ¿puede Donald Trump ser candidato presidencial en prisión? ¿Puede Donald Trump ser electo presidente estando en prisión? La Constitución de Estados Unidos, ni ninguna ley o norma prescribe que el sometimiento a prisión de un candidato presidencial sea un «impedimento» o una “incapacidad” para ser candidato o ser electo presidente. Esto es una cuestión ética que nunca ha sido resuelta y el caso es único, pues no hay jurisprudencia sobre el punto.
¿Se le permitiría ocupar el cargo a un recluso electo presidente? Muchas de las normas constitucionales de Estados Unidos están inspiradas en la tradición y el Derecho Común del Reino Unido en las cuales el “honor” es un elemento sustantivo en muchos de sus principios jurídicos. A ninguno de los constitucionalistas del Congreso Continental de 1776, cuando se proclamó la Declaración de Independencia de Estados Unidos en Filadelfia, se les ocurrió que deberían establecer expresamente una norma constitucional que declarara la incapacidad o el impedimento para ser candidato presidencial, a un procesado penal, un prisionero o en un exrecluso. Todo lo que no está prohibido, está permitido.
Para demócratas y oponentes de Donald Trump, una sentencia condenatoria tendría efectos devastadores para la tendencia conservadora de Estados Unidos. Para otros, especialmente los fanáticos de Trump, el proceso y su eventual condenatoria lo convertirá en un mártir, una condición que tradicionalmente la evitan por todos los medios los políticos enfrentados con un candidato con ese potencial.
En efecto, republicanos están persuadidos de que la dinámica que surgirá con el procesamiento a Trump los favorecerá y ya se ha visto que sus más intrincados enemigos y adversarios internos, dentro del partido, han optado por defenderlo a fin de evitar el martirologio, no importa cuales sean los motivos que los impulsan o los resultados.
Los demócratas lucen preparados para iniciar una ofensiva brutal contra Trump. El caso es que los problemas legales y políticos de Trump no se agotan con esta decisión de la fiscalía de Nueva York. Apenas han comenzado y esta decisión del fiscal de Nueva York, bien pudiera ser un estímulo para los otros 4 fiscales que manejan sendas investigaciones contra Trump, algunos más graves que el de la actriz porno. La investigación del Congreso y del Departamento de Justicia sobre asalto al Capitolio conduciría a otro proceso penal de Trump por los delitos de insurrección y sedición, sin contar la demanda de la escritora Jean Caroll quien reclama haber sido violada por Trump en una tienda por departamentos de Nueva York. Trump alegó inicialmente que no pudo haberla violado porque “no era su tipo de mujer”, complicando el proceso con una nueva demanda por injuria.
Nunca un presidente de Estados Unidos se había visto envuelto en tantos enredos judiciales, antes, durante y después de ejercer la primera magistratura. Las investigaciones sobre estos presuntos delitos cometidos por Donald Trump son tan variadas y en tan diversos planos que no es fácil implementar una estrategia bien articulada en su defensa para alegar, como lo hace, una inquina política y fanática de los demócratas para impedirle ganar las elecciones de 2024.
¿Y ahora qué?
La acusación contra Donald Trump es también un mensaje acerca de democracia que envía la primera potencia al mundo. Un expresidente, quien fuera el hombre con más poder en la tierra, es acusado de un delito pero será tratado por el sistema de justicia penal como cualquier otro acusado. Cuando sea detenido, a Trump se le leerán sus derechos, incluido el de permanecer en silencio, de asistirse de un abogado y que cualquier pronunciamiento de su parte puede usarse en su contra en un tribunal de justicia.
Trump será detenido. Habrá una foto policial, huellas dactilares y un papeleo como parte del proceso de registro. Se espera que Trump esté acompañado durante el proceso por sus escoltas del Servicio Secreto. La primera aparición de Trump será un evento relativamente tranquilo, con esfuerzos especiales por parte de los fiscales y la policía para protegerlo del tipo de «caminata criminal» que las autoridades a veces obligan a soportar a los acusados de delitos serios para exponerlos públicamente.
Eso significa transitar esposado entre todos los representantes de los medios de comunicación de Nueva York. Un acontecimiento mediático sin antecedentes. Algunos acusados optan por ser detenidos de esa manera con la idea de hacer una declaración sobre su arresto aprovechando la repercusión en todos los medios de comunicación presentes. El abogado de Trump, Joe Tacopina, dijo que se esperaba que el expresidente llegará a Nueva York mañana martes para la lectura de cargos.
“Se puede adelantar que será un completo circo, y me quedo corto”, predijo el historiador político Matt Dallek.
«Dudo que lo esposen. Pero entiendo que necesitará que le tomen las huellas dactilares y una foto policial».
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