Gabriel Boric y Michelle Bachelet
Ahora que la Convención Constitucional comienza a entregar los primeros resultados concretos de su propuesta, se ha instalado en la opinión pública la posibilidad real del rechazo en el plebiscito de salida. Seguramente las razones que se podrían esgrimir para fundamentar el rechazo son múltiples. Algunos invocarán la ilegitimidad de origen (la violencia) y el mal diseño de todo el proceso; otros sostendrán el carácter refundacional que le asignó la Convención Constitucional a la propuesta, la cual no rescataría nada de nuestra tradición política institucional, y otros que resultado final sería la representación de las ideas maximalistas de un grupo. También podría darse el caso de posiciones que apuntan a las perjudiciales consecuencias para el país de uno o varios artículos de la nueva carta fundamental. Así pues, sensibilidades de derecha, centro e izquierda podrían converger por distintos caminos a la idea del rechazo.
El punto central es que aún no hay claridad sobre una propuesta que aborde la posibilidad del postriunfo del rechazo, y ahora es el momento de poner a discusión algunas posibles alternativas, considerando que a estas alturas, para la mayoría de los ciudadanos (plebiscito/2020) y para gran parte de las fuerzas políticas partidarias, la actual Constitución figura desahuciada.
Por esta razón, es necesario responder qué se puede hacer en el caso de que el camino seguido hasta ahora por la Convención Constitucional no resulte, como lo visualizan los partidarios más optimistas. No es el objetivo de esta columna entrar en reproches o apuntar a culpables, solo se asume que el camino está trazado y que la posibilidad del fracaso ha ido tomando fuerza. De este modo, lo urgente es proponer en la mesa ―para su discusión― lo que se ha denominado en la opinión pública como un “plan B”.
Se trataría una alternativa que podría tener factibilidad política. Específicamente, me refiero a resucitar el proyecto de reforma constitucional que se presentó durante el gobierno de Michelle Bachelet. No es una idea original, ya que había sido sondeada en 2020, pero ante las cambiantes posibilidades y las destempladas puestas en escena de la Convención Constitucional, puede transformarse en una opción atractiva para muchos sectores políticos.
Proyecto de reforma constitucional
Esta idea no nace por considerar que este proyecto sea una pieza constitucional perfecta, ni mucho menos. Tampoco es la defensa ferviente de un devoto del gobierno de Bachelet y su legado. Son cuatro puntos que en el escenario actual hacen pensar que podría ser una opción concreta.
El primero es que la propuesta cuenta con un proceso de participación ciudadana. Se estila que todo proceso constitucional debe disponer de una etapa de consulta efectiva o simbólica para dar un sostén de legitimidad. Esta iniciativa partió en 2015 y tuvo una serie de instancias de participación que fueron procesadas y cerradas. Criticar su nivel de participación o forma me parece inoficioso, considerando que no existe un mecanismo ideal para esto. Así, pues, este proyecto posee un trabajo adelantado, en un contexto menos crispado y por conductos institucionales.
Segundo, en la lógica de reducir la incertidumbre, lo importante es que contamos con un texto que está muy bien definido. En este sentido, se supera de inmediato la incierta y peligrosa “hoja en blanco”, muy polémica en el comienzo del proceso constituyente que hoy vivimos. Independientemente de que guste o no el contenido, desde ya la ciudadanía y los diferentes actores políticos pueden discutir un escrito concreto para proponer sus mejoras y ajustes.
Además, si revisamos el documento enviado al Congreso, este deja la discusión en los márgenes de lo posible. Con esto me refiero a que, por un lado, se reconoce la tradición institucional chilena de que permanezca la mayoría de sus instituciones, lo que lo aleja completamente del aire refundacional que impera en la Convención Constitucional. Y, en algunos casos, se abordan temas ineludibles de incorporar en el contexto actual, por ejemplo, el reconocimiento de pueblos indígenas y derechos medioambientales.
Tercero, hay que tener presente que pasar esta propuesta por el Congreso tiene la ventaja de reducir la incertidumbre y de no someter a la ciudadanía a otro agotador proceso electoral de elección de convencionales. Consensuar esta Constitución en el Parlamento permitirá acogerse a una normativa procedimental ya existente y avalada por todos los actores políticos.
No volveremos a perder tiempo en la definición de nuevas reglas. Además, la distribución de las fuerzas políticas en el Congreso, luego del proceso eleccionario de noviembre, es bastante equilibrada y fruto de una elección más reposada e informada, a diferencia de lo vivido al fragor de la crisis de octubre de 2019. Asimismo, los partidos tradicionales y emergentes podrán actuar de forma mucho más coordinada en espacios que son conocidos para la negociación, por lo que se posibilita un acuerdo transversal.
En definitiva, el Congreso, por experiencia, disposición de recursos y lugar de encuentro de las sensibilidades partidarias, es el mejor espacio para acordar una salida ante el eventual rechazo.
Cuarto, su factibilidad política también está mediada por provenir del gobierno de Michelle Bachelet. Pensemos que al actual gobierno le sería menos complejo promover en el Congreso una propuesta que de alguna manera proviene de un gobierno de la “nueva mayoría”, en el que participaron comunistas, socialistas y hasta la democracia cristiana. También, al actual presidente Gabriel Boric se le vio muy cómodo con el apoyo de Bachelet en la segunda vuelta y de (casi) todas las tiendas partidarias que participaron de ese gobierno.
A su vez, sería una jugada que le permitiría a Boric firmar en el nuevo texto constitucional y tener una salida política a su gobierno, que está muy comprometido con el cambio constitucional. En definitiva, ganan algunos sectores importantes de la izquierda y, a lo menos, otros más críticos no se sentirían tan incómodos apoyando este proyecto.
Finalmente, luego de ser despachado por el Congreso se deberá realizar un plebiscito, de manera que cuente con la aprobación de la mayoría de los ciudadanos. Así, será un proceso que le dará continuidad institucional al ser levantado en democracia y canalizado por las instituciones políticas tradicionales.
Muchos cuestionaron al Congreso, pero a estas alturas considero que el Poder Legislativo, al ser una pieza clave en la historia de nuestra república, tiene la experiencia y la legitimidad suficientes para encauzar este nuevo ciclo político en Chile.
En suma, la opción del rechazo se hace más viable en la medida que ofrezca una hoja de ruta clara que zanje la incertidumbre y dé estabilidad, un camino más atractivo que sentarse a esperar una seguidilla de reformas, según la opinión de algunos, que mejoren en el futuro el texto aprobado en el plebiscito de salida.
Juan Carlos Arellano es politólogo y Director del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Doctor en Historia y Magister en Ciencia Política por la Pontifica Universidad Católica de Chile.
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